El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado la ley de iniciativa popular de protección del arbolado urbano con el apoyo de todos los grupos salvo Vox y la crítica del PSOE, que considera que se trata de una norma “de mínimos” al decaer parte de su contenido durante su tramitación.
El texto definitivo recoge un régimen sancionador en el que se diferencian las infracciones graves de las muy graves, como la tala, el derribo o la eliminación de árboles protegidos sin la autorización preceptiva o cuando se incumplan los preceptos de la ley, salvo por razones de seguridad para personas o bienes.
También se considerarán infracciones muy graves cuando las talas afecten a ejemplares que hayan sido incluidos en cualquier catálogo de protección o hayan sido individualizados por sus sobresalientes características en el inventario municipal.
En la exposición de motivos de la ley se esgrime la necesidad de adoptar medidas urgentes que garanticen la conservación de los ejemplares arbóreos más valiosos y antiguos ante “las agresivas actuaciones urbanas que muchas veces se producen”, y asegurar con ello el fomento de los espacios arbolados en pueblos y ciudades.
La ley pretende la preservación de todos los ejemplares de cualquier especie que se ubique en suelo urbano y que cuente con más de 15 años de antigüedad o 20 centímetros de diámetro de tronco, así como aquellas nuevas plantaciones reguladas al amparo de la misma.
Propone la prohibición de la tala de estos árboles salvo en supuestos excepcionales, y ordena el trasplante de los ejemplares que se vean afectados por obras de reparación o reforma de cualquier clase, o por la construcción de infraestructuras.
En general, veta las “podas drásticas o indiscriminadas” salvo cuando las copas de los árboles no guarden la distancia mínima con tendidos eléctricos o telefónicos, dificulten o impidan la visibilidad de semáforos, y cuando exista algún peligro para la seguridad vial o peatonal o para la salud del propio árbol.
También establece la obligación a los propietarios de su mantenimiento, conservación y mejora, así como de comunicar a los organismos competentes cualquier síntoma de decaimiento; y una inspección de los mismos cada dos años por parte de los ayuntamientos o del órgano autonómico correspondiente en el caso de los árboles singulares.
Asimismo, determina la actualización del inventario municipal del arbolado al menos una vez cada diez años.
La diputada del PSOE Alicia Vanoostende ha ensalzado a las personas que “redactaron el texto, recogieron firmas, generaron consciencia y lanzaron un mensaje: la sociedad civil puede reparar lo que las instituciones a veces tardamos en ver”.
Ha hecho hincapié en que “muchas iniciativas” contenidas en el texto original han decaído por falta de respaldo de los grupos que apoyan al Gobierno, por lo que la ha calificado como “una ley de mínimos” que “no es tan ambiciosa como deseábamos”, pero así y todo “es un paso adelante, un punto de partida”.
Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, CC, PP, ASG y AHI, han hecho hincapié en que la norma precisaba de una serie de correcciones para, sobre todo, tener en cuenta la diversa realidad y capacidad de recursos, técnicos y humanos, de los 88 ayuntamientos del archipiélago.
Natalia Évora (CC) ha subrayado que el objetivo de estas modificaciones ha sido sacar adelante “una ley operativa, sencilla de aplicar y realista”, y ha destacado entre las correcciones introducidas la diferenciación entre podas y talas.
Jesús Ramos (ASG) ha admitido que la ley “dista mucho” de la que entró en el Parlamento la pasada legislatura, y ha añadido que si hay una palabra que la define es “equilibrio”: entre la protección de las zonas verdes y la carga que recae sobre los ayuntamientos, a los que ha pedido “no dejar solos” en la aplicación de la norma.
Raúl Acosta (AHI) ha indicado que lo mínimo que pueden hacer los diputados es “tratar con respeto” la iniciativa de las personas y colectivos que recopilaron firmas e hicieron “un trabajo altruista” para presentar una iniciativa popular que luego los grupos han intentado “mejorar en la medida de nuestras posibilidades”.
Una apreciación que ha realizado después de que Nicasio Galván (Vox) ironizara sobre la redacción del texto y su alusión a los árboles como “seres vivos con capacidad de recuerdo”.
Galván ha puesto en solfa una normativa que nace “sin el respaldo claro” de los ayuntamientos, no establece criterios de financiación y carga de burocracia a las administraciones“.
Carmen Hernández (NC) se ha reafirmado en que a los árboles se les reconoce como “seres vivos esenciales”, pues “purifican el aire, capturan CO2, generan sombra y sostienen la biodiversidad urbana”, y sin ellos las ciudades son “más calientes, contaminadas, hostiles e injustas”.
“Hasta un niño de cinco años está de acuerdo en que respirar aire limpio es mejor que contaminado”, ha deslizado.
En la misma línea, Carlos Ester (PP) ha indicado que la ley promulga el respeto por los árboles como seres vivos y su preservación, pues “dan calidad de vida y son indispensables en las ciudades para tener un mejor entorno”.