Un empresario denuncia y pide paralizar el proyecto para legalizar 37 viviendas en la urbanización Monte Carrera de Mogán
Una denuncia presentada al filo de la medianoche del domingo al lunes por Juan Manuel Pérez León, empresario del sur de Gran Canaria, pide al Ayuntamiento de Mogán la paralización cautelar e inmediata del proyecto para legalizar 37 viviendas en la exclusiva urbanización Monte Carrera, en la localidad de Arguineguín.
El denominado “Programa de Actuación sobre el Medio Urbano (PAMU) en Loma II” es una iniciativa privada que promueve la sociedad Carrera Ground Floor y que el Consistorio sureño ya tramita. El pleno municipal celebrado a finales de febrero autorizó someter el proyecto a evaluación ambiental simplificada.
Como contó recientemente este periódico, la empresa propone ceder terrenos al Ayuntamiento para incrementar las dotaciones públicas y zonas verdes en ese espacio urbano de La Loma de Arguineguín a cambio de lograr un aumento de edificabilidad de 3.120 metros cuadrados, lo que en la práctica serviría para legalizar las 37 viviendas y tres locales que se empezaron a construir sin licencia en la planta baja del complejo durante la pandemia de Covid 19.
Esas obras fueron denunciadas por los vecinos y dieron lugar a un expediente de Disciplina Urbanística en el Ayuntamiento de Mogán que concluyó en una orden de derribo que es firme en vía administrativa desde enero de 2022 pero que aún hoy, más de cuatro años después, sigue judicializada.
El empresario Juan Manuel Pérez León dirige su escrito, entre otros, a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Juntos por Mogán); el concejal de Urbanismo, Mencey Navarro, y el secretario municipal, David Chao. Además de pedir la suspensión “cautelar e inmediata” del expediente, insta a su revisión de oficio por parte de la administración para verificar la legalidad urbanística de la operación. También solicita la intervención de administraciones superiores (el área de Disciplina Territorial del Cabildo de Gran Canaria e, incluso, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias), y la depuración “de responsabilidades administrativas, contables e incluso penales”. El denunciante amenaza con llevar el caso a la Fiscalía.
En su exposición de los hechos, el escrito incide en que el proyecto pretende un incremento de la edificabilidad, la transformación de “espacios no residenciales” (la parte baja de los complejos) en 37 viviendas y, en definitiva, “un intento de regularización urbanística de situaciones ilegales previas”. El denunciante recuerda que esas obras fueron precintadas y que hay un expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, una orden de derribo que no ha sido ejecutada, lo que puede constituir “una inactividad administrativa prolongada en materia de disciplina urbanística”.
A juicio del empresario, el expediente que tramita el Ayuntamiento de Mogán puede vulnerar el principio de legalidad urbanística a través de un esquema en cuatro fases: una “actuación urbanística irregular” (las obras sin licencia en la planta baja del complejo); una “inacción administrativa durante años” (orden de derribo firme desde enero de 2022 sin ejecutar); una “consolidación de la obra” y el “intento posterior de legalización” (mediante el PAMU).
La denuncia incide en que este “patrón” puede provocar “un efecto llamada a las irregularidades urbanísticas” en el municipio. “La ley debería ser para todo el mundo igual, puesto que no pueden actuar de forma arbitraria permitiéndoles a unos una cosa y a otros no, por lo que sienta un precedente peligroso”, advierte.
Además, el denunciante habla de la “posible falta de legitimación” del promotor de la iniciativa. Y es que los terrenos ofrecidos al Ayuntamiento “podrían ser elementos comunes de la comunidad de propietarios”, tal y como han señalado los propios vecinos en otro escrito dirigido al Ayuntamiento liderado por Onalia Bueno. Pérez León remarca que no consta “acuerdo válido” de la comunidad para ceder esa superficie ni “acreditación de disponibilidad jurídica”. Además, remarca que los propietarios afectados no han sido notificados de esa iniciativa, no han sido considerados interesados y supieron del proyecto a través de los medios.
La existencia de un procedimiento judicial en curso (el recurso contra la orden administrativa firme de derribo) “refuerza la necesidad de cautela administrativa”, expone ese escrito.
El denunciante reclama la paralización inmediata del expediente, la verificación de la titularidad de los terrenos ofrecidos al Ayuntamiento, la acreditación de la legitimación de promotor, la incorporación de la comunidad de propietarios como interesada , el inicio de la revisión de oficio y su remisión al órgano consultivo autonómico. Además, insta al Cabildo de Gran Canaria (o, en su defecto, al Gobierno de Canarias) a intervenir por la “posible inactividad municipal”.
Por otra parte, reclama un informe jurídico al secretario municipal sobre la validez del expediente y un análisis de nulidad y advierte de que, en caso de que el Consistorio sureño no actúe, pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía y valorará también su traslado al Tribunal de Cuentas.