Izquierda Unida lamenta que el pacto de PP y Vox esté “más pendiente de España que de Castilla y León”

El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, ha asegurado que el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox en la Comunidad está “más centrado en lo que quieren que haga el Gobierno de España que en lo que pretenden hacer en Castilla y León”, con dos partidos que utilizan esa autonomía como un instrumento para su estrategia política nacional.

En rueda de prensa este viernes en Palencia, Gascón ha calificado el pacto de “negativo” para Castilla y León y ha criticado que buena parte de su contenido esté orientado a cuestiones que exceden las competencias autonómicas o que responden a debates impulsados desde el ámbito estatal.

A su juicio, el acuerdo refleja que tanto PP como Vox conciben Castilla y León “como un objetivo para llegar al fin de gobernar en España”, en lugar de plantear un proyecto propio para responder a los problemas de la Comunidad. Alfonso Fernández Mañueco será investido el 9 de junio con el apoyo de PP y Vox.

Movilización social

Gascón ha recordado que el nuevo gobierno nace de “un fracaso político”, puesto que Vox abandonó el Ejecutivo autonómico hace dos años tras romper la coalición con el PP. “Su propuesta de regeneración para Castilla y León es seguir con lo mismo que ya había”, ha analizado Gascón, quien ha recordado que muchas de las medidas recogidas en el nuevo acuerdo ya formaban parte del pacto firmado por ambas formaciones en 2022.

Además, ha cuestionado la viabilidad económica de algunas de las propuestas incluidas en el documento al entender que combinan rebajas fiscales con nuevas políticas de apoyo a la natalidad, la vivienda o el emprendimiento sin concretar la financiación necesaria para llevarlas a cabo.

Asimismo ha lamentado que el acuerdo “ponga el acento en lo accesorio como la caza o la pesca y no desarrolle lo que es relevante para la Comunidad”. Gascón también ha reprochado al PP que exija al Gobierno central la aprobación de presupuestos cuando la Junta acumula varios ejercicios con las cuentas prorrogadas y ha advertido de que el acuerdo contiene numerosas demandas dirigidas al Ejecutivo estatal mientras resulta menos exigente con las actuaciones que corresponden a la propia Administración autonómica.

En la misma línea, ha advertido de que el pacto incorpora medidas dirigidas a controlar el absentismo laboral y recortar el peso de los sindicatos de clase, mientras apenas contempla propuestas para mejorar las condiciones de los trabajadores, que representan más del 80 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad. Por ello, ha defendido el papel de las organizaciones sindicales en conflictos como los de Siro o Renault y ha acusado a PP y Vox de querer debilitar a quienes tienen capacidad para defender los intereses de los trabajadores frente a las políticas del nuevo Ejecutivo autonómico.

Amnistía Internacional alerta de que se cuestionen los derecho shumanos

Amnistía Internacional Castilla y León ha alertado este viernes del “grave retroceso” que en derechos humanos va a suponer el acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox en esa comunidad, en cuanto que “cuestiona que los derechos humanos sean para todas las personas”.

En la misma línea que los “retrocesos ya acordados en Extremadura y Aragón” por ambas formaciones, Amnistía Internacional se ha referido este viernes en un comunicado a cuestiones que incluye ese acuerdo como el principio de prioridad nacional en las ayudas, el rechazo a acoger menores migrantes, planes de repatriación o la supresión de subvenciones a las ONG y la vinculación de la delincuencia con la inmigración.

También incluye el acuerdo firmado entre PP y Vox en la comunidad la prohibición del burka y el nicab, el endurecimiento de los centros de menores, la reforma restrictiva del padrón, la exclusión de personas en situación irregular de prestaciones esenciales y la ausencia de medidas contra la violencia de género.

Amnistía Internacional ha incidido en que son políticas que “vulneran obligaciones internacionales protección de la infancia, libertad religiosa y derecho a la vivienda”. La ONG ha incidido en que “ningún acuerdo político puede justificar retrocesos en derechos humanos y que Castilla y León debe garantizar una plena y efectiva de todas las personas, sin excepciones”.