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El Gobierno canario tramita eliminar los sorteos en la adjudicación de vivienda pública

EFE

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El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha anunciado este viernes que se ha iniciado el procedimiento de la tramitación para modificar el decreto que regula el sistema de adjudicación de vivienda pública y eliminar del mismo los sorteos.

Rodríguez ha indicado en comisión parlamentaria que el decreto 138/2007 “no da respuesta a las necesidades reales” en materia de vivienda y, por lo tanto, será objeto de modificación, y entre las novedades más destacadas está la eliminación de los sorteos, que “no es lo más justo”, ha opinado.

En su lugar, se baremarán las circunstancias de los posibles beneficiarios tanto en primera como en segunda adjudicación de vivienda protegida en sus diferentes modalidades, “pensando en darle prioridad a quienes más lo necesitan”.

“Un sorteo puede ser transparente, ante notario, pero no es lo más justo”, ha insistido Pablo Rodríguez, quien espera que “muy pronto, este año, sea una realidad” el cambio del decreto, que homologaría a Canarias con otras comunidades autónomas como Madrid o Asturias.

El consejero también ha aclarado, a preguntas de la diputada del grupo Popular María Isabel Saavedra, que las segundas adjudicaciones de vivienda protegida se realizan de manera directa para situaciones de “extrema necesidad” que ha de ser acreditada por los servicios sociales municipales.

Saavedra se ha quejado de la escasa rotación de la vivienda protegida en Fuerteventura, con el último precedente en Tuineje en 2014, mientras que el número de demandantes no deja de aumentar, al igual que en el resto del archipiélago, donde se superan los 25.000.

En la misma comisión, Pablo Rodríguez ha confirmado que el Gobierno de Canarias no prevé convocar este año el bono de alquiler joven al estar prorrogados los Presupuestos Generales del Estado.

Rodríguez ha avanzado que tiene prevista una reunión bilateral con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para el próximo 2 de julio en la que intentará consensuar “una solución”, aunque ha asumido que todas las comunidades autónomas viven la misma situación.

Ha recordado que el bono alquiler joven forma parte del Plan estatal de acceso a la vivienda y que a Canarias le asignaron 21,1 millones de euros en dos anualidades, 2022 y 2023, de los que se han materializado 10,6 millones, con más de 3.000 beneficiarios.

El consejero canario de Vivienda ha asegurado que en cuanto el Estado articule el plan bien a través de un real decreto o vía presupuestos generales “podremos hacer una convocatoria”, en la que Canarias propondría revisar al alza los precios máximos de alquiler: 600 euros para una vivienda y 300 para una habitación.

A preguntas de la diputada de Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza sobre las comunicaciones recibidas por varios beneficiarios del bono de alquiler joven en Fuerteventura para que devolvieran cuantías que no les correspondían, realizadas por la Cámara de Comercio, ha admitido que se produjo “una situación no deseable” y que se buscará la fórmula para que esto no se vuelva a repetir.

Por último, Pablo Rodríguez se ha abierto a asumir parte de las sugerencias contenidas en el plan de alquiler seguro presentado días atrás por Nueva Canarias en la revisión que hará el ejecutivo regional del programa de vivienda vacía, y ha llamado a todos los grupos a trabajar de la mano en la elaboración de un nuevo plan canario de vivienda, ya que el vigente finaliza el próximo año.

A instancias de la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, el consejero ha subrayado que todas las políticas que ha impulsado en materia de vivienda van dirigidas a “aumentar la oferta”, bien con la transformación de edificios, locales, oficinas, con la finalización de inmuebles inacabados o la construcción de vivienda pública.

Sobre el programa de vivienda vacía, ha indicado que la idea es retocarlo para que sea “más efectivo”, en vista de que el anterior ponía “tantas limitaciones” que solo una se acogió al mismo, y ha añadido que “a lo mejor esas 200.000” que estima el INE “tampoco son reales”.