El teletrabajo es una realidad y el gobierno tiene la obligación de regularlo, ha dicho este viernes el diputado del común, Rafael Yanes, minutos antes de reunirse con representantes sindicales para hablar del esa forma de trabajo en las administraciones.
Rafael Yanes ha explicado que se ha pedido a la administración autonómica que mida la productividad, y que, en los casos en los que afecte a la calidad del servicio de forma negativa no se aplique el teletrabajo.
Ha insistido en que el teletrabajo debe evitarse en los asuntos que sea perjudicial para la calidad de los servicios, y en cuanto al número de días para su aplicación ha manifestado que hay realidades muy diversas.
Así, ha señalado Rafael Yanes, un asesoramiento jurídico interno puede hacerse en teletrabajo casi todos los días, pero si afecta a expedientes de los ciudadanos debe ser presencial. Ha añadido que un 3% de los 72.000 empleados públicos de Canarias está teletrabajando en la actualidad, cuando en la mayoría de países de la Unión Europea alcanza el 50%.
El diputado del común ha declarado que la administración tiene que evaluar qué puede afectar a la calidad de los servicios, y ha recordado que en el borrador de decreto del gobierno regional se dice que no es aplicable el teletrabajo en los ámbitos sanitario, educativo y judicial.
En nombre de UGT, CSIF, IC, SEPC, CCOO y OS ha hablado José Romero, quien ha insistido que los sindicatos lo que quieren es que las administraciones públicas regulen el teletrabajo, y ha comentado que es un mandato del estatuto básico del empleado público.
José Romero, de CSIF, ha hecho hincapié en que desde la Consejería de Turismo se potencia el teletrabajo para quienes viajen a las islas, y que en Industria se habla de las bondades de esta forma de trabajo, pero algunos, ha añadido, pretenden que no funcione en la administración.
El representante sindical ha manifestado que el objetivo del teletrabajo es el mismo que el presencial, y ha criticado que en la regulación que pretende el gobierno regional se vincula a una dirección por objetivos y a su cumplimiento.
José Romero ha dicho que la atención presencial está excluida del teletrabajo, y ha añadido que en el último texto que el gobierno regional les ha facilitado, “que no negociado”, se habla de llegar a un máximo de tres días en esa modalidad, de forma que en los primeros seis meses se haría un día, a partir de ese momento dos, y al cabo de un año de aplicación se llegaría a tres.
En cuanto a que el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, ha dicho que el teletrabajo no es un derecho, el representante sindical ha replicado que se trata de una opinión personal.