El Consejo de Gobierno de Canarias, a instancia del Parlamento de Canarias, ha acordado expresar su parecer favorable a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) para la regulación de las inversiones en elementos patrimoniales afectos a la actividad de arrendamiento de vivienda en las Islas Canarias.
El Congreso aprobó el pasado 18 de junio un descuento fiscal a la hora de tributar sus beneficios a aquellas empresas que inviertan en construir o rehabilitar viviendas destinadas al alquiler en Canarias.
Según informa el Ejecutivo regional, esta Proposición de Ley (PPL), permite, entre otras cosas, que las cantidades dotadas en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se puedan invertir, manteniendo el beneficio fiscal, en bienes inmuebles situados en Canarias, siempre que se destinen, de modo novedoso, al arrendamiento de vivienda habitual.
De esta manera, se pretende ampliar la oferta de viviendas en el mercado de alquiler habitual y contribuir a paliar los problemas de escasez de vivienda en alquiler existentes en el archipiélago.
Por un lado, se incrementa la oferta de alquiler de viviendas de protección oficial para atenuar la situación de emergencia habitacional en la que se encuentran muchos canarios, que tienen mayoritariamente rentas bajas y, por tanto, son posibles demandantes de este tipo de viviendas.
Además, con la eliminación de que la actividad de arrendamiento de viviendas protegidas tenga que realizarse exclusivamente por la sociedad promotora, se busca una mayor oferta de esta modalidad de arrendamiento, al permitir realizar esta actividad económica, sin perder el incentivo fiscal, a entidades que no se dediquen a la promoción de viviendas protegidas.
Por otro lado, se incrementa también la oferta de alquiler de vivienda libre para aquellas familias que, por sus rentas, no pueden acceder a viviendas de protección oficial pero que tampoco disponen de renta suficiente para acceder a la vivienda libre, al menos mientras dure la situación de emergencia habitacional.
Finalmente, el Gobierno de Canarias explicó que el siguiente paso será la tramitación de la proposición de ley en el Senado, siendo previsible que, si se introducen enmiendas, se vuelva a solicitar el informe del Parlamento de Canarias, como paso previo a su aprobación definitiva en las Cortes. El Senado tiene de plazo para la tramitación y, en su caso, aprobación, hasta el 27 de octubre de 2025.