Un informe del Parlamento acorrala al Gobierno canario por ocultar quién recibe las ayudas del volcán de La Palma
Un informe del Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias concluye que el Gobierno de Canarias “no parece tener fundamento jurídico” para ocultar a la diputada socialista Alicia Vanoostende la identidad de los beneficiarios de las ayudas por el volcán de La Palma, que hasta febrero ascendían a 340 millones de euros.
La decisión del Ejecutivo ha soliviantado a la oposición y ha dividido a expertos en transparencia. Su negativa a facilitar esa misma información a la ciudadanía ha llegado también a los tribunales, aunque no se espera una resolución hasta abril del próximo año.
El Gobierno regional, de Coalición Canaria y Partido Popular, ha rechazado entregar la información a Vanoostende al considerar que identificar a los beneficiarios de las ayudas vulneraría su intimidad y su derecho al honor, ya que permitiría conocer su situación económica antes de la erupción del Tajogaite, en 2021.
El Gobierno autonómico se ampara en el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones, que establece que “no serán publicadas las subvenciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario (…) pueda ser contraria al respeto y la salvaguarda del honor, a la intimidad personal o familiar de las personas físicas (…) y a la propia imagen”.
También invoca la orden reguladora de estas ayudas, cuyo objetivo es “evitar la divulgación de la condición de persona afectada por la erupción”. Así como la ley canaria de volcanes, impulsada mediante una iniciativa legislativa popular y modificada por el propio Ejecutivo para incorporar un artículo que impide divulgar la identidad de los beneficiarios.
El Gobierno invitó a Vanoostende acudir de manera presencial a las dependencias de la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social de La Palma para consultar la información. Pero la diputada socialista se negó. Y denunció que el Ejecutivo canario había vulnerado su derecho a la participación política al no haber solicitado formalmente que la documentación se declarara “secreta”, pese a negarle el acceso a la misma
Ante el rechazo del Ejecutivo, en concreto de la Consejería de Presidencia, dirigida por Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria, la Mesa del Parlamento acordó solicitar un informe jurídico para tomar una decisión. El documento, de 24 páginas y firmado el pasado 27 de mayo, concluye que “no parece tener fundamento jurídico suficiente” la decisión de ocultar la identidad de los beneficiarios de las ayudas millonarias por el volcán de La Palma y tacha de “incongruente” la toma de decisiones del Gobierno.
El Servicio Jurídico del Parlamento ve incoherente que el departamento liderado por Barreto se niegue a enviar el listado de beneficiarios alegando que su revelación vulnera la intimidad de los afectados, pero al mismo tiempo ofrezca a la diputada la posibilidad de consultar esa información en sus oficinas.
“Lo lógico, en tal caso, hubiera sido que por parte del Gobierno se esgrimiera la imposibilidad, por razones fundadas en Derecho, de facilitar dicha información con vistas a no darle publicidad mediante el acceso por diputados del Parlamento, cosa que no ha hecho en tiempo y forma”, puntualiza el informe.
El escrito apunta que, si el Gobierno quería proteger los nombres de los afectados, la vía legal para hacerlo era pedirle a la Mesa del Parlamento que declarara la información como “secreta” en un plazo máximo de diez días, pero no lo hizo.
También señala que la Consejería de Presidencia solo permitió a la diputada socialista acceder a los datos a través de una consulta presencial en sus oficinas, amparándose en un artículo del Reglamento de la Cámara aplicable únicamente cuando el volumen de la documentación dificulte su traslado. El informe añade, sin embargo, que en los argumentos del Gobierno no consta que esa fuera la razón para negar la remisión directa.
El texto concluye que la negativa del Gobierno a facilitar la información solicitada por Vanoostende “podría implicar una lesión del derecho de acceso a la documentación requerida” de los representantes públicos.
Y detalla una “triple vía reactiva” para que la diputada reclame los datos si persiste la negativa del Gobierno: presentar una queja ante el Comisionado de Transparencia; interponer un recurso contencioso-administrativo; o elevar una propuesta de resolución al Pleno del Parlamento, vía que ya ha sido utilizada.
El grupo socialista ha presentado una propuesta de resolución para que la Cámara vote “rechazar toda actitud obstruccionista” del Gobierno regional hacia los diputados en su labor de control político. El grupo pide que el Parlamento respalde el derecho de Vanoostende y vuelve a exigir al Ejecutivo que remita la documentación solicitada “en el plazo improrrogable de un día”.
“Esta forma de proceder (…) es la de un Gobierno que parece querer gobernar de espaldas al control político del Parlamento o, lo que es lo mismo, de la ciudadanía”, indica la propuesta del PSOE.
La controversia sobre la ocultación de los nombres de los beneficiarios de las ayudas por el volcán de La Palma llegó a los tribunales después de que la Consejería de Presidencia presentara una demanda contra la Comisionada de Transparencia, que había solicitado al Ejecutivo la difusión de esa información tras un recurso presentado por el presidente de la asociación de damnificados por la erupción Tierra Bonita.
La Comisionada, Noelia García, nacida en La Palma, igual que Nieves Lady Barreto, sostiene que recibir dinero público por una catástrofe no es un “dato especialmente protegido” ni menoscaba la reputación de nadie, y que la regla general siempre debe ser la transparencia para evitar fraudes con los fondos públicos.
El órgano también cuestiona la iniciativa del Gobierno de incorporar en la Ley de Volcanes una enmienda in voce y con carácter retroactivo, con el objetivo de “evitar un pronunciamiento judicial desfavorable”. Ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que paralice el procedimiento y que plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Tras recibir los escritos de conclusiones de todas las partes, el TSJC ha emitido una providencia en la que fija el 14 de abril de 2027 como la fecha señala para la votación y el fallo.