ENTREVISTA Ministra de Igualdad

Irene Montero: “Nuestra economía se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres y el Plan 'Corresponsables' busca revertir esa brecha”

Jennifer Jiménez

Las Palmas de Gran Canaria —

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Canarias se ha convertido en la primera comunidad autónoma en firmar el Plan Corresponsables, un proyecto semilla que pretende cambiar el modelo de cuidados ya que como recuerda la ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos), los sostienen las mujeres “a costa de sus vidas”. En esta comunidad, un 90% de las excedencias para cuidar las solicitaron mujeres. “Los datos por tanto revelan con claridad una enorme brecha: nuestra forma de organizar la vida y nuestra economía se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres porque la economía y la vida no sería posible si el baño no está limpio, la comida no está hecha y si los hijos e hijas no están correctamente cuidados, normalmente a cargo de mujeres”. Además, sostiene que “el Gobierno de coalición no habría sido posible sin el empuje del movimiento feminista”.

Igualdad pondrá en marcha un programa piloto con hombres para impulsar la conciliación en los centros de trabajo

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La ministra aborda en esta entrevista no solo los detalles de este plan, sino los retos en violencia machista en la semana en la que una mujer fue asesinada en Cuenca delante de sus hijos y fue denegado el indulto a María Salmerón. También el recorrido y la importancia de leyes como la conocida como “solo sí es sí”, la de trata o la ley trans. En su visita a la isla también ha hecho referencia al presunto espionaje, una cuestión que pone de manifiesto “una profunda brecha en la seguridad del Estado”, por lo que “se debe ser capaz” de depurar responsabilidades políticas “hasta el más alto nivel”. Así mismo, Montero ha hablado sobre el daño que han causado las cloacas. “Victoria Rosell pudo demostrar que era víctima de un complot entre un exministro del PP, un empresario y un juez muy importante en Canarias, pero ese acoso judicial y mediático no tiene reparación” afirma. Durante la entrevista, realizada el pasado miércoles –antes de que se conociera el resultado de las negociaciones entre las fuerzas andaluzas de izquierda– Montero afirmó que si “alguien puede construir ese frente amplio” en España es Yolanda Díaz.

Canarias es la primera comunidad en firmar el protocolo del Plan Corresponsables y precisamente es donde más mujeres que hombres solicitan permisos para cuidar y encabezan gran número de los contratos parciales. ¿Revertiremos esta situación en una región donde el empleo depende de un único sector y donde las mujeres lideran las tasas de pobreza?

Desde luego, la realidad que estás dibujando existe y lo primero es reconocerla desde las administraciones públicas porque, por desgracia, hasta ahora lo que ha pasado en nuestro país y en todo el mundo es que las mujeres se han ocupado de las tareas de cuidado, de la casa, de mantener limpios los baños, la cocina, hacer la compra, la comida, cuidar a los niños, a las personas dependientes, pero también a los familiares y seres queridos cuando lo necesitan, ya sea porque han tenido un accidente o porque se ponen enfermos, quienes asumen esos cuidados son las mujeres y lo hacen a costa de sus propias vidas y derechos. Las mujeres retrasan citas médicas para poder ocuparse del cuidado porque no tienen tiempo para ejercer su derecho a la salud, utilizan más los contratos a tiempo parcial de forma involuntaria y los datos son aterradores.

Quienes asumen esos cuidados son las mujeres y lo hacen a costa de sus propias vidas y derechos

En las excedencias para el cuidado de hijos e hijas ocurre exactamente lo mismo; en Canarias habéis llegado a un 90% de esas excedencias por cuidado de hijos e hijas ocupadas por mujeres y solo un 10% por hombres. Los datos revelan con claridad una enorme brecha: nuestra forma de organizar la vida y nuestra economía se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres porque la economía y la vida no sería posible si el baño no está limpio, la comida no está hecha y si los hijos e hijas no están correctamente cuidados, normalmente a cargo de mujeres. Por tanto, el Plan Corresponsables lo que busca es revertir esas brechas y garantizar que las mujeres tengan tiempo para vivir y ejercer sus derechos. En realidad, desde 2007 la ley en España reconoce que el derecho a conciliar es eso, un derecho, pero no había políticas públicas ni presupuesto que permitiera hacerlo efectivo. Lo que intentamos es una política semilla que va a garantizar que hay espacios públicos donde las mujeres pueden dejar a sus hijos e hijas de forma segura si tienen que ir a trabajar, pero también si tienen que ir al médico, acompañar a otro familiar a una cita médica o a un centro de mayores, por ejemplo, o tomar un café con las amigas o ir a un concierto, leer o dormir.

Es importante esto último, porque muchas veces hablamos de conciliación como una manera de poder cuidar y trabajar, pero olvidamos otros elementos como las cargas mentales o el tiempo que las mujeres restamos al ocio o la cultura. ¿Cree que estas políticas feministas ayudarán a atajar esa culpa y señalamiento sobre las mujeres?

Debería ser sobre todo si asumimos que los cuidados son tareas esenciales para vivir. Nadie puede vivir sin las tareas del hogar, sin el cuidado de los niños y niñas o nuestros familiares. Si son tareas esenciales para la vida, la economía y nuestra sociedad no puede vivir sin esas tareas, obviamente hay que repartirlas entre hombres y mujeres (porque ahora las asumen mayoritariamente las mujeres) pero también desde el Estado y desde las administraciones públicas a todos los niveles, comunidades autónomas y ayuntamientos, tenemos que ser capaces de corresponsabilizarnos de esas tareas. Igual que hay un Sistema Nacional de Salud o un Sistema Nacional de Educación, tenemos que avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados que nos permita que ese tipo de tareas no solamente se reparten más equitativamente en las familias y entre hombres y mujeres sino que el Estado también se hace corresponsable. La pata más débil de ese entramado de políticas públicas de cuidados era la conciliación y por eso el plan viene de alguna manera a garantizar que las mujeres tienen tiempo de las formas más diversas posibles. No solamente se trata de que pueda haber una biblioteca municipal, un centro cultural o una escuela fuera del ámbito lectivo donde se ofertan actividades extraescolares, también apoyar a las asociaciones de familias, de madres y padres que muchas veces son las que están organizando las actividades sin apoyo público. 

Canarias es un territorio con gran porcentaje de mujeres migrantes, donde recae gran parte de los cuidados de mayores, dependientes y niños. ¿Se han contemplado estas mujeres en la elaboración del plan?

Completamente, y ahí hay dos vertientes; la primera tiene que ver con que este plan va a empezar a llegar a las familias que más lo necesitan y las mujeres migrantes muchas veces encabezan familias monomarentales, están a cargo solas de sus hijos e hijas y a veces también de otros seres queridos y familiares. Y, después, hay otra cuestión fundamental y es que muchas veces son las mujeres migrantes, ya sean trabajadoras del hogar u otras muchas profesiones las que se ocupan de las tareas de cuidados. Otro eje de trabajo muy importante es que las personas que cuidan lo hagan con todos los derechos laborales garantizados y reconocer la trayectoria de cuidados de muchas mujeres. Esto tiene que ir acompañado de un trabajo que estamos haciendo como Gobierno para ratificar el convenio 189 de la OIT, que va a permitir dotar a las empleadas de derechos que ahora no tienen reconocidos como el desempleo. Es un punto de partida para muchas profesiones, no solo las trabajadoras del hogar, también el servicio de ayuda a domicilio y otras profesiones vinculadas a los cuidados. También el reconocimiento de enfermedades específicas derivadas de las tareas que realizan que tienen que ver con los huesos o con la sobrecarga de la espalda que necesitamos ir trabajando como administraciones públicas. En el Gobierno, en eso estamos muy comprometidos, en reconocer los derechos laborales de las personas que cuidan y que son sobre todo mujeres precarias, migrantes, en situación administrativa irregular. El Plan Corresponsables es un eje, pero no nos olvidamos que está inserto en un conjunto de políticas públicas más amplias. 

Tristemente, hacemos esta entrevista cuando se ha producido un asesinado machista en Cuenca. La víctima había denunciado y él había sido absuelto. ¿Cómo se puede lograr que las mujeres crean en las instituciones ante un caso como este? ¿Hace falta más perspectiva de género en la justicia?

Ese es el principal trabajo que tenemos que hacer como Gobierno, que todas las mujeres sepan que no están solas, que las instituciones son puertas seguras y que cada vez abrimos más puertas y más grandes para que quepan más mujeres. Un avance que estamos realizando es que no sea necesario presentar una denuncia para acceder a los derechos que tienen las víctimas de violencias machistas. Cualquier mujer que ha sufrido una agresión sexual o que es víctima de violencia de género tiene derecho a recibir asistencia psicológica y acompañamiento emocional, asesoramiento jurídico sin necesidad de presentar denuncia. El 016 ya atiende otras formas de violencias machistas, también la construcción de los centros de crisis para que haya 24 horas personal especializado para atender los derechos de esas mujeres se presenten en el momento en el que se presenten. Además, todo el trabajo que estamos haciendo de formación en el ámbito judicial y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o en el ámbito sanitario, pues muchas víctimas el único lugar que identifican como seguro no es ni siquiera el médico de cabecera sino el pediatra de sus hijos e hijas, pues es necesario que haya una formación de manera que sepan el tipo de preguntas o señales que podemos identificar para tenderles la mano. 

Todas las personas podemos hacer algo para ayudar a una mujer que ha sufrido una violencia

Cuando hacemos una campaña de punto violeta y les decimos a los comercios o sedes de partidos políticos que lo pongan en la puerta para que cualquier mujer sepa que es un lugar seguro lo que lanzamos también es un mensaje social y es que todas las personas podemos hacer algo para ayudar a una mujer que ha sufrido una violencia o que sufre una violencia sexual. Todas y todos podemos tenderles la mano y decirles que puede llamar al 016 o acudir a la asociación feminista de tu barrio, al punto de información de la mujer, al hospital… que en definitiva todo el mundo sepa que siempre puede tender la mano y  es una responsabilidad colectiva sin eludir que las administraciones tenemos una responsabilidad especial y nuestro objetivo es llegar siempre a tiempo. 

El caso de María Salmerón ha conmocionado al Ministerio de Igualdad, que no comparte la decisión de no indultar. ¿Qué cambios introdujo la Ley de Infancia en este sentido y qué alternativas le quedan?

María Salmerón con la Ley de Infancia como está ahora en vigor no habría sido condenada porque reconoce que un maltratador no puede ser un buen padre. Y, por tanto, que no podemos aplicar desde el ámbito judicial el Síndrome de Alienación Parental, el falso SAP, y que tenemos que suspender el régimen de visitas ante el mínimo indicio de maltrato. Una condena en firme es más que un indicio para entender que hay que suspender ese régimen de visitas. Pensamos que ese indulto era necesario y que el Estado tiene una obligación de proteger a esas madres protectoras que están protegiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista, de los maltratadores y, precisamente para no lamentar los asesinatos, lo que tiene que hacer el Estado es, además de garantizar el derecho a la reparación cuando esos crímenes se producen, tratar de llegar a tiempo y proteger a las que están vivas y luchando. Hay todo un trabajo que desplegamos del Ministerio en defensa de las madres protectoras que, si se revisan los casos más conocidos, muchas veces son criminalizadas fuertemente por defender a sus hijos e hijas de la violencia que están sufriendo. Por tanto, es una obligación del Estado llegar a tiempo y garantizar su protección. 

El Convenio de Estambul insta a ampliar la protección por violencia de género a las víctimas más allá de los casos que se producen en la pareja o expareja. Este año se han comenzado a contabilizar datos, ¿cómo lleva el Ministerio de Igualdad este mandato? ¿Qué otras cuestiones quedan pendientes en el marco de este convenio?

Somos un país pionero en contabilizar y tener datos disponibles sobre los asesinatos machistas, no solo los que se dan en el ámbito de la pareja o expareja, que ya llevamos casi una década contabilizándolos, sino de todos los asesinatos machistas. Empezamos este año y hemos dicho que a los seis meses podemos empezar a hacerla pública porque hay que poner en marcha todos los mecanismos de cooperación interinstitucional precisamente para garantizar que ese recuento es riguroso y nos ayuda a entender la realidad de las violencias machistas. La aprobación de la ley Solo sí es sí nos va a poder garantizar que todas las víctimas tienen y reciben todos los derechos que el convenio de Estambul dice que tienen que tener garantizados. La denuncia puede ser parte del proceso que las mujeres quieren iniciar, pero incluso si las mujeres no quieren poner denuncia tienen derecho a recibir por parte del Estado ese acompañamiento psicológico, jurídico o trabajadoras sociales que les informan de sus derechos. Quiero recordar que la Macroencuesta nos habla de que una de cada dos mujeres en nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia sexual o machista y por tanto es evidente que tenemos que desplegar cada vez más herramientas para que haya más puertas más seguras y que todas las mujeres sepan que no están solas y que las instituciones son lugares seguros. 

En algunas ocasiones planteó que el Gobierno tiene un horizonte abolicionista. ¿Tendremos Ley de Trata en este mandato? ¿Cuáles son los escollos con los que se encuentra el Ministerio de Igualdad para sacarla adelante?

Es un mandato claro del presidente del Gobierno y por tanto nosotras como Ministerio de Igualdad hemos hecho los trabajos que nos corresponden. Desde enero tenemos un borrador de esa ley para ser negociado en el Gobierno. Pensamos que esta legislatura tiene que ser decisiva para afrontar dos formas de violencia machista especialmente vulneradoras de los derechos de las mujeres como son la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual. En la Ley de Garantías de la Libertad Sexual hay algunos elementos que nos van a permitir desplegar la protección a las mujeres que son víctimas, porque esas violencias entran dentro de las violencias machistas para las que la ley prevé todos los mecanismos de atención integral y reparación. Hay dos grandes objetivos, algunos se contemplan en la ley Solo sí es sí y otros los estamos desarrollando a través de otros formatos y políticas públicas. Y por supuesto que la Ley de Trata será también un pilar muy importante de esa lucha. Los dos objetivos centrales son: la lucha contra la industria proxeneta y contra la impunidad de la industria proxeneta, que mueve unos cinco millones de euros en negro al día, es una industria que vive en la más absoluta impunidad en nuestro país y eso lo dicen los informes de la Fiscalía General del Estado. Tenemos que desplegar mecanismos efectivos desde el Código Penal y hasta la especialización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

Estamos desarrollando un plan de inserción laboral para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual

El objetivo más importante que yo creo que tenemos que desarrollar en esta legislatura junto a ese es la protección y la garantía de todos los derechos de todas las mujeres que son víctimas de esas violencias y, para eso, desde el Ministerio estamos desarrollando un plan de inserción laboral que permita que las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual o víctimas de explotación sexual, mujeres también que están en contextos de prostitución, tengan lo que ellas piden cuando hablamos con ellas, que es una oportunidad. Garantizar que pueden ejercer sus derechos: a encontrar su trabajo, tener un alojamiento seguro, que sus hijos e hijas tienen sus derechos garantizados. El plan de inserción sociolaboral es para mí un objetivo prioritario porque además va a ser una política pública pionera en Europa, que nos permita proteger los derechos de todas las mujeres y quiero recordar que muchas son mujeres migrantes, en situación administrativa irregular, y evidentemente en ese proceso de trabajo y aplicación de políticas públicas tenemos que hablar también de la Ley de Extranjería, sin duda. 

Las políticas públicas feministas son las que más consenso social y político son capaces de generar

Precisamente, en la ley de garantía de libertad sexual, la conocida como 'Solo sí es sí', los artículos que están causando más fricción son los relacionados con la explotación sexual… ¿por qué?

Nosotras estamos trabajando con un convencimiento y es que en este momento las políticas públicas feministas y las políticas contra las violencias machistas son las que más consenso social y político son capaces de generar. No por casualidad el único pacto de Estado que hemos firmado en esta legislatura como Gobierno de Coalición es la actualización y blindaje del pacto de Estado contra la violencia de género que suscribieron todas las formaciones políticas democráticas del Congreso y del Senado. Por eso ya se ha aprobado el dictamen en la fase de ponencia de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual y ahí hemos visibilizado ese amplio consenso entre las fuerzas democráticas para sacarla adelante. Para lo que trabaja el Ministerio es para que ese amplio acuerdo del pacto de Estado contra la violencia de género se pueda traducir en un acuerdo sobre dos tipos penales que nos van a permitir acabar con la industria proxeneta. 

Durante su visita a Gran Canaria también ha sido noticia esa intención del Tribunal Supremo de derogar el aborto en EEUU. ¿Estamos sufriendo un retroceso en derechos contra las libertades reproductivas y sexuales? ¿En qué punto se encuentra la reforma en España?

Los proyectos reaccionarios que muchas veces no se concretan en los partidos políticos sino en estructuras del poder judicial siempre tienen en el punto de mira los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI y, dentro de los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos. El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo condiciona muchos derechos fundamentales como el de la salud. Yo sí considero intolerable que haya tribunales en el mundo que tienen ahora mismo entre sus prioridades acabar o retroceder en derechos de las mujeres. Lo que ocurre cuando se prohíbe el derecho al aborto no es que hay menos abortos, es que hay más mujeres que arriesgan sus vidas. Creo que le toca a este Gobierno ejercer esa políticas feministas con valentía y llevamos meses negociando una reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que va a garantizar de forma efectiva el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo sino que va a ser pionera en el tratamiento de otras cuestiones como salud mental, quitar el estigma, pienso en la menopausia o en la menstruación que muchas veces vivimos desde la culpa o intimidad. Esa ley en las próximas semanas podrá pasar su primer trámite de Gobierno y estoy convencida de ello. 

El conjunto del Gobierno de coalición no habría sido posible sin el empuje del movimiento feminista

Llevamos unos años en los que el feminismo da la sensación de estar más dividido, como se evidenció en la manifestación del 8M de Madrid y otras ciudades (no es el caso de Canarias) ¿necesitamos más espacios seguros para poder debatir sobre feminismo sin la crispación de las redes sociales? 

Estoy plenamente convencida. Cuando hacemos encuentros feministas en el marco de la actividad del Ministerio para tratar diferentes temas, esta cuestión aparece como relevante, la necesidad de encontrarnos físicamente. Ahora toca recuperar espacios donde nos podamos ver, tocar, sentir y donde podamos debatir más allá de las posiciones prefijadas. No obstante, también tengo muy claro no solamente que este ministerio, seguro, sino el conjunto del Gobierno de coalición no habría sido posible sin el empuje del movimiento feminista que es un movimiento que está a la vanguardia del proceso de democratización de nuestro país. Las mujeres son en este momento las que están en primera línea diciendo que necesitamos más derechos, no solo las mujeres sino el conjunto de la sociedad, las personas LGTBI y sin ellas este Gobierno y este Ministerio no existiría sino que además hay un aval mayoritario de la ciudadanía a las políticas feministas que este Gobierno está implementando. La Ley Trans y de Derechos LGTBI es junto a la Ley de Vivienda o los ERTE de las medidas que de forma más transversal generan un amplio acuerdo social en que tienen que ser implementadas. Y, por tanto, lejos a veces de esos relatos de división, el movimiento feminista siempre ha debatido, siempre ha tenido debate y eso nunca ha impedido que las feministas tengamos una agenda común y compartida. Creo que esa agenda de unidad es la que tiene que primar reconociendo también que las feministas pensamos diferente en muchas cosas y las debatimos. 

Una de las leyes que ha causado división es la llamada Ley Trans. Pese a las críticas que ha recibido y al informe desfavorable del Poder Judicial –que también falló en contra del matrimonio homosexual–, ¿seguirá defendiendo esta ley? ¿Sigue siendo una prioridad? ¿Qué diría a quienes consideran que esta ley supone el borrado de las mujeres tal y como está redactada? 

Lo primero, la Ley Trans y de Derechos LGTBI va a ser ley. Obviamente, a mí no me ha sorprendido aunque no me gusta que el Consejo General del Poder Judicial se oponga a una ley feminista, es que lo ha hecho con todas las leyes feministas que se han desarrollado. Lo extraño hubiese sido que apoyase el desarrollo e impulso de una ley feminista. Además, no me ha gustado el retraso que han tenido, incumpliendo la propia ley porque tenía un plazo y lo ha retrasado más de tres meses y yo creo que eso también es una falta de respeto al funcionamiento de nuestros propios órganos democráticos. Lo primero que se nos exige a todas las instituciones es que cumplamos la ley. A partir de ahí, yo creo que las personas trans y LGTBI no necesitan que las instituciones cuestionemos sus derechos. La lgtbifobia está creciendo, las agresiones a personas LGTBI y particularmente a personas trans están creciendo y lo que menos necesitan las personas es que se cuestionen sus derechos desde las instituciones, al contrario, lo que tenemos que hacer es garantizar esos derechos y para eso esta ley tiene que llegar a este período de sesiones al Congreso, ese es el compromiso que hemos adquirido y que trabajamos para cumplir. Y, por supuesto, acompañaremos el debate en el Congreso para que se debata todo lo que se tiene que debatir, pero que se haga con urgencia porque esa ley tiene que garantizar todos los derechos a las personas LGTBI y particularmente a las personas trans. 

Ampliar derechos para un colectivo es bueno para nuestra democracia

Ampliar derechos para un colectivo es bueno para nuestra democracia. Si hay personas que están sufriendo por ser trans, gays, lesbianas, bisexuales, personas no binarias, si están sufriendo vulneraciones de sus derechos, les cuesta más alquilar una vivienda o encontrar un trabajo. Si esos derechos se están vulnerando, evidentemente, la única acción posible por parte de un Gobierno es hacer una ley que garantice todos sus derechos y por supuesto garantizar que todo el mundo puede ser quien es en esta sociedad sin ningún tipo de miedo ni de discriminación o estigma. La ampliación de derechos no solamente no borra a nadie, nos garantiza que esas personas tengan unos derechos que han sido vulnerados y nos hace mejores como sociedad. Y eso es lo que explica que la Ley Trans y Derechos LGTBI sea una de las que más consenso social tengan. 

Lamentablemente se siguen produciendo agresiones homófobas. Se están investigando una serie de casos. Una de las medidas anunciadas es un teléfono de atención

Sí, eso quizás no ocupe tantos titulares porque no es una ley, pero estoy particularmente orgullosa de esa política pública. Cuando Samuel [Luiz] fue asesinado, en el ministerio teníamos mucha preocupación no solamente porque todavía no estaba en vigor la Ley Trans y Derechos LGTBI, sino porque sabíamos que no bastaba, que es necesario aplicar políticas públicas. Ese teléfono, el 028, estará en funcionamiento el este verano y tiene como objetivo el acompañamiento psicológico y asesoramiento jurídico para garantizar que las personas LGTBI no solamente si sufren una agresión sino si están viviendo una vulneración de derechos tienen una puerta segura en las instituciones, que les reconoce su derecho a ser quienes son sin culpa, sin estigma, sin discriminación y sin ningún tipo de miedo.

Andalucía no se merece otros cuatro años de recortes y de privatizaciones

Me gustaría aprovechar también para preguntarle por las elecciones andaluzas. ¿Cómo afronta Podemos estos comicios? ¿Se logrará ese frente amplio de izquierdas? [Esta pregunta se formula antes de conocerse el resultado de las negociaciones entre las fuerzas andaluzas de izquierda]

Yo creo que tenemos la responsabilidad de trabajar hasta el final para que ese gran acuerdo se pueda producir. Andalucía no se merece otros cuatro años de recortes y de privatizaciones, de corrupción. Ya hemos visto lo que es el PP, es igual el viejo que el nuevo, es la corrupción y la mentira como forma de hacer política. En lo peor de la emergencia sanitaria estamos viendo no solamente el caso del Ayuntamiento de Madrid con el señor Almeida o la señora Ayuso en la comunidad de Madrid, también el caso de las mascarillas en Andalucía con Moreno Bonilla al frente. Andalucía merece un Gobierno progresista y para eso vamos a trabajar. Lo que hacemos es aportar el Podemos más fuerte y ya hemos conocido los resultados de nuestras primarias, 6.000 votos de militantes e inscritos e inscritas que avalan que aportamos toda nuestra fortaleza en esa construcción de frente amplio y yo creo que eso es a lo que nos tenemos que dedicar, a demostrar que es posible lo que siempre nos han dicho que era imposible. A mí muchas veces me han dicho que era imposible tener un Gobierno de coalición en España, que era imposible sacar adelante la Ley Trans o que eran imposibles el despliegue y desarrollo de muchas de las políticas públicas que estamos realizando. El plan Corresponsables nos parecía imposible hace tan solo dos años y ahora estamos firmando el primer protocolo en Canarias, que se pone a la cabeza de políticas públicas de conciliación. Por tanto, lo que tenemos que hacer es aportar la mayor de nuestras fortalezas para que pueda haber un Gobierno progresista en Andalucía que garantice derechos y que haga el mismo trabajo que estamos haciendo desde el Gobierno del Estado, que es ayudar desde las instituciones a ampliar las oportunidades de felicidad de las personas, a que todo el mundo pueda tener sus derechos garantizados.

Si hay alguien en este país que ha peleado por este Gobierno de coalición son los hombres y las mujeres de Podemos

¿Goza de buena salud la coalición de Gobierno?

No lo dude. El otro día la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, decía que para esta segunda mitad de la legislatura necesitamos más Gobierno y más coalición. Necesitamos que el Gobierno de coalición se rearme, seamos capaces de llevar a la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas todas las políticas que estamos implementando. Necesitamos más Gobierno y más coalición, cuidar a nuestra mayoría de investidura, a esa mayoría progresista, plurinacional y feminista que desde el Congreso y desde el Senado está haciendo posible la labor de Gobierno y que también enriquece la labor porque todas las iniciativas se debaten también en las Cortes Generales. Yo creo que sin duda, si hay alguien en este país que ha peleado por este Gobierno de coalición son los hombres y las mujeres de Podemos que dijimos desde el principio que era posible cuando todo el mundo nos decía que era imposible. Por tanto, lo que van a encontrar por parte de Podemos es aportar toda nuestra fortaleza para la estabilidad del Gobierno y para que este Gobierno de coalición sea más Gobierno y despliegue todas las políticas valientes y poderosas que le hagan ver a la gente que merece la pena tener unos representantes públicos que garantizan derechos. Lo que más frena a los reaccionarios es tener unos centros de salud en cada pueblo, centros de atención a la mujer en cada pueblo de nuestro territorio, que haya empleo estable y de calidad... Y en definitiva que somos un Gobierno capaces de garantizar derechos incluso en las situaciones más difíciles. Somos vecinos y vecinas que tenemos una responsabilidad en el Gobierno durante un tiempo, pero que nunca perdemos de vista de dónde venimos y cuál es nuestro objetivo.

¿Y confía en ese frente amplio de cara a las próximas elecciones en torno a la figura de Yolanda Díaz? ¿Irene Montero irá en ese frente?

Yo creo que Yolanda Díaz es la que puede conseguir conformar ese frente amplio y es la mejor candidata disponible para nosotras. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es trabajar desde las responsabilidades que tenemos cada militante, pues yo también soy una militante que ahora mismo le toca ocupar la posición de ministra de Igualdad y ser parte del Gobierno, pero cada militante en los Gobiernos autonómicos, en los municipales. Tenemos que ser capaces de aportar toda nuestra fortaleza y nuestra capacidad de gestión, nuestra capacidad de negociación, de despliegue de políticas públicas para también aportarle a Yolanda Díaz toda la fortaleza de Podemos en ese frente amplio y por supuesto que en quien confío es en la sociedad española que va a ser capaz de entender que España no necesita proyectos reaccionarios, lo que necesita son gobiernos progresistas que garanticen derechos.

En el caso de Alberto estamos hablando de un atropello democrático sin precedentes en la historia de nuestro país

Podemos Canarias ha perdido sus escaños en el Congreso, por dos causas totalmente diferentes. ¿Qué lectura hace de ambas situaciones, del caso de Alberto Rodríguez y de Meri Pita?

Son casos muy diferentes. En un caso hablamos de transfuguismo y creo que en eso la sociedad española y la sociedad canaria lo penaliza de una forma muy contundente, hablemos del partido que hablemos. En política hay que ser sobre todo honesto y el transfuguismo es una práctica corrupta que creo que la sociedad y los canarios y canarias penalizan. En el caso de Alberto Rodríguez estamos hablando de un atropello democrático sin precedentes en la historia de nuestro país y por eso siempre ha tenido el respaldo de la dirección de Podemos, de las militancias y de todo el mundo que es demócrata y que sabe que lo que se ha producido aquí es un atropello sin precedentes. A partir de aquí, tenemos que trabajar para que todo aquello que votaron los canarios y canarias que confiaron en las últimas elecciones en Unidas Podemos puedan ver también su voz representada a pesar de estas circunstancias, pero sin olvidarnos nunca de que contra Unidas Podemos ya parece que sigue valiendo todo y yo creo que eso también para la calidad de nuestra democracia es una reflexión que debemos hacer. Eso es una cuestión que hay que dejar encima de la mesa porque lo que está en juego no es el escaño de Alberto, o la vida de Alberto o Unidas Podemos (que por supuesto que sufrimos ese acoso judicial y mediático por defender ideas que los sectores reaccionarios de este país creen que no es legítimo que podamos defender), sino que lo que está en juego es la calidad de nuestra democracia. Y tenemos que ser capaces de cuidar nuestra democracia. 

Rosell pudo demostrar que era víctima de un complot entre un exministro del PP, un empresario y un juez muy importante en Canarias

El caso de Alberto Rodríguez no es el único, usted por ejemplo también ha sido víctima de las cloacas, campañas de difamación… ¿Cómo se sobrelleva esta situación? 

Tienen un caso muy cercano que es el de Victoria Rosell que es también la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y yo recuerdo cuando tuvo que dimitir de su escaño como diputada, recuerdo la campaña mediática que se desplegó contra ella. Apareció en las portadas de los principales periódicos nacionales, hubo horas y horas de tertulia cuestionando a Rosell por ser diputada de Unidas Podemos y eso no se ha reparado, ese daño no se ha reparado. Victoria Rosell tuvo que abandonar su escaño y emprender un proceso judicial durísimo para ella y pudo demostrar que era víctima de un complot entre un exministro del PP, un empresario y un juez muy importante en Canarias, para atacarla a ella, para destruirla personalmente, no solamente para destruir las posibilidades de que fuese representante de los canarios y canarias sino para destruirla personalmente.

Ese acoso judicial y mediático no tiene reparación, ni siquiera cuando te dan la razón en los tribunales porque nadie repara las horas de tertulia y las portadas de periódicos que después no se han producido para decir: mentimos, pusimos en duda el testimonio de esta mujer y al final ha conseguido demostrar que las cloacas operaron contra ella para intentar destruirla personalmente. Eso ha pasado con muchos dirigentes de Podemos y yo creo que eso es algo que a la sociedad le tiene que remover porque al final hablamos de las costuras de nuestra democracia y al final la base de que podamos vivir en democracia es precisamente esa, que de una vez por todas también los reaccionarios en nuestro país se enteren de que podemos pensar como pensamos y tenemos derecho de que nos voten y la ciudadanía tiene derecho a votar a diferentes opciones políticas y que ocupemos todos los espacios de poder que legítimamente la ciudadanía diga que tenemos que ocupar.

Durante muchos años el principal objetivo de los reaccionarios de este país fue evitar que hubiese un gobierno de coalición y fue evitar que Unidas Podemos y particularmente Podemos entrase a gobernar y ahora lo que tenemos que demostrar es que esto no ha sido una anécdota en la historia de nuestro país, que Podemos es ya una fuerza de Gobierno y que siempre que la ciudadanía nos dé sus votos y confíe en nosotras, en Canarias, en los municipios y también en el Estado vamos a estar ahí para ocupar las posiciones de poder que la ciudadanía quiera que ocupemos y eso es la base del funcionamiento de la democracia y tenemos que ser capaces de demostrarles a los reaccionarios que no nos van a intimidar, ni con las cloacas del Estado ni con sus abusos mediáticos judiciales y nosotras vamos a seguir aquí porque lo que estamos haciendo es defender la democracia, la justicia social, el feminismo y un proyecto colectivo que tiene pleno derecho para existir en una sociedad democrática. 

Canarias se ha convertido en la primera comunidad autónoma en firmar el Plan Corresponsables, un proyecto semilla que pretende cambiar el modelo de cuidados ya que como recuerda la ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos), los sostienen las mujeres “a costa de sus vidas”. En esta comunidad, un 90% de las excedencias para cuidar las solicitaron mujeres. “Los datos por tanto revelan con claridad una enorme brecha: nuestra forma de organizar la vida y nuestra economía se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres porque la economía y la vida no sería posible si el baño no está limpio, la comida no está hecha y si los hijos e hijas no están correctamente cuidados, normalmente a cargo de mujeres”. Además, sostiene que “el Gobierno de coalición no habría sido posible sin el empuje del movimiento feminista”.

Igualdad pondrá en marcha un programa piloto con hombres para impulsar la conciliación en los centros de trabajo

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La ministra aborda en esta entrevista no solo los detalles de este plan, sino los retos en violencia machista en la semana en la que una mujer fue asesinada en Cuenca delante de sus hijos y fue denegado el indulto a María Salmerón. También el recorrido y la importancia de leyes como la conocida como “solo sí es sí”, la de trata o la ley trans. En su visita a la isla también ha hecho referencia al presunto espionaje, una cuestión que pone de manifiesto “una profunda brecha en la seguridad del Estado”, por lo que “se debe ser capaz” de depurar responsabilidades políticas “hasta el más alto nivel”. Así mismo, Montero ha hablado sobre el daño que han causado las cloacas. “Victoria Rosell pudo demostrar que era víctima de un complot entre un exministro del PP, un empresario y un juez muy importante en Canarias, pero ese acoso judicial y mediático no tiene reparación” afirma. Durante la entrevista, realizada el pasado miércoles –antes de que se conociera el resultado de las negociaciones entre las fuerzas andaluzas de izquierda– Montero afirmó que si “alguien puede construir ese frente amplio” en España es Yolanda Díaz.

Canarias es la primera comunidad en firmar el protocolo del Plan Corresponsables y precisamente es donde más mujeres que hombres solicitan permisos para cuidar y encabezan gran número de los contratos parciales. ¿Revertiremos esta situación en una región donde el empleo depende de un único sector y donde las mujeres lideran las tasas de pobreza?

Desde luego, la realidad que estás dibujando existe y lo primero es reconocerla desde las administraciones públicas porque, por desgracia, hasta ahora lo que ha pasado en nuestro país y en todo el mundo es que las mujeres se han ocupado de las tareas de cuidado, de la casa, de mantener limpios los baños, la cocina, hacer la compra, la comida, cuidar a los niños, a las personas dependientes, pero también a los familiares y seres queridos cuando lo necesitan, ya sea porque han tenido un accidente o porque se ponen enfermos, quienes asumen esos cuidados son las mujeres y lo hacen a costa de sus propias vidas y derechos. Las mujeres retrasan citas médicas para poder ocuparse del cuidado porque no tienen tiempo para ejercer su derecho a la salud, utilizan más los contratos a tiempo parcial de forma involuntaria y los datos son aterradores.

Quienes asumen esos cuidados son las mujeres y lo hacen a costa de sus propias vidas y derechos

En las excedencias para el cuidado de hijos e hijas ocurre exactamente lo mismo; en Canarias habéis llegado a un 90% de esas excedencias por cuidado de hijos e hijas ocupadas por mujeres y solo un 10% por hombres. Los datos revelan con claridad una enorme brecha: nuestra forma de organizar la vida y nuestra economía se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres porque la economía y la vida no sería posible si el baño no está limpio, la comida no está hecha y si los hijos e hijas no están correctamente cuidados, normalmente a cargo de mujeres. Por tanto, el Plan Corresponsables lo que busca es revertir esas brechas y garantizar que las mujeres tengan tiempo para vivir y ejercer sus derechos. En realidad, desde 2007 la ley en España reconoce que el derecho a conciliar es eso, un derecho, pero no había políticas públicas ni presupuesto que permitiera hacerlo efectivo. Lo que intentamos es una política semilla que va a garantizar que hay espacios públicos donde las mujeres pueden dejar a sus hijos e hijas de forma segura si tienen que ir a trabajar, pero también si tienen que ir al médico, acompañar a otro familiar a una cita médica o a un centro de mayores, por ejemplo, o tomar un café con las amigas o ir a un concierto, leer o dormir.

Es importante esto último, porque muchas veces hablamos de conciliación como una manera de poder cuidar y trabajar, pero olvidamos otros elementos como las cargas mentales o el tiempo que las mujeres restamos al ocio o la cultura. ¿Cree que estas políticas feministas ayudarán a atajar esa culpa y señalamiento sobre las mujeres?

Debería ser sobre todo si asumimos que los cuidados son tareas esenciales para vivir. Nadie puede vivir sin las tareas del hogar, sin el cuidado de los niños y niñas o nuestros familiares. Si son tareas esenciales para la vida, la economía y nuestra sociedad no puede vivir sin esas tareas, obviamente hay que repartirlas entre hombres y mujeres (porque ahora las asumen mayoritariamente las mujeres) pero también desde el Estado y desde las administraciones públicas a todos los niveles, comunidades autónomas y ayuntamientos, tenemos que ser capaces de corresponsabilizarnos de esas tareas. Igual que hay un Sistema Nacional de Salud o un Sistema Nacional de Educación, tenemos que avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados que nos permita que ese tipo de tareas no solamente se reparten más equitativamente en las familias y entre hombres y mujeres sino que el Estado también se hace corresponsable. La pata más débil de ese entramado de políticas públicas de cuidados era la conciliación y por eso el plan viene de alguna manera a garantizar que las mujeres tienen tiempo de las formas más diversas posibles. No solamente se trata de que pueda haber una biblioteca municipal, un centro cultural o una escuela fuera del ámbito lectivo donde se ofertan actividades extraescolares, también apoyar a las asociaciones de familias, de madres y padres que muchas veces son las que están organizando las actividades sin apoyo público. 

Canarias es un territorio con gran porcentaje de mujeres migrantes, donde recae gran parte de los cuidados de mayores, dependientes y niños. ¿Se han contemplado estas mujeres en la elaboración del plan?

Completamente, y ahí hay dos vertientes; la primera tiene que ver con que este plan va a empezar a llegar a las familias que más lo necesitan y las mujeres migrantes muchas veces encabezan familias monomarentales, están a cargo solas de sus hijos e hijas y a veces también de otros seres queridos y familiares. Y, después, hay otra cuestión fundamental y es que muchas veces son las mujeres migrantes, ya sean trabajadoras del hogar u otras muchas profesiones las que se ocupan de las tareas de cuidados. Otro eje de trabajo muy importante es que las personas que cuidan lo hagan con todos los derechos laborales garantizados y reconocer la trayectoria de cuidados de muchas mujeres. Esto tiene que ir acompañado de un trabajo que estamos haciendo como Gobierno para ratificar el convenio 189 de la OIT, que va a permitir dotar a las empleadas de derechos que ahora no tienen reconocidos como el desempleo. Es un punto de partida para muchas profesiones, no solo las trabajadoras del hogar, también el servicio de ayuda a domicilio y otras profesiones vinculadas a los cuidados. También el reconocimiento de enfermedades específicas derivadas de las tareas que realizan que tienen que ver con los huesos o con la sobrecarga de la espalda que necesitamos ir trabajando como administraciones públicas. En el Gobierno, en eso estamos muy comprometidos, en reconocer los derechos laborales de las personas que cuidan y que son sobre todo mujeres precarias, migrantes, en situación administrativa irregular. El Plan Corresponsables es un eje, pero no nos olvidamos que está inserto en un conjunto de políticas públicas más amplias. 

Tristemente, hacemos esta entrevista cuando se ha producido un asesinado machista en Cuenca. La víctima había denunciado y él había sido absuelto. ¿Cómo se puede lograr que las mujeres crean en las instituciones ante un caso como este? ¿Hace falta más perspectiva de género en la justicia?

Ese es el principal trabajo que tenemos que hacer como Gobierno, que todas las mujeres sepan que no están solas, que las instituciones son puertas seguras y que cada vez abrimos más puertas y más grandes para que quepan más mujeres. Un avance que estamos realizando es que no sea necesario presentar una denuncia para acceder a los derechos que tienen las víctimas de violencias machistas. Cualquier mujer que ha sufrido una agresión sexual o que es víctima de violencia de género tiene derecho a recibir asistencia psicológica y acompañamiento emocional, asesoramiento jurídico sin necesidad de presentar denuncia. El 016 ya atiende otras formas de violencias machistas, también la construcción de los centros de crisis para que haya 24 horas personal especializado para atender los derechos de esas mujeres se presenten en el momento en el que se presenten. Además, todo el trabajo que estamos haciendo de formación en el ámbito judicial y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o en el ámbito sanitario, pues muchas víctimas el único lugar que identifican como seguro no es ni siquiera el médico de cabecera sino el pediatra de sus hijos e hijas, pues es necesario que haya una formación de manera que sepan el tipo de preguntas o señales que podemos identificar para tenderles la mano. 

Todas las personas podemos hacer algo para ayudar a una mujer que ha sufrido una violencia

Cuando hacemos una campaña de punto violeta y les decimos a los comercios o sedes de partidos políticos que lo pongan en la puerta para que cualquier mujer sepa que es un lugar seguro lo que lanzamos también es un mensaje social y es que todas las personas podemos hacer algo para ayudar a una mujer que ha sufrido una violencia o que sufre una violencia sexual. Todas y todos podemos tenderles la mano y decirles que puede llamar al 016 o acudir a la asociación feminista de tu barrio, al punto de información de la mujer, al hospital… que en definitiva todo el mundo sepa que siempre puede tender la mano y  es una responsabilidad colectiva sin eludir que las administraciones tenemos una responsabilidad especial y nuestro objetivo es llegar siempre a tiempo. 

El caso de María Salmerón ha conmocionado al Ministerio de Igualdad, que no comparte la decisión de no indultar. ¿Qué cambios introdujo la Ley de Infancia en este sentido y qué alternativas le quedan?

María Salmerón con la Ley de Infancia como está ahora en vigor no habría sido condenada porque reconoce que un maltratador no puede ser un buen padre. Y, por tanto, que no podemos aplicar desde el ámbito judicial el Síndrome de Alienación Parental, el falso SAP, y que tenemos que suspender el régimen de visitas ante el mínimo indicio de maltrato. Una condena en firme es más que un indicio para entender que hay que suspender ese régimen de visitas. Pensamos que ese indulto era necesario y que el Estado tiene una obligación de proteger a esas madres protectoras que están protegiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista, de los maltratadores y, precisamente para no lamentar los asesinatos, lo que tiene que hacer el Estado es, además de garantizar el derecho a la reparación cuando esos crímenes se producen, tratar de llegar a tiempo y proteger a las que están vivas y luchando. Hay todo un trabajo que desplegamos del Ministerio en defensa de las madres protectoras que, si se revisan los casos más conocidos, muchas veces son criminalizadas fuertemente por defender a sus hijos e hijas de la violencia que están sufriendo. Por tanto, es una obligación del Estado llegar a tiempo y garantizar su protección. 

El Convenio de Estambul insta a ampliar la protección por violencia de género a las víctimas más allá de los casos que se producen en la pareja o expareja. Este año se han comenzado a contabilizar datos, ¿cómo lleva el Ministerio de Igualdad este mandato? ¿Qué otras cuestiones quedan pendientes en el marco de este convenio?

Somos un país pionero en contabilizar y tener datos disponibles sobre los asesinatos machistas, no solo los que se dan en el ámbito de la pareja o expareja, que ya llevamos casi una década contabilizándolos, sino de todos los asesinatos machistas. Empezamos este año y hemos dicho que a los seis meses podemos empezar a hacerla pública porque hay que poner en marcha todos los mecanismos de cooperación interinstitucional precisamente para garantizar que ese recuento es riguroso y nos ayuda a entender la realidad de las violencias machistas. La aprobación de la ley Solo sí es sí nos va a poder garantizar que todas las víctimas tienen y reciben todos los derechos que el convenio de Estambul dice que tienen que tener garantizados. La denuncia puede ser parte del proceso que las mujeres quieren iniciar, pero incluso si las mujeres no quieren poner denuncia tienen derecho a recibir por parte del Estado ese acompañamiento psicológico, jurídico o trabajadoras sociales que les informan de sus derechos. Quiero recordar que la Macroencuesta nos habla de que una de cada dos mujeres en nuestro país ha sufrido algún tipo de violencia sexual o machista y por tanto es evidente que tenemos que desplegar cada vez más herramientas para que haya más puertas más seguras y que todas las mujeres sepan que no están solas y que las instituciones son lugares seguros. 

En algunas ocasiones planteó que el Gobierno tiene un horizonte abolicionista. ¿Tendremos Ley de Trata en este mandato? ¿Cuáles son los escollos con los que se encuentra el Ministerio de Igualdad para sacarla adelante?

Es un mandato claro del presidente del Gobierno y por tanto nosotras como Ministerio de Igualdad hemos hecho los trabajos que nos corresponden. Desde enero tenemos un borrador de esa ley para ser negociado en el Gobierno. Pensamos que esta legislatura tiene que ser decisiva para afrontar dos formas de violencia machista especialmente vulneradoras de los derechos de las mujeres como son la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual. En la Ley de Garantías de la Libertad Sexual hay algunos elementos que nos van a permitir desplegar la protección a las mujeres que son víctimas, porque esas violencias entran dentro de las violencias machistas para las que la ley prevé todos los mecanismos de atención integral y reparación. Hay dos grandes objetivos, algunos se contemplan en la ley Solo sí es sí y otros los estamos desarrollando a través de otros formatos y políticas públicas. Y por supuesto que la Ley de Trata será también un pilar muy importante de esa lucha. Los dos objetivos centrales son: la lucha contra la industria proxeneta y contra la impunidad de la industria proxeneta, que mueve unos cinco millones de euros en negro al día, es una industria que vive en la más absoluta impunidad en nuestro país y eso lo dicen los informes de la Fiscalía General del Estado. Tenemos que desplegar mecanismos efectivos desde el Código Penal y hasta la especialización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

Estamos desarrollando un plan de inserción laboral para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual

El objetivo más importante que yo creo que tenemos que desarrollar en esta legislatura junto a ese es la protección y la garantía de todos los derechos de todas las mujeres que son víctimas de esas violencias y, para eso, desde el Ministerio estamos desarrollando un plan de inserción laboral que permita que las mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual o víctimas de explotación sexual, mujeres también que están en contextos de prostitución, tengan lo que ellas piden cuando hablamos con ellas, que es una oportunidad. Garantizar que pueden ejercer sus derechos: a encontrar su trabajo, tener un alojamiento seguro, que sus hijos e hijas tienen sus derechos garantizados. El plan de inserción sociolaboral es para mí un objetivo prioritario porque además va a ser una política pública pionera en Europa, que nos permita proteger los derechos de todas las mujeres y quiero recordar que muchas son mujeres migrantes, en situación administrativa irregular, y evidentemente en ese proceso de trabajo y aplicación de políticas públicas tenemos que hablar también de la Ley de Extranjería, sin duda. 

Las políticas públicas feministas son las que más consenso social y político son capaces de generar

Precisamente, en la ley de garantía de libertad sexual, la conocida como 'Solo sí es sí', los artículos que están causando más fricción son los relacionados con la explotación sexual… ¿por qué?

Nosotras estamos trabajando con un convencimiento y es que en este momento las políticas públicas feministas y las políticas contra las violencias machistas son las que más consenso social y político son capaces de generar. No por casualidad el único pacto de Estado que hemos firmado en esta legislatura como Gobierno de Coalición es la actualización y blindaje del pacto de Estado contra la violencia de género que suscribieron todas las formaciones políticas democráticas del Congreso y del Senado. Por eso ya se ha aprobado el dictamen en la fase de ponencia de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual y ahí hemos visibilizado ese amplio consenso entre las fuerzas democráticas para sacarla adelante. Para lo que trabaja el Ministerio es para que ese amplio acuerdo del pacto de Estado contra la violencia de género se pueda traducir en un acuerdo sobre dos tipos penales que nos van a permitir acabar con la industria proxeneta. 

Durante su visita a Gran Canaria también ha sido noticia esa intención del Tribunal Supremo de derogar el aborto en EEUU. ¿Estamos sufriendo un retroceso en derechos contra las libertades reproductivas y sexuales? ¿En qué punto se encuentra la reforma en España?

Los proyectos reaccionarios que muchas veces no se concretan en los partidos políticos sino en estructuras del poder judicial siempre tienen en el punto de mira los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI y, dentro de los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos. El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo condiciona muchos derechos fundamentales como el de la salud. Yo sí considero intolerable que haya tribunales en el mundo que tienen ahora mismo entre sus prioridades acabar o retroceder en derechos de las mujeres. Lo que ocurre cuando se prohíbe el derecho al aborto no es que hay menos abortos, es que hay más mujeres que arriesgan sus vidas. Creo que le toca a este Gobierno ejercer esa políticas feministas con valentía y llevamos meses negociando una reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que va a garantizar de forma efectiva el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo sino que va a ser pionera en el tratamiento de otras cuestiones como salud mental, quitar el estigma, pienso en la menopausia o en la menstruación que muchas veces vivimos desde la culpa o intimidad. Esa ley en las próximas semanas podrá pasar su primer trámite de Gobierno y estoy convencida de ello. 

El conjunto del Gobierno de coalición no habría sido posible sin el empuje del movimiento feminista

Llevamos unos años en los que el feminismo da la sensación de estar más dividido, como se evidenció en la manifestación del 8M de Madrid y otras ciudades (no es el caso de Canarias) ¿necesitamos más espacios seguros para poder debatir sobre feminismo sin la crispación de las redes sociales? 

Estoy plenamente convencida. Cuando hacemos encuentros feministas en el marco de la actividad del Ministerio para tratar diferentes temas, esta cuestión aparece como relevante, la necesidad de encontrarnos físicamente. Ahora toca recuperar espacios donde nos podamos ver, tocar, sentir y donde podamos debatir más allá de las posiciones prefijadas. No obstante, también tengo muy claro no solamente que este ministerio, seguro, sino el conjunto del Gobierno de coalición no habría sido posible sin el empuje del movimiento feminista que es un movimiento que está a la vanguardia del proceso de democratización de nuestro país. Las mujeres son en este momento las que están en primera línea diciendo que necesitamos más derechos, no solo las mujeres sino el conjunto de la sociedad, las personas LGTBI y sin ellas este Gobierno y este Ministerio no existiría sino que además hay un aval mayoritario de la ciudadanía a las políticas feministas que este Gobierno está implementando. La Ley Trans y de Derechos LGTBI es junto a la Ley de Vivienda o los ERTE de las medidas que de forma más transversal generan un amplio acuerdo social en que tienen que ser implementadas. Y, por tanto, lejos a veces de esos relatos de división, el movimiento feminista siempre ha debatido, siempre ha tenido debate y eso nunca ha impedido que las feministas tengamos una agenda común y compartida. Creo que esa agenda de unidad es la que tiene que primar reconociendo también que las feministas pensamos diferente en muchas cosas y las debatimos. 

Una de las leyes que ha causado división es la llamada Ley Trans. Pese a las críticas que ha recibido y al informe desfavorable del Poder Judicial –que también falló en contra del matrimonio homosexual–, ¿seguirá defendiendo esta ley? ¿Sigue siendo una prioridad? ¿Qué diría a quienes consideran que esta ley supone el borrado de las mujeres tal y como está redactada? 

Lo primero, la Ley Trans y de Derechos LGTBI va a ser ley. Obviamente, a mí no me ha sorprendido aunque no me gusta que el Consejo General del Poder Judicial se oponga a una ley feminista, es que lo ha hecho con todas las leyes feministas que se han desarrollado. Lo extraño hubiese sido que apoyase el desarrollo e impulso de una ley feminista. Además, no me ha gustado el retraso que han tenido, incumpliendo la propia ley porque tenía un plazo y lo ha retrasado más de tres meses y yo creo que eso también es una falta de respeto al funcionamiento de nuestros propios órganos democráticos. Lo primero que se nos exige a todas las instituciones es que cumplamos la ley. A partir de ahí, yo creo que las personas trans y LGTBI no necesitan que las instituciones cuestionemos sus derechos. La lgtbifobia está creciendo, las agresiones a personas LGTBI y particularmente a personas trans están creciendo y lo que menos necesitan las personas es que se cuestionen sus derechos desde las instituciones, al contrario, lo que tenemos que hacer es garantizar esos derechos y para eso esta ley tiene que llegar a este período de sesiones al Congreso, ese es el compromiso que hemos adquirido y que trabajamos para cumplir. Y, por supuesto, acompañaremos el debate en el Congreso para que se debata todo lo que se tiene que debatir, pero que se haga con urgencia porque esa ley tiene que garantizar todos los derechos a las personas LGTBI y particularmente a las personas trans. 

Ampliar derechos para un colectivo es bueno para nuestra democracia

Ampliar derechos para un colectivo es bueno para nuestra democracia. Si hay personas que están sufriendo por ser trans, gays, lesbianas, bisexuales, personas no binarias, si están sufriendo vulneraciones de sus derechos, les cuesta más alquilar una vivienda o encontrar un trabajo. Si esos derechos se están vulnerando, evidentemente, la única acción posible por parte de un Gobierno es hacer una ley que garantice todos sus derechos y por supuesto garantizar que todo el mundo puede ser quien es en esta sociedad sin ningún tipo de miedo ni de discriminación o estigma. La ampliación de derechos no solamente no borra a nadie, nos garantiza que esas personas tengan unos derechos que han sido vulnerados y nos hace mejores como sociedad. Y eso es lo que explica que la Ley Trans y Derechos LGTBI sea una de las que más consenso social tengan. 

Lamentablemente se siguen produciendo agresiones homófobas. Se están investigando una serie de casos. Una de las medidas anunciadas es un teléfono de atención

Sí, eso quizás no ocupe tantos titulares porque no es una ley, pero estoy particularmente orgullosa de esa política pública. Cuando Samuel [Luiz] fue asesinado, en el ministerio teníamos mucha preocupación no solamente porque todavía no estaba en vigor la Ley Trans y Derechos LGTBI, sino porque sabíamos que no bastaba, que es necesario aplicar políticas públicas. Ese teléfono, el 028, estará en funcionamiento el este verano y tiene como objetivo el acompañamiento psicológico y asesoramiento jurídico para garantizar que las personas LGTBI no solamente si sufren una agresión sino si están viviendo una vulneración de derechos tienen una puerta segura en las instituciones, que les reconoce su derecho a ser quienes son sin culpa, sin estigma, sin discriminación y sin ningún tipo de miedo.

Andalucía no se merece otros cuatro años de recortes y de privatizaciones

Me gustaría aprovechar también para preguntarle por las elecciones andaluzas. ¿Cómo afronta Podemos estos comicios? ¿Se logrará ese frente amplio de izquierdas? [Esta pregunta se formula antes de conocerse el resultado de las negociaciones entre las fuerzas andaluzas de izquierda]

Yo creo que tenemos la responsabilidad de trabajar hasta el final para que ese gran acuerdo se pueda producir. Andalucía no se merece otros cuatro años de recortes y de privatizaciones, de corrupción. Ya hemos visto lo que es el PP, es igual el viejo que el nuevo, es la corrupción y la mentira como forma de hacer política. En lo peor de la emergencia sanitaria estamos viendo no solamente el caso del Ayuntamiento de Madrid con el señor Almeida o la señora Ayuso en la comunidad de Madrid, también el caso de las mascarillas en Andalucía con Moreno Bonilla al frente. Andalucía merece un Gobierno progresista y para eso vamos a trabajar. Lo que hacemos es aportar el Podemos más fuerte y ya hemos conocido los resultados de nuestras primarias, 6.000 votos de militantes e inscritos e inscritas que avalan que aportamos toda nuestra fortaleza en esa construcción de frente amplio y yo creo que eso es a lo que nos tenemos que dedicar, a demostrar que es posible lo que siempre nos han dicho que era imposible. A mí muchas veces me han dicho que era imposible tener un Gobierno de coalición en España, que era imposible sacar adelante la Ley Trans o que eran imposibles el despliegue y desarrollo de muchas de las políticas públicas que estamos realizando. El plan Corresponsables nos parecía imposible hace tan solo dos años y ahora estamos firmando el primer protocolo en Canarias, que se pone a la cabeza de políticas públicas de conciliación. Por tanto, lo que tenemos que hacer es aportar la mayor de nuestras fortalezas para que pueda haber un Gobierno progresista en Andalucía que garantice derechos y que haga el mismo trabajo que estamos haciendo desde el Gobierno del Estado, que es ayudar desde las instituciones a ampliar las oportunidades de felicidad de las personas, a que todo el mundo pueda tener sus derechos garantizados.

Si hay alguien en este país que ha peleado por este Gobierno de coalición son los hombres y las mujeres de Podemos

¿Goza de buena salud la coalición de Gobierno?

No lo dude. El otro día la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, decía que para esta segunda mitad de la legislatura necesitamos más Gobierno y más coalición. Necesitamos que el Gobierno de coalición se rearme, seamos capaces de llevar a la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas todas las políticas que estamos implementando. Necesitamos más Gobierno y más coalición, cuidar a nuestra mayoría de investidura, a esa mayoría progresista, plurinacional y feminista que desde el Congreso y desde el Senado está haciendo posible la labor de Gobierno y que también enriquece la labor porque todas las iniciativas se debaten también en las Cortes Generales. Yo creo que sin duda, si hay alguien en este país que ha peleado por este Gobierno de coalición son los hombres y las mujeres de Podemos que dijimos desde el principio que era posible cuando todo el mundo nos decía que era imposible. Por tanto, lo que van a encontrar por parte de Podemos es aportar toda nuestra fortaleza para la estabilidad del Gobierno y para que este Gobierno de coalición sea más Gobierno y despliegue todas las políticas valientes y poderosas que le hagan ver a la gente que merece la pena tener unos representantes públicos que garantizan derechos. Lo que más frena a los reaccionarios es tener unos centros de salud en cada pueblo, centros de atención a la mujer en cada pueblo de nuestro territorio, que haya empleo estable y de calidad... Y en definitiva que somos un Gobierno capaces de garantizar derechos incluso en las situaciones más difíciles. Somos vecinos y vecinas que tenemos una responsabilidad en el Gobierno durante un tiempo, pero que nunca perdemos de vista de dónde venimos y cuál es nuestro objetivo.

¿Y confía en ese frente amplio de cara a las próximas elecciones en torno a la figura de Yolanda Díaz? ¿Irene Montero irá en ese frente?

Yo creo que Yolanda Díaz es la que puede conseguir conformar ese frente amplio y es la mejor candidata disponible para nosotras. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es trabajar desde las responsabilidades que tenemos cada militante, pues yo también soy una militante que ahora mismo le toca ocupar la posición de ministra de Igualdad y ser parte del Gobierno, pero cada militante en los Gobiernos autonómicos, en los municipales. Tenemos que ser capaces de aportar toda nuestra fortaleza y nuestra capacidad de gestión, nuestra capacidad de negociación, de despliegue de políticas públicas para también aportarle a Yolanda Díaz toda la fortaleza de Podemos en ese frente amplio y por supuesto que en quien confío es en la sociedad española que va a ser capaz de entender que España no necesita proyectos reaccionarios, lo que necesita son gobiernos progresistas que garanticen derechos.

En el caso de Alberto estamos hablando de un atropello democrático sin precedentes en la historia de nuestro país

Podemos Canarias ha perdido sus escaños en el Congreso, por dos causas totalmente diferentes. ¿Qué lectura hace de ambas situaciones, del caso de Alberto Rodríguez y de Meri Pita?

Son casos muy diferentes. En un caso hablamos de transfuguismo y creo que en eso la sociedad española y la sociedad canaria lo penaliza de una forma muy contundente, hablemos del partido que hablemos. En política hay que ser sobre todo honesto y el transfuguismo es una práctica corrupta que creo que la sociedad y los canarios y canarias penalizan. En el caso de Alberto Rodríguez estamos hablando de un atropello democrático sin precedentes en la historia de nuestro país y por eso siempre ha tenido el respaldo de la dirección de Podemos, de las militancias y de todo el mundo que es demócrata y que sabe que lo que se ha producido aquí es un atropello sin precedentes. A partir de aquí, tenemos que trabajar para que todo aquello que votaron los canarios y canarias que confiaron en las últimas elecciones en Unidas Podemos puedan ver también su voz representada a pesar de estas circunstancias, pero sin olvidarnos nunca de que contra Unidas Podemos ya parece que sigue valiendo todo y yo creo que eso también para la calidad de nuestra democracia es una reflexión que debemos hacer. Eso es una cuestión que hay que dejar encima de la mesa porque lo que está en juego no es el escaño de Alberto, o la vida de Alberto o Unidas Podemos (que por supuesto que sufrimos ese acoso judicial y mediático por defender ideas que los sectores reaccionarios de este país creen que no es legítimo que podamos defender), sino que lo que está en juego es la calidad de nuestra democracia. Y tenemos que ser capaces de cuidar nuestra democracia. 

Rosell pudo demostrar que era víctima de un complot entre un exministro del PP, un empresario y un juez muy importante en Canarias

El caso de Alberto Rodríguez no es el único, usted por ejemplo también ha sido víctima de las cloacas, campañas de difamación… ¿Cómo se sobrelleva esta situación? 

Tienen un caso muy cercano que es el de Victoria Rosell que es también la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género y yo recuerdo cuando tuvo que dimitir de su escaño como diputada, recuerdo la campaña mediática que se desplegó contra ella. Apareció en las portadas de los principales periódicos nacionales, hubo horas y horas de tertulia cuestionando a Rosell por ser diputada de Unidas Podemos y eso no se ha reparado, ese daño no se ha reparado. Victoria Rosell tuvo que abandonar su escaño y emprender un proceso judicial durísimo para ella y pudo demostrar que era víctima de un complot entre un exministro del PP, un empresario y un juez muy importante en Canarias, para atacarla a ella, para destruirla personalmente, no solamente para destruir las posibilidades de que fuese representante de los canarios y canarias sino para destruirla personalmente.

Ese acoso judicial y mediático no tiene reparación, ni siquiera cuando te dan la razón en los tribunales porque nadie repara las horas de tertulia y las portadas de periódicos que después no se han producido para decir: mentimos, pusimos en duda el testimonio de esta mujer y al final ha conseguido demostrar que las cloacas operaron contra ella para intentar destruirla personalmente. Eso ha pasado con muchos dirigentes de Podemos y yo creo que eso es algo que a la sociedad le tiene que remover porque al final hablamos de las costuras de nuestra democracia y al final la base de que podamos vivir en democracia es precisamente esa, que de una vez por todas también los reaccionarios en nuestro país se enteren de que podemos pensar como pensamos y tenemos derecho de que nos voten y la ciudadanía tiene derecho a votar a diferentes opciones políticas y que ocupemos todos los espacios de poder que legítimamente la ciudadanía diga que tenemos que ocupar.

Durante muchos años el principal objetivo de los reaccionarios de este país fue evitar que hubiese un gobierno de coalición y fue evitar que Unidas Podemos y particularmente Podemos entrase a gobernar y ahora lo que tenemos que demostrar es que esto no ha sido una anécdota en la historia de nuestro país, que Podemos es ya una fuerza de Gobierno y que siempre que la ciudadanía nos dé sus votos y confíe en nosotras, en Canarias, en los municipios y también en el Estado vamos a estar ahí para ocupar las posiciones de poder que la ciudadanía quiera que ocupemos y eso es la base del funcionamiento de la democracia y tenemos que ser capaces de demostrarles a los reaccionarios que no nos van a intimidar, ni con las cloacas del Estado ni con sus abusos mediáticos judiciales y nosotras vamos a seguir aquí porque lo que estamos haciendo es defender la democracia, la justicia social, el feminismo y un proyecto colectivo que tiene pleno derecho para existir en una sociedad democrática. 

Canarias se ha convertido en la primera comunidad autónoma en firmar el Plan Corresponsables, un proyecto semilla que pretende cambiar el modelo de cuidados ya que como recuerda la ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos), los sostienen las mujeres “a costa de sus vidas”. En esta comunidad, un 90% de las excedencias para cuidar las solicitaron mujeres. “Los datos por tanto revelan con claridad una enorme brecha: nuestra forma de organizar la vida y nuestra economía se sostiene sobre los cuerpos de las mujeres porque la economía y la vida no sería posible si el baño no está limpio, la comida no está hecha y si los hijos e hijas no están correctamente cuidados, normalmente a cargo de mujeres”. Además, sostiene que “el Gobierno de coalición no habría sido posible sin el empuje del movimiento feminista”.

Igualdad pondrá en marcha un programa piloto con hombres para impulsar la conciliación en los centros de trabajo

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La ministra aborda en esta entrevista no solo los detalles de este plan, sino los retos en violencia machista en la semana en la que una mujer fue asesinada en Cuenca delante de sus hijos y fue denegado el indulto a María Salmerón. También el recorrido y la importancia de leyes como la conocida como “solo sí es sí”, la de trata o la ley trans. En su visita a la isla también ha hecho referencia al presunto espionaje, una cuestión que pone de manifiesto “una profunda brecha en la seguridad del Estado”, por lo que “se debe ser capaz” de depurar responsabilidades políticas “hasta el más alto nivel”. Así mismo, Montero ha hablado sobre el daño que han causado las cloacas. “Victoria Rosell pudo demostrar que era víctima de un complot entre un exministro del PP, un empresario y un juez muy importante en Canarias, pero ese acoso judicial y mediático no tiene reparación” afirma. Durante la entrevista, realizada el pasado miércoles –antes de que se conociera el resultado de las negociaciones entre las fuerzas andaluzas de izquierda– Montero afirmó que si “alguien puede construir ese frente amplio” en España es Yolanda Díaz.