El Gobierno canario vulneró sus propias normas de publicidad institucional para contratar a la televisión de Vito Quiles

“Este gobierno, ante la inexistencia de criterios objetivos en materia de publicidad institucional en la etapa anterior, ha establecido los suyos propios con estricto cumplimiento de la legislación de aplicación, con medidas centradas en el verdadero objetivo de la publicidad institucional, que no es otro que la compra de espacios para la inserción de mensajes de interés para la ciudadanía, y no la financiación de los medios de comunicación”. Así se expresó el viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, Jonathan Domínguez, en un escrito dirigido a Canarias Ahora en septiembre de 2025, cuando ya había contratado una campaña de más de 16.000 euros a Eda TV Consulting S.L., la empresa propietaria de la televisión en la que trabaja el agitador ultra Vito Quiles.

Ese escrito se producía como respuesta a una reclamación formal de Canarias Ahora por la escasísima inversión publicitaria que el Gobierno Canario hacía en este periódico frente a casos como el de Eda TV y otros medios con menor audiencia y penetración en el territorio canario.

“Desgranando estos criterios objetivos, y en razón a su referencia a las audiencias o alcances”, continúa explicando el viceconsejero en su escrito, “este Gobierno ha contratado directamente a las empresas especializadas en medición de audiencias y auditado de datos (sic), GFK y OJD, para certificar y acceder a los datos de audiencia que facilitan los medios de manera actualizada en cada campaña, con la finalidad de poder pormenorizar de manera más efectiva y realista la planificación y contratación de espacios en cada momento”. 

La web de Eda TV, en la que contrató el Gobierno canario una campaña de banners sin especificar contenidos, ocupaba el puesto 296 en el ranking de lectura en 2025 en España, el año en que se produjo esa adjudicación. Es el único medio nacional al que se le adjudicó ese año un contrato menor.

Siempre atendiendo a estos “criterios objetivos” que resalta Jonathan Domínguez, en teoría el Gobierno canario tiene localizado “más detalladamente el público objetivo definido en cada campaña, por edades o sexos, más allá de las áreas metropolitanas, llegando ahora a los municipios más pequeños de las islas no capitalinas a través de otros medios locales, con importante implantación insular o comarcal, que en este caso sí, eran obviados o estaban excluidos de los planes de medios anteriormente”.

Este esfuerzo gubernamental por precisar el alcance y la efectividad de sus campañas institucionales excluyen los medios de comunicación de circulación nacional, como es el caso de Eda TV. Es más, siguiendo con su argumentario, el viceconsejero de Comunicación destaca que las herramientas que emplea su departamento “permiten al servicio técnico objetivar y segregar los datos de audiencia acreditada, pormenorizadamente en tiempo real para cada campaña con el último dato disponible, identificando aquellos flujos ajenos en origen a la comunidad autónoma, que no forma parte del público objetivo al que se dirigen las campañas divulgativas, velando así por la eficiente utilización de los recursos públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 y 28 LCSP”. 

Sin embargo, el contrato con Eda TV por el que Canarias pagó más de 16.000 euros no espeficiaba qué tipo de campaña debía emitir ese pseudomedio. En la plataforma de contratación, el enunciado es un escueto enunciado: “Campaña Divulgativa de Información e Interés para la ciudadanía”.

“Implantación territorial, insular o comarcal”

Pero es que, además, el viceconsejero resalta en su escrito que “también se está poniendo en valor como criterio objetivo en la contratación la implantación territorial, insular o comarcal, así como la distribución de la información más allá del propio portal web del medio, con sus herramientas o servicios disponibles y ofertados. La diversidad de contenidos propios publicados que permitan la transversalidad generacional, diversidad social y cultural, etcétera. La implicación del medio o empresa en la vida social, sectorial, económica o identitaria del territorio del que es referencia mediante encuentros, foros o eventos generadores de contenido informativo en la línea de los proyectos de desarrollo estratégico impulsados desde el Gobierno de Canarias, iniciativas que adquieren un peso cuantificable en la justificación de la inserción publicitaria asociada”. Cualidades todas ellas difíciles de detectar en el medio del que es propietario Javier Negre.

El viceconsejero lleva toda esta legislatura embarcado en su empeño por crear un Mapa de Medios de Comunicación de Canarias, “una herramienta que nos permite aumentar los índices de transparencia, ampliar y visibilizar la oferta de medios, canales, herramientas o profesionales del sector en Canarias, y con ello una mejor eficiencia en la contratación de los espacios publicitarios por parte de la Comunidad Autónoma, que ha ampliado el número de medios participantes en las campañas institucionales, y con ello una mayor distribución del presupuesto”. Ese mapa no solo incluirá a medios de comunicación convencionales, sino también podcast, influenciadores y creadores de contenido.

Aunque anunció su presentación para el 1 de enero, esa herramienta no está concluida, pero en cualquier caso tampoco tendría en ella encaje el medio ultra en el que el departamento de Domínguez invirtió en 2025 más de 16.000 euros en un contrato menor con escasas especificaciones publicitarias, como ha publicado este periódico.