El Gobierno de Canarias reformará la Ley de Patrimonio Cultural para, entre otras novedades, redefinir los Bienes de Interés Cultural (BIC), que se reservarán a elementos que acrediten valores excepcionales, y establecer un procedimiento reglado para las candidaturas canarias a Patrimonio Mundial de la Unesco.
El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, ha presentado la propuesta este viernes durante una reunión del Consejo Autonómico de Patrimonio Cultural de Canarias, en la que han participado los cabildos insulares.
Se trata de un encuentro bianual que tiene como propósito realizar un diagnóstico de los recursos, tanto humanos como técnicos-administrativos, necesarios para desempeñar las funciones relacionadas con la gestión, conservación, accesibilidad y protección de los bienes culturales de las islas.
Como criterio general del consejo, apunta Clavijo en un comunicado, se ha evidenciado la necesidad de acometer la modificación de la ley en diferentes aspectos, entre ellos, los relativos a los instrumentos, medidas y mecanismos de protección, cuyas carencias o defectos de regulación deben garantizar la protección de los bienes.
El proyecto de modificación de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias se pretende abordar mediante Decreto-ley por el estado de “necesidad y urgencia” que necesita la protección del patrimonio.
El texto, que afecta a más de medio centenar de artículos, responde a la necesidad de corregir disfunciones detectadas por las administraciones públicas y operadores jurídicos, mejorando la eficacia de los procedimientos, fortaleciendo las garantías jurídicas y facilitando la cooperación entre instituciones y ciudadanía.
“Esta reforma representa una apuesta decidida por la protección activa y efectiva del legado cultural del archipiélago”, ha indicado Clavijo, para añadir que se da un paso firme en la modernización del marco jurídico del patrimonio cultural, ofreciendo herramientas más claras, participativas y adaptadas a las realidades territoriales y sociales.
La reforma busca asegurar una gestión sostenible, transparente y comprometida con la memoria, la identidad y el futuro cultural de Canarias, situando a la ciudadanía en el centro de las políticas patrimoniales, ha añadido.
Como novedades se encuentra la acotación de la declaración de BIC para aquellos elementos que acrediten valores excepcionales, en línea con los estándares internacionales.
A su vez, crea una nueva figura de protección intermedia, los Bienes de Relevancia Patrimonial Insular, que sustituyen a los catálogos insulares y permitirán una tutela adecuada a escala insular.
También introduce, como novedad destacada, un procedimiento reglado para las candidaturas canarias a las listas de Patrimonio Mundial y de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco con criterios técnicos, requisitos documentales y planes de gestión o salvaguarda.
Cada candidatura será evaluada por el Consejo Canario del Patrimonio Cultural y deberá contar con una entidad gestora e instrumentos de seguimiento y coordinación, conforme a las directrices internacionales vigentes.
En materia de planificación estratégica, el proyecto impulsa la creación de los Planes de Patrimonio Cultural, de carácter general o sectorial, como herramientas de coordinación y acción pública.
También refuerza la Carta Canaria para la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, que definirá los principios y medidas para la identificación, transmisión y participación activa de las comunidades portadoras.
La reforma, además, fomenta el desarrollo de una Red de Parques Arqueológicos y Yacimientos Visitables, una red pública de museos y un Gabinete Numismático de Canarias, que contribuirán a la difusión y accesibilidad del patrimonio cultural.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la clarificación del régimen de medidas cautelares, permitiendo su adopción incluso antes del inicio formal de un expediente, para evitar daños irreversibles sobre bienes en riesgo.
Asimismo, se amplía el concepto de patrimonio arqueológico, adaptándolo a los avances en investigación y a la diversidad patrimonial del archipiélago.
El nuevo régimen sancionador, más contundente, equipara a Canarias con otras comunidades autónomas en la protección efectiva de su patrimonio.
Así, se prevén multas que van del tanto al quíntuple del valor del daño causado y en caso de infracciones no valorables económicamente, establece sanciones de hasta un millón de euros, con incrementos adicionales si el si el beneficio obtenido supera la sanción impuesta.
La reforma pone especial énfasis en las medidas de fomento dirigidas a personas titulares de bienes protegidos, promoviendo una visión positiva de la protección cultural como oportunidad, y no como carga.
Estas medidas se estructuran en torno a principios como la incentivación fiscal, la compensación justa, el asesoramiento técnico y la financiación pública, y están especialmente orientadas a ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, facilitando la elaboración de catálogos municipales y el ejercicio de sus competencias culturales.