El Parlamento de Canarias admite una denuncia contra las obras de Cuna del Alma en la zona de protección de la costa
El Parlamento de Canarias ha dado el primer paso para investigar las obras del polémico proyecto turístico Cuna del Alma en la zona de servidumbre de protección de la costa que el Gobierno regional autorizó a principios del año pasado porque le vienen bien al turismo, tal y como adelantó Canarias Ahora.
La Mesa de la Cámara ha admitido a trámite una denuncia administrativa presentada por varios colectivos sociales y ecologistas, entre ellos El Tagoror Permanente Rotativo, Rebelión Científica Canarias, La Gaveta 20A y la Asamblea Reivindicativa Canaria (ARCAN), además de la familia Galindo, afectada por una expropiación en El Puertito de Adeje. El escrito también ha sido enviado a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo regional, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), el Cabildo de Tenerife y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El Parlamento ha ordenado a la Comisión de Estatuto de los diputados de la Cámara y de Peticiones, en la que están integrados todos los partidos políticos, que estudie ahora la denuncia. Sus miembros deberán emitir un acuerdo final y notificar a los denunciantes, a los que podrían convocar para una “audiencia especial” con el fin de que expongan los detalles de la misma.
Aunque el Parlamento tiene unas funciones muy limitadas (no podría paralizar las obras, por ejemplo), sí puede exigir al Gobierno, conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular, que entregue todos los expedientes, informes y documentos sobre Cuna del Alma, exigirles que rindan cuentas o abrir una comisión de investigación. En principio tiene tres meses para tomar una decisión. Los vocales de la Comisión son Marcos Guillén, del PSOE, Socorro Beato, de CC, María Saavedra, del PP, Yone Caraballo, de Nueva Canarias, Paula Jover, de Vox, Jesús Chinea, de ASG, y Raúl Acosta, del grupo mixto.
Los colectivos denuncian la “complicidad institucional” del Gobierno de Canarias para allanar la tramitación de Cuna del Alma, un proyecto turístico que prevé levantar más de 3.600 camas turísticas en una de las últimas zonas libres de cemento del sur de Tenerife, rodeado de una Zona de Especial Conservación (ZEC), un Sitio de Interés Científico (SIC) y un Lugar de Interés Geológico (LIG) nombrado por el Instituto Geológico y Minero (IGME).
En concreto, se centran en las obras autorizadas por la Dirección General de Costas en la franja de protección del litoral, donde los usos están muy restringidos. Solo pueden levantarse en ella “obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre”.
Sin embargo, el Ejecutivo dio luz verde a los trabajos, que incluyen una piscina descubierta, un restaurante y un parquin para buggies, porque dicha actuación es “conveniente” para el modelo económico canario basado en el turismo masivo.
Costas había redactado un primer informe rechazando las obras aduciendo que “pueden tener otra ubicación” fuera de la zona de servidumbre de protección del litoral y que “no prestan un servicio necesario o conveniente” al dominio público marítimo-terrestre. Pero después de que la promotora alegara, asumió sus postulados. Y autorizó finalmente la edificación para “velar por que [las playas de Canarias] se encuentren equipadas con este tipo de servicios”.
Conviene recordar que esto se trata solo de una pequeña parte de la actuación de Cuna del Alma en el Puertito de Adeje. En concreto, del 5,25% de la parcela T2, que se extiende unos 45.000 metros cuadrados. El plan en su conjunto tiene unos 430.000 m2.
Los denunciantes creen igualmente que una autorización como esta merece de una “motivación reforzada” que es “inexistente o como mínimo insuficiente” en este caso. Indican que la justificación (lo de que le viene bien al turismo) es “genérica, abstracta y descontextualizada al no tener en cuenta la realidad territorial y socioeconómica de Adeje”, donde se implantará el proyecto, “uno de los municipios con mayor presión urbanística y turística de Canarias”.
La vía libre para Cuna del Alma “contribuye a agravar desequilibrios territoriales ya existentes, incrementando la presión sobre el litoral, dificultando el acceso a la vivienda de la población residente y profundizando un modelo de saturación turística y desarrollismo desbordante ampliamente documentado y fuertemente cuestionado por buena parte de la población canaria que ya sufre sus consecuencias: inflación desbocada de los precios, colapso de las carreteras, contaminación de aguas, montes y cielos, falta de recursos, colapso sanitario, aumento de las mafias, la especulación y la corrupción política…”, expone la denuncia.
También se refieren al informe del MITECO que alertó de la falta de información para evaluar de manera “adecuada” esas mismas obras en la franja de protección de la costa. El Estado solicitó más documentación y estudios, pero no consta que haya sido entregada.
Los colectivos sostienen que existe una “complicidad institucional por acción” del Ejecutivo autonómico para favorecer al polémico proyecto. Recuerdan que el consejero de Transición Ecológica y Energía del Archipiélago, Mariano Zapata, del PP, prometió en septiembre de 2023 que no se pondría “de perfil” y que sería “escrupuloso con la legalidad”. Dos años y medio más tarde, no obstante, los ecologistas defienden que ha habido un “cambio de parecer” y una “renuncia a actuar” por su parte.
La denuncia alerta a su vez de una dinámica de “hechos consumados” en la que el avance de las obras “precede a cualquier garantía real de protección del patrimonio histórico, incrementando el riesgo de afección irreversible”. Del mismo modo denuncia presuntas coacciones y “numerosas irregularidades” en el funcionamiento de la Junta de Compensación de la iniciativa.
Los colectivos piden la suspensión inmediata de las obras, una inspección a la zona de El Puertito para comprobar el estado de los restos arqueológicos y garantizar su conservación, y la “depuración de las responsabilidades” de los altos cargos o funcionarios que hayan permitido los trabajos “en un contexto de grave riesgo ambiental y patrimonial”.