Medio año más tarde, el Gobierno de Canarias defiende que el cese sin previo aviso de los dos expertos independientes del Consejo Económico y Social (CES), el órgano consultivo en sendas materias del Ejecutivo regional, se llevó a cabo “con absoluta normalidad” y se enmarcó dentro de su “actividad cotidiana”.
Así lo ha detallado la Administración liderada por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) en una respuesta por escrito dirigida al diputado socialista Gustavo Santana, que exigió una valoración de dichos ceses, el de la licenciada en Derecho María del Cristo Dorta y el del exjefe del Departamento Económico-Financiero de la Autoridad Portuaria de Las Palmas Manuel Luis Pérez.
Ambos fueron cesados a principios de año, mucho antes de que finalizaran sus mandatos (mayo de 2026), en una actuación sin precedentes dentro del CES, que ni siquiera llevó a pleno sus salidas.
Este órgano consultivo no es un órgano cualquiera. Es la institución encargada de “servir de cauce de participación y diálogo de los asuntos socioeconómicos” entre los agentes sociales (sindicatos y patronal) y el Gobierno autonómico. Aunque sus informes son preceptivos pero no vinculantes, siempre busca que sus recomendaciones “sean atendidas y consideradas”.
Es un organismo paritario de 18 miembros: ocho de ellos pertenecen a organizaciones sindicales y de defensa de los consumidores, otros ocho representan a confederaciones de empresarios, y las dos sillas restantes son ocupadas por personas “expertas de reconocido prestigio en materias económicas, sociales o laborales”.
Pese a que suele haber consenso entre los distintos vocales, el Consejo, liderado por el exlíder de la CEOE en Tenerife e histórico dirigente de Coalición Canaria (CC) José Carlos Francisco Díaz, llegó a 2025 tensando la cuerda, con posiciones cada vez más encontradas entre sindicatos y patronal, revelaron fuentes a Canarias Ahora. De este modo, la figura de los expertos independientes cobraba aún más importancia, pues son los encargados de desequilibrar la balanza en caso de empate en las votaciones.
Pero el Ejecutivo regional, “a propuesta” de Clavijo, según un decreto, decidió cesar a ambos, a María del Cristo Dorta y a Manuel Luis Pérez, y colocar a dos nuevos: a Yazmina Newport, CEO del Grupo Newport y vicepresidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios y de la Cámara de Comercio; y a Fernando Berge, director general de la entidad financiera Cajasiete y miembro del Comité Ejecutivo de la CEOE en Tenerife.
El Gobierno autonómico no ve ninguna anomalía en ello. Cree que el relevo se llevó a cabo “con absoluta normalidad” y que se enmarcó dentro de su “actividad cotidiana”, “garantizando (…) la composición de género que permita la representación equilibrada”. Lo equipara, de hecho, con el cese de los anteriores expertos del CES, a pesar de que estos sí finalizaron su mandato de cuatro años, desde 2017 hasta 2021.
Lo normal es que todos los vocales nombrados en el CES mantengan su puesto salvo por alguna de las causas recogidas en la ley: cese a propuesta de las organizaciones representadas, fallecimiento, incompatibilidad sobrevenida, renuncia, violación de la reserva propia de su función o condena firme por delito doloso.
Como los expertos independientes son propuestos por el Ejecutivo canario, este se siente legitimado para cesarlos, también, cuando así lo considere. Lo llamativo en este caso fue el momento en que lo hizo: justo después de que ambos miembros se abstuvieran en la votación del dictamen del Consejo Económico y Social sobre la polémica ley del alquiler vacacional en el Archipiélago.
Una decisión (la abstención) que podría haberse repetido en próximas votaciones, y que iría en contra de los intereses de Clavijo de contar con un CES unánime en el respaldo de sus políticas, sugirieron fuentes consultadas. “Es una estrategia de marketing. Y creo que el presidente quiere estar al mando de un Consejo donde no pueda perder la mayoría”, dijo una fuente conocedora de los hechos a este periódico.
De momento, el Consejo solo ha elaborado dos dictámenes este año, uno sobre el tratamiento de residuos en Canarias y otro sobre la futura ley de la ciencia: en ambos casos, el documento salió adelante por unanimidad.