El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha calificado las declaraciones de algunos representantes sindicales de los bomberos del Consorcio de Emergencias como un ataque “personal y político” sin fundamento, que se produce apenas una semana después de que anunciara su candidatura a la reelección como presidente insular.
Los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria informaron en una rueda de prensa este viernes, 24 de febrero, la campaña de movilizaciones que iniciarán en el mes de marzo para denunciar los reiterados incumplimientos por parte del Cabildo de la isla en cuanto a las soluciones para dotar al servicio de emergencias de los medios y personal necesario para llevar a cabo su importante actividad.
Los bomberos señalan que han “tenido mucha paciencia, tras más de ocho años esperando que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, resolviera estos problemas” y cuatro desde el incendio de 2019, en el que “se comprometió a dar una solución que no solo no llega, si no que ha hecho que la situación haya empeorado”.
Por su parte Morales no comprende que lo señalen como único y principal responsable de los “supuestos incumplimientos”, cuando en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria el Cabildo de Gran Canaria “tiene una participación del 40%, los 19 ayuntamientos (todos menos San Bartolomé de Tirajana y Las Palmas de Gran Canaria) otro 40% y el Gobierno de Canarias un 20%”.
Además desde el Cabildo de Gran Canaria recuerdan que el presidente de la institución insular no forma parte de los órganos del Consorcio de Emergencias, cuya presidencia en estos momentos ostenta el consejero de Hacienda, Pedro Justo, y que dentro del Consorcio las decisiones se toman en la Junta entre todos los miembros que la componen.
El presidente insular considera que es bastante inexplicable que después de 8 años un pequeño grupo de representantes sindicales lance un ataque directo y personalizado contra él, a tres meses de las elecciones y una semana después del anuncio de su candidatura. A su juicio esas declaraciones son un ataque político sin fundamento que nada tiene que ver con los derechos de los trabajadores del Consorcio y con el funcionamiento de la institución.