El Grupo Parlamentario Popular (PP) ha presentado una proposición de ley en el Senado para modificar la Ley de Costas 22/1988 con el objetivo de que núcleos urbanos costeros como Tufia (Gran Canaria) o Puntalarga (La Palma) queden excluidos del dominio público marítimo-terrestre, zona que alcanza hasta donde llegan las olas, acantilados o la arena de las playas, donde tan solo se autorizan actuaciones de temporada en playas como hamacas o sombrillas, y se incluyan en zona de servidumbre de protección, un área en la que también se permite mantener viviendas y se pueden realizar actuaciones regulables o autorizables por la autonomía. Sin embargo, ya la normativa permite concesiones a determinados poblados marineros si tienen el reconocimiento de bien de interés cultural o histórico de la Dirección General de Patrimonio de la autonomía.
En un documento, el PP explica que existen localidades costeras a lo largo de todo el país, “con características culturales, históricas y etnológicas de valor esencial” que han sido incluidos en el dominio público marítimo-terrestre. Es decir, que con la Ley de Costas de 1988 y los trazados del deslinde, línea que separa la zona de servidumbre del dominio público, hay poblaciones con viviendas que han quedado dentro de un área donde, en principio, no pueden existir edificaciones.
A juicio del PP, ello puede suponer “un despojo de propiedades consolidadas desde, en muchos casos, hace más de un siglo”, con el consiguiente rechazo de personas afectadas. Ocurrió con las viviendas del barrio marinero Cho Vito, en Tenerife, afectadas por la Ley de Costas. En 2008, los vecinos fueron desalojados y las casas derribadas a pesar de sus protestas. Y la formación estima que además de Tufia y Puntalarga pueden verse afectados Fuencaliente (La Palma); El Altillo, y Ojos de Garza (Gran Canaria). También en el poblado marítimo de Torre La Sal en Cabanes, les casetes de la Mar de Nules, de Almenara o de Xilxes (Castellón) o les Casetes de Vorera en Menorca.
El grupo popular entiende que estos núcleos cuentan con figuras de protección como “bienes de interés cultural” o de “relevancia local”, pero “no gozan de ninguna particularidad en el tratamiento en la legislación de costas”. Y por ello, estima necesario incluir en al legislación “una herramienta que permita” el mantenimiento de las viviendas costeras que “son paradigmáticas y características del uso tradicional del litoral español”. En concreto, propone que se incluya una disposición adicional que recoja especificidades de los “núcleos urbanos con especiales valores etnológicos”.
Para reconocerlos como tal, el PP considera que deben acumular valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados. Dichos valores se acreditarán por el Ayuntamiento en el que se ubiquen y se solicitará al gobierno que tenga la competencia atribuida en costas con un dictamen favorable de la autonomía. Una vez obtengan esta consideración, sería trazado un nuevo deslinde que excluiría al área de la zona de dominio público marítimo-terrestre.
Sin embargo, ya existe una figura que contempla la pervivencia de estos núcleos en zonas costeras. En concreto, la Ley de Costas prevé que a los bienes declarados de interés cultural o histórico, catalogación otorgada por la Dirección General de Patrimonio de la autonomía, que ocupan el dominio público se les puede otorgar una concesión y se les aplica un régimen jurídico propio. Para ello, la administración regional debe velar porque se cumplan los usos y se ejecuten obras compatibles con la integridad del litoral, es decir, principalmente de conservación de las viviendas en el mismo estado. Si el Gobierno central detecta que se incumple, puede “adoptar de forma urgente las medidas necesarias”.
El pasado mes de junio, el servicio provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife emitió una orden de ejecución para el desalojo forzoso y la demolición de más medio centenar de casetas, 25 en El Faro y más de 30 en Puntalarga, en La Palma por la Ley de Costas. Estas zonas aún no cuentan con la catalogación de bien de interés cultural o histórico.
En lugar de buscar esta vía, el senador del PP designado por el Parlamento de Canarias, Asier Antona, que ha sido uno de los impulsores de la proposición de ley, considera que no es incompatible con la disposición. Con la iniciativa, dice que se busca que los ayuntamientos argumenten y justifiquen el uso y ordenación de los núcleos costeros o poblados marineros que tengan valor etnográfico, paisajístico, pesquero o turístico y, por tanto, “se flexibilice la aplicación de la Ley de Costas”.
“Esto no es para regularizar asuntos ilegales. Estamos viendo que la interpretación de la Ley está generando conflictos. Los núcleos costeros de Puntalarga y El Faro han recibido una orden de derribo por una sentencia del Tribunal Supremo. Pero se va a recurrir. Con esta disposición, se pretende dar mayor certidumbre a la hora de interpretar municipios costeros, dándole un marco legal. Los ayuntamientos tendrán que justificarlo y su uso se regulará en función de la normativa”, relata Antona. El senador espera que la proposición pueda incorporarse en una sesión plenaria de la Cámara Alta en septiembre, ya que julio y agosto son meses inhábiles.
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