Santa Brígida confía en un excandidato del Partido Popular la renovación de su tejido empresarial

El nuevo dinamizador de la Asociación de Empresarios Sataute Comercial, Santiago Fleitas Díaz, concurrió en noveno lugar en la lista electoral del Partido Popular (PP) en las últimas elecciones municipales en Santa Brígida, donde gobiernan los populares junto con Ciudadanos (Cs), Unidos por Gran Canaria (UxGC) y Plataforma Vecinal por Santa Brígida (PVSB).

La asociación, “que agrupa ya a más de un centenar de personas, empresas y comerciantes” y trabajará en coordinación con el Ayuntamiento para “avanzar en el desarrollo de la actividad económica” del municipio, ha sido renovada recientemente después de llevar años languideciendo, según apuntan fuentes del Consistorio local. Este impulso viene dado para que “el colectivo pueda aprovechar las ayudas, subvenciones y programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en Canarias”. Y como perfil representativo para ello estará Santiago Fleitas Díaz, excandidato del Partido Popular en los últimos comicios municipales y quien, en una circular de la organización, admite que será, junto con la Junta Directiva de la misma, el “enlace con las instituciones públicas”.

El Ayuntamiento de Santa Brígida, que defiende no haber metido mano en este nombramiento, anunció hace una semana que establecerá canales de cooperación e interlocución con la Asociación de Empresarios Sataute Comercial, sociedad independiente del Consistorio que aún no figura en el Registro Mercantil y cuenta con un régimen de cuota de 10 euros para sus socios. El 17 de marzo se reunieron el alcalde, Jorge Blanco (PP), la concejala de Desarrollo Local y Comercio, Carolina Alonso (PP), y la presidenta de la “recién constituida asociación”, Concepción Santana. “Una reunión en la que se pusieron en común las convocatorias de subvenciones y propuestas para promover acciones dirigidas a mejorar la dinamización comercial”, indica el Ayuntamiento en un comunicado.

Pocos días más tarde el Cabildo de Gran Canaria informó que subvencionará con 50.000 euros la redacción de cuatro proyectos de obras para la creación de una Zona Comercial Abierta en Santa Brígida. La idea es “transformar radicalmente el municipio” con un espacio de venta de alimentación y restauración a cielo abierto en pleno centro. Este proyecto de urbanización contará con una inyección de la Institución insular de 70.000 euros. También se habilitará suelo público a disposición de las empresas del municipio para “facilitar su actividad y que generen empleo en la villa satauteña”. Todo esto, según ahonda el Cabildo, fue repasado en una reunión mantenida por la consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, Jorge Blanco y Concepción Santana.

“El mejor camino es trabajar de la mano entre los propios empresarios y apoyarse y colaborar con las instituciones que estamos centradas en rescatar el tejido empresarial y en prepararlo para despegar cuando esto termine”, dijo Alonso.

Las otras polémicas del Ayuntamiento de Santa Brígida

El 11 de julio de 2019 el alcalde de Santa Brígida, Jorge Blanco, colocó a dedo al número dos de Ciudadanos, Luis Artiles, como nuevo asesor jurídico del Consistorio. Este nombramiento causó polémica por varios motivos. Primero, porque se trata de uno de los dos cargos de confianza (el otro corresponde a la jefa de prensa, Yaiza Martín), cuya retribución bruta anual asciende a los 40.000 euros anuales (desde la oposición, además, cuestionan el trabajo realizado hasta el momento). Y segundo, porque pactar dicha designación pudo ser una de las condiciones que facilitaron la formación de gobierno en el municipio.

Santa Brígida está gobernada por un cuatripartito desde el 15 de junio de 2020 liderado por el PP, con cinco concejales, Unidos por Gran Canaria (2), Plataforma Vecinal de Santa Brígida (1) y Ciudadanos (1). Esta última agrupación resultó clave para que el popular Blanco se hiciera con la presidencia de la Alcaldía, obteniendo el apoyo de nueve de los 17 ediles (mayoría simple) que conforman el Ayuntamiento.

Ando Sataute, el principal partido de la oposición con seis ediles, ofreció a Ciudadanos un pacto de Gobierno que evitara el regreso del PP al poder tras cuatro años de izquierdas en el municipio. Pero la concejala de Cs, María Jesús Álvarez Bermúdez, actual responsable de la cartera de Obras Públicas, desoyó la petición y devolvió la gobernanza a los concejales del famoso mamotreto, el centro comercial ilegal en pleno casco urbano de la Villa que lleva 20 años paralizado y vacío.

Ando Sataute también denunció la contratación de varios miembros de la lista electoral de Plataforma Vecinal por Santa Brígida en la Sociedad Municipal de Deportes (SMD), complejo coordinado por Armando Umpiérrez, único representante electo de PVSB. Los protagonistas son Juan Carmelo Padrón y Yanira Barros, número 3 y número 10 de la lista, y Beatriz Santana, esposa de Umpiérrez y ex alcaldesa de Santa Brígida por el PP, quien, continúa la acusación, “figura en el rango de administrativa en la plantilla de la mencionada SMD”.

La voz de alarma la dio Adrián García Armas, miembro de Ando Sataute y representante de la oposición en el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Deporte, puesto del que fue cesado en octubre de 2020. “Ando Sataute rechaza el cese del concejal de esta formación como miembro del Consejo de Administración de la SMD, donde ha denunciado la contratación de dos candidatos/as de la organización política del concejal de Deportes [Armando Umpiérrez]”, respondió la formación política.

Umpiérrez, por su parte, negó las acusaciones de enchufismo en unas declaraciones recogidas por La Provincia: “Mi mujer lleva 18 años, salvo los cuatro años de excedencia forzosa, en la Sociedad Municipal de Deportes ejerciendo como auxiliar administrativo. Ella está trabajando con un contrato de fines de semana por la baja de otra trabajadora. Estaba en la lista de espera y fue seleccionada; era la más adecuada de las aspirantes porque ya conoce la Sociedad”.  

El caso ha llegado al Comisionado de Transparencia de Canarias, que en una resolución fechada el 24 de abril de 2020, inadmitió la reclamación presentada por Ando Sataute en lo que respecta a “las acciones que se pretenden tomar si se entiende como un caso de posible nepotismo” al “no constituir lo solicitado información pública conforme a las previsiones de la Ley de Transparencia”. Sin embargo, sí estimó otra reclamación, también interpuesta por Ando Sataute, contra una respuesta dada por el Ayuntamiento de Santa Brígida relativa a los puestos de trabajo del personal de la SMD.

“Requerir al Ayuntamiento de Santa Brígida para que haga entrega al reclamante de la documentación señalada (…) en el plazo máximo de quince días hábiles a partir de la finalización del Estado de Alarma”, el primero, que concluyó el 21 de junio de 2020. El Comisionado de Transparencia publica todos los años unas puntuaciones de calidad de los portales de transparencia de Canarias. El Ayuntamiento de Santa Brígida registra un 8,21 sobre 10 en 2019. La SMD, un 1,39. Ando Sataute ha confirmado a este periódico que aún no ha recibido la lista del personal que trabaja en la SMD, a pesar de ser esta un ente público.

Para más inri, el Ayuntamiento de Santa Brígida, el municipio más rico de Canarias, ha dado luz verde a dos subidas salariales en menos de dos años, lo que va de legislatura. La primera la aprobó el 4 de julio de 2019, cuando la Corporación local aprobó incrementar el salario del alcalde en un 10%, un 20% el de los concejales con dedicación exclusiva, y un 85% el de los ediles con dedicación parcial. La segunda se adoptó el 10 de marzo de 2020, en pleno estallido del coronavirus en España. Ahora el presidente, Jorge Blanco, cobra 54.258,97 euros brutos, los concejales con dedicación exclusiva (42.322) y los ediles con dedicación parcial (27.509,30).

La moción de censura que no llegó

Según declararon a este periódico fuentes del PSOE en Santa Brígida, el grupo socialista tanteó una moción de censura para tumbar al actual gobierno. Pero las conversaciones mantenidas con Ando Sataute y Unidos por Gran Canaria no prosperaron. El movimiento se inició por la “situación de parálisis” que atraviesa la región. “Muchos proyectos retrasados, también en materia urbanística. El Gobierno no está dando respuesta a las demandas vecinales”, agregaron las fuentes consultadas. Las negociaciones se rompieron porque, según indican, no hubo acuerdo en quién ostentaría la alcaldía.