El Gobierno canario, forzado a derogar la reforma que permitía ascensos a dedo sin titulación en la Policía Autonómica
El Gobierno de Canarias ha tenido que dar marcha atrás y derogar la reforma que Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) colaron en los presupuestos de 2026 para permitir los ascensos a dedo y sin la titulación requerida en la Policía Autonómica. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó este miércoles, coincidiendo con la huelga general en el país, un amplio decreto que, entre otras medidas, elimina el apartado 3 del artículo 39 de la ley de creación del cuerpo. Ese precepto, aprobado a través de las cuentas del año pasado, permitía designar como altos mandos “en casos de urgencia o situaciones sobrevenidas” a funcionarios que ocuparan el empleo inmediatamente inferior (de subcomisario a comisario, por ejemplo) incluso aunque no cuenten con la formación que exige el puesto.
En ese decreto, el Ejecutivo explica que lo hace para cumplir un acuerdo adoptado el pasado junio en la Comisión Bilateral con el Estado. El Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria) admite así que esa disposición contravenía “el orden constitucional de distribución de competencias”.
La derogación ha entrado en vigor este jueves y está firmada, además de por Clavijo, por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, de cuyo departamento depende la Policía Canaria. El decreto señala que mantener en vigor preceptos que deben ser expulsados del ordenamiento por inconstitucionales “genera inseguridad” sobre qué norma aplicar.
La medida fue incluida por CC y PP en los presupuestos de 2026 a través de una disposición final. Esa reforma modificó el artículo 39 de la ley de la Policía Canaria, que regula los destinos temporales en puestos de superior empleo. En concreto, añadió un apartado nuevo para permitir, “de forma excepcional y por el tiempo estrictamente necesario”, que ocuparan plazas de los subgrupos A1 y A2 (comisarios principales, comisarios y subcomisarios en el caso del cuerpo autonómico) funcionarios sin la titulación requerida si no había personal disponible que sí la tuviera. La duración máxima era la ya prevista para estos destinos, dos años, y daba derecho a cobrar los complementos del puesto superior.
Rechazo sindical y vulneración del Estatuto Básico
Ya en aquel momento hubo contestación interna. Tres sindicatos (Intersindical Canaria, CSIF y Sepca) reclamaron a la Dirección General de Función Pública que anulara esa disposición final de los presupuestos porque no había sido negociada en la Mesa de Empleados Públicos celebrada en octubre de 2025. Estas organizaciones sostenían que la reforma vulneraba los principios de transparencia, buena fe y participación y advertían de que su contenido excedía el permitido a una ley de presupuestos, al modificar “de forma sustantiva” la norma de la Policía Canaria sin una conexión económica directa.
Los sindicatos alertaban, además, de que esa disposición contravenía el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 2/1987 de la Función Pública Canaria, que exigen la titulación adecuada incluso en supuestos excepcionales.
El artículo 23 sigue en pie: libre designación del jefe
El decreto recién aprobado no afecta, sin embargo, a otra reforma de la ley de la Policía Canaria que el Gobierno de CC y PP incorporó mediante los presupuestos del año pasado. En concreto, un cambio del artículo 23 para que la consejera pueda elegir “indistintamente” entre los mandos de la escala superior (comisarios principales, comisarios y subcomisarios) a quien supliera al jefe del cuerpo en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Sin respetar, por tanto, el puesto en el escalafón.
Esa reforma llegó después de otra polémica por el nombramiento del actual jefe de la Policía Canaria. En octubre de 2023, tras el cese del comisario principal Luis Santos Jara, la consejera Nieves Lady Barreto situó al frente del cuerpo al subcomisario Antonio Almenara, que fue ascendido temporalmente a comisario precisamente a través del artículo 39, sin convocatoria pública ni valoración de méritos, pese a que un informe jurídico interno había advertido de que debía seguirse ese procedimiento.
La sustitución en la jefatura de la Policía Canaria se produjo a raíz de un conflicto entre la consejera y Santos Jara. El comisario principal denunció a Barreto por varios delitos, entre ellos acoso laboral.
Una reciente sentencia anuló la destitución de Santos Jara como jefe del cuerpo por la falta de motivación en el cese. Esa resolución judicial, que aún no es firme, puso en entredicho, además, el mecanismo utilizado por la Consejería de Seguridad para colocar a Almenara al frente del cuerpo, tras constatar que no se tuvo en cuenta el escalafón jerárquico.
Todo esto ha ocurrido mientras el Gobierno canario tramita un concurso de promoción interna para cubrir tres plazas de comisario. El listado de aspirantes se cerró con tres subcomisarios, entre ellos el propio Almenara y el actual director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino Franquet, que tiene entre sus funciones como alto cargo proponer qué plazas se sacan a concurso en la Policía Autonómica y que presentó su abstención en ese proceso selectivo semanas después de que se hubieran publicado las bases.
Blindaje salarial en los presupuestos de 2027
El borrador de presupuestos para 2027 vuelve a incorporar una disposición final para modificar el artículo 39 de la ley de la Policía Canaria. En esta ocasión, para blindar los ingresos de los mandos que sean promocionados de forma provisional. “Los destinos en puestos de trabajo de superior empleo dan derecho a percibir, durante el tiempo de su desempeño, las retribuciones que resulten ser superiores entre el puesto de origen y el puesto de superior empleo desempeñado, incluso aunque suponga la percepción de las propias de una escala superior”, recoge el precepto.
El Gobierno de CC y PP incorpora, además, en otra disposición (la adicional octogésima primera) una cláusula para el pago retroactivo de los complementos y gratificaciones por horas extra al personal que haya sido destinado a puestos de superior empleo en los cuatro años anteriores.