Las Palmas insiste al Gobierno canario para que la declare zona residencial tensionada
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha remitido al Gobierno regional la documentación complementaria requerida como paso previo para que la ciudad sea declarada zona residencial tensionada.
En un comunicado, el Consistorio ha detallado que se trata del informe adicional en respuesta al requerimiento realizado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, para completar el expediente iniciado por la Corporación local con el objetivo de que se aplique en la capital grancanaria la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, que contempla medidas para regular los precios del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda.
En este sentido, el Ayuntamiento señala que la documentación remitida incorpora información complementaria y aclaraciones técnicas sobre distintos aspectos del mercado residencial del municipio, entre ellos los datos del precio del alquiler y de la venta de vivienda desglosados por tipologías y zonas, así como la cuantificación del esfuerzo económico que realizan los hogares para acceder a una vivienda a partir de fuentes oficiales y metodologías estadísticas normalizadas.
El documento incluye análisis adicionales solicitados por el Ejecutivo autonómico, como estudios sobre segregación social y mapas de vulnerabilidad, además de un cronograma de medidas para los tres años de vigencia que establece la normativa estatal en caso de declararse la zona tensionada.
Según asegura el Ayuntamiento, el análisis confirma que el esfuerzo económico que deben realizar las familias para afrontar el pago del alquiler y los gastos básicos asociados alcanza de media el 30,97% de la renta de los hogares, un valor que se sitúa por encima del umbral del 30% establecido por la Ley estatal de Vivienda para identificar situaciones de tensión en el mercado residencial.
Además, el estudio muestra que los distritos donde el esfuerzo de los hogares alcanza o supera ese 30 % concentran cerca del 77 % de la población del municipio, “lo que evidencia que las dificultades de acceso a la vivienda no se limitan a zonas concretas de la ciudad, sino que presentan una distribución amplia en el conjunto del término municipal”.
Por otro lado, también constata una tendencia sostenida al alza en los precios de la vivienda: el valor medio de las operaciones de compraventa pasó de 1.697 euros por metro cuadrado en 2021 a 2.115 euros por metro cuadrado en 2023 y el alquiler aumentó un 29,4 % entre 2019 y 2024.
De este modo, el Ayuntamiento destaca que se trata de “un incremento que supera ampliamente el crecimiento del Índice de Precios al Consumo en Canarias durante el mismo periodo, que se situó en el 19,69%”.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó la declaración de zona tensionada al Gobierno de Canarias inicialmente en mayo de 2024.
Posteriormente, en enero de 2025 remitió documentación técnica complementaria elaborada con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en la que se analizaba la situación del mercado residencial en el conjunto del término municipal.
Además, en noviembre de 2025 reiteró la solicitud de declaración, una solicitud que no fue respondida hasta el pasado mes de febrero, cuando desde el Gobierno de Canarias se realizó el requerimiento al que ahora el Consistorio ha dado respuesta.