El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias considera “una aberración jurídica” y un “atropello a la inteligencia” la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece que haber nacido en el Sáhara Occidental antes de 1975 no da derecho a la nacionalidad española de origen, ya que el territorio no puede ser considerado España durante la etapa en la que fue colonia española.
El diputado Francisco Déniz ha instado este viernes al consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, durante una comisión parlamentaria a que “reclame al Ejecutivo central que estudie los cauces y las vías legales oportunas a efectos de garantizar que haber nacido en el Sáhara occidental antes de 1975 y mientras fue colonia o provincia española otorgue el derecho a obtener la nacionalidad de origen”.
“¿Cómo es posible que se otorgue la nacionalidad española a casi todos los países de Sudamérica, a muchos europeos, a muchos millonarios, incluso a los descendientes directos de los judíos sefardíes expulsados en 1492 y no a quienes nacieron en la provincia 53, que tenía hasta representantes en las Cortes?”, ha preguntado Déniz.
En este sentido, el diputado ha recordado que “hay miles de canarios que en su DNI pone que ha nacido en El Aaiun” y ha añadido que “la famosa empresa Bucráa encargada de explotar el fosfato del Sahara español era del Instituto Nacional de Industria (INI), con sus trabajadores canarios y saharauis”.
“¿Qué interés y qué ideología esconde esta sentencia del Supremo? ¿Al populismo conservador? ¿A qué viene ese empeño por tergiversar la historia, de justificar medidas políticas contra los saharuis negando la verdad? ¿A quién quieren engañar cuando incluso la ONU considera a España potencia descolonizadora?”, ha insistido.
Respecto a las políticas migratorias que deben seguirse para una eficaz gestión de los flujos migratorios, Déniz ha propuesto reforzar el sistema sanitario “porque el virus no entiende si uno es un inmigrante legal o no” y poner en marcha “convenios de trabajo regulado”.
Junto a ello, consideró necesarios “más recursos materiales y fondos al desarrollo” en los países de origen, pues los migrantes huyen de “situaciones de guerra, de miseria, de ausencia total de libertades, mucha represión, de grandes calamidades y de esclavitud”.
Al respecto, Pérez, que no ha entrado en consideraciones sobre el contenido de la sentencia, sí ha mostrado su “sorpresa” y ha confiado en que el Estado adoptará alguna solución para que “esto se corrija”, al tiempo que aseguró que va a tratar de impulsar modificaciones legislativas para procurar que no se consolide la doctrina judicial.
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