La adjudicación del contrato más ‘jugoso’ del Ayuntamiento de Santa Brígida, el municipio más rico de todo el Archipiélago, en lo que llevamos de legislatura ha levantado ampollas entre la oposición y el resto de las empresas que concurrieron en el concurso. El consistorio ha licitado el servicio de recogida de residuos municipales y limpieza viaria a la UTE Ayagaures-Las Casillas por 6.485.122,14 millones de euros obviando que una de las mercantiles, Ferretería Las Casillas, cuyo socio único es Luis Troya, exconcejal del PP en el municipio de medianías grancanario, carece de la solvencia económica y financiera exigida, tal y como ha resuelto el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias después de que dos de las compañías que se presentaron al procedimiento, Urbaser y FCC Medio Ambiente, recusaran el acuerdo.
El tribunal, a fecha 14 de marzo de 2022, ha inadmitido uno de los escritos (FCC Medio Ambiente) y desestimado el otro (Urbaser), pero ha dejado la puerta abierta a que ambas compañías interpongan un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Una de las empresas está meditando hacerlo.
La licitación en cuestión fue aprobada el 14 de enero de 2022. El Ayuntamiento de Santa Brígida, gobernado por Partido Popular (PP), Unidos Por Gran Canaria (UxGC), Ciudadanos (Cs) y Plataforma Vecinal de Santa Brígida (PVSB), adjudicó a la UTE Ayagaures-Las Casillas el servicio de recogida de residuos municipales de la limpieza viaria y mantenimiento de contenedores soterrados para los próximos cinco años por 6.485.122,14 euros, el contrato más importante de todo el municipio, según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El segundo en la lista, que licita la conservación de espacios verdes e infantiles, entre otras cosas, tiene un valor de 3.382.819 euros.
El pleno en el que se dio luz verde al acuerdo fue un tanto polémico. En medio de la sexta ola de COVID-19 en las Islas, dos concejales del principal grupo de la oposición, Ando Sataute, que cuenta con seis ediles en total, faltaron a la cita por estar contagiados. El grupo de gobierno también tenía a un concejal confinado. El pleno fue convocado con carácter extraordinario y presencial. “Se somete a la deliberación y votación uno de los contratos más cuantiosos que gestiona la administración local sin permitir la asistencia telemática”, manifestó Ando Sataute.
El alcalde del municipio, Miguel Jorge Blanco (PP), afirmó que no se había incumplido ninguna norma “puesto que no existe una obligación legal de convocar una sesión de forma telemática cuando se cumple con todas las medidas sanitarias”. 17 días después de la sesión, Urbaser, una de las empresas que concurrió al concurso, presentó el primer recurso de nulidad contra el acuerdo. Y a los pocos días, FCC Medio Ambiente hizo lo mismo.
Los recursos de Urbaser y FCC
Urbaser versa su recurso en la “falta de aptitud” para contratar a la UTE adjudicataria del contrato. En primer lugar, considera que la empresa Ferretería y Materiales de Construcción Las Casillas carece de capacidad para participar en el procedimiento de contratación ya que “su objeto social no guarda ningún tipo de relación con el (…) descrito en los pliegos”. El objeto del contrato es “servicio de residuos municipales, de la limpieza viaria y mantenimiento de contenedores soterrados del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida”. El de la empresa es “comercio de áridos y demás productos y derivados del mismo ramo, comercio al por mayor y menor de cementos, cales, yesos, derivados del cemento”.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias sostiene que esta descripción “evidencia la ausencia de capacidad para concurrir a la licitación” por parte de la mercantil. Considera que “previo a su admisión al proceso se debió requerir aclaración respecto al objeto social de la empresa referida” para disipar dudas. Sin embargo, fue posterior al recurso presentado por Urbaser, ya con licitación aprobada, cuando la compañía Ferretería y Materiales de Construcción Las Casillas formuló alegaciones y aseguró que su objeto social “está estrechamente relacionado con el objeto del contrato”, aportando como prueba una escritura pública ante notario con fecha de 23 de diciembre de 2020 en la que ampliaba su objeto social, figurando entre las nuevas actividades “conservación y mantenimiento de mobiliario urbano” y “servicio de transporte: recogida y transporte de toda clase de residuos”.
El tribunal argumenta que “si bien procedería declarar la anulación del proceso y ordenar [que] se retrotrajeran las actuaciones al momento anterior a la adjudicación del contrato (…), [esta] recaería igualmente en el compromiso de la UTE, en la cual se integraría”.
En segundo lugar, Urbaser sostiene que de la documentación aportada por la mercantil Ferretería y Materiales de Construcción Las Casillas “se desprende que (…) no ostenta clasificación empresarial de servicios; ni aporta referencias de trabajos similares ejecutados en los últimos años; ni llega a integrar su solvencia con medios externos. El cumplimiento de la solvencia solo se asienta en el otro socio integrante de la UTE”, en este caso, Ayagaures Medioambiente S.L., “lo cual es inadmisible”, concluye Urbaser.
A continuación, el tribunal apunta que la empresa Ferretería y Material de Construcción Las Casillas sí “ha acreditado (…) poseer capacidad de obrar para concurrir a la licitación y haber depositado sus cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 y 2018”. Sin embargo, esto lo ha hecho, de nuevo, tras el recurso, y no en el procedimiento de contratación. Con respecto a la última documentación presentada, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias “extrae que individualmente no reúne los requisitos de solvencia exigidos, al ser su volumen anual de negocios inferior al valor estimado del contrato, pero que sí dispone de un mínimo de solvencia propia”. El capital social de la empresa, según el Registro Mercantil, es de 3.010 euros. El de Ayagaures es de 2.060.648,70 euros.
No obstante, la resolución recuerda que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha manifestado en numerosas ocasiones que “no es preciso que cada una de las empresas integrantes de la UTE alcance las condiciones mínimas de solvencia exigidas, sino que tales condiciones han de conseguirse por todas ellas acumulativamente”. Por esto, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias sentencia que la mercantil Ayagaures Medioambiente S.L.U. “suple la ausencia de la otra integrante de la UTE y, en consecuencia, queda acreditada la solvencia económica y financiera y técnica y profesional de la UTE adjudicataria”. También deja claro que Ayagaures, por sí sola, contaba con los requisitos de solvencia requeridos.
Por último, Urbaser también cree que “se ha producido una influencia efectiva en [el] órgano de contratación” por parte de la UTE adjudicataria al incluir en el sobre 2 de la oferta, relativo a los criterios evaluables a través de juicio de valor, “información propia del sobre número 3”, que trata sobre los criterios evaluables automáticamente. La UTE, continúa Urbaser, propone en su sobre 2 la adaptación de los vehículos del servicio para el consumo de biodiésel, “cuyo expreso compromiso de adscripción era sin embargo objeto de valoración de forma automática en el sobre 3”, concretamente en la aportación de ‘Vehículos eléctricos, híbridos o biodiesel’, evaluable hasta con 10 puntos.
El tribunal, después de analizar la oferta de la UTE, concluye que la entidad adjudicataria, al manifestar su intención de adaptar los vehículos de servicio para el consumo de biodiesel en el sobre 2, “no precisa ni tan siquiera disponer de vehículos adaptados”, sino que su afirmación va encaminada a “exponer las acciones emprendidas con la finalidad de reducir el impacto medioambiental en el desempeño de su actividad”. Voluntad, añade, “que se deduce de las ofertas realizadas por los restantes licitadores y que no ha tenido repercusión alguna en el juicio de valor emitido”. Así, considera que “no se ha producido vulneración alguna del secreto de las proposiciones”.
El tribunal inadmite el recurso de FCC Medio Ambiente por “ausencia de legitimación” y aprecia “concurrencia de temeridad” en la interposición del mismo, por lo que la emplaza a pagar 1.000 euros como sanción.
El socio único de Las Casillas, imputado por el caso Brisan
El socio único de la empresa Ferretería y materiales de construcción Las Casillas, Luis Troya, fue concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Santa Brígida por el Partido Popular entre 2005 y finales de 2006, cuando dimitió poco después de saber que estaba siendo investigado por el caso Brisan, una presunta trama de corrupción en el consistorio de medianías entre los años 2000 y 2006 que investigaba la existencia de facturas falsas.
Luis Troya fue uno de los cuatro imputados junto con el empresario Pedro Morales, dueño de la ferretería Morales Ravelo S.L. que, según la Fiscalía, facturó por servicios no realizados en connivencia con el edil, y los interventores accidentales Santiago y Jacinto Hernández, a quienes se les acusaba de no haber frenado las operaciones.
El Ministerio Público acusaba a Troya de falsificar facturas de pago de un total de 40.494,47 euros a la ferretería Morales Ravelo por servicios inexistentes con el fin de “enriquecerse de forma ilícita” después de que Troya arrendara parte de la empresa. Finalmente, la Audiencia Provincial de Las Palmas no consideró acreditada la confabulación entre el empresario Pedro Morales y el exconcejal. Los cuatro imputados fueron absueltos en 2019.