Nueva denuncia sobre las oposiciones a la Policía Canaria: ahora, por dejar las pruebas médicas en manos de una empresa privada

Se suceden las denuncias sobre presuntas irregularidades en las oposiciones para el ingreso en la escala básica de la Policía Canaria. Ahora el foco se dirige hacia la última fase, los reconocimientos médicos previos a la entrada en la academia de los 141 aspirantes que han obtenido la mejor puntuación en el proceso selectivo. Y, en concreto, a la decisión de poner esta prueba, de carácter eliminatorio (los candidatos son calificados como aptos o no aptos), en manos de una empresa privada.

Las bases estipulan que debe ser la Inspección Médica, un órgano de asesoramiento del Gobierno de Canarias, quien realice “el reconocimiento y la evaluación del cumplimiento de requisitos de capacidad para el servicio”. En caso de que una o varias personas resultaran no aptas, “se irá llamando a los siguientes con mejor calificación para la realización de la prueba médica, hasta cubrir el total de plazas ofertadas”.

Sin embargo, en el anuncio que convoca esa prueba, firmado el pasado 5 de noviembre por el presidente del tribunal calificador -Ángel Nichel Acosta-, se delega esa función en Vitaly Health Services. Esta empresa, constituida en Badajoz y con sedes en todas las Islas excepto El Hierro, “remitirá a la Inspección Médica del Gobierno de Canarias sus resultados para ser visados”, según ese escrito.

El colectivo de afectados ya ha presentado una ampliación de denuncia ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas, donde permanecen abiertas diligencias de investigación, y también ha dirigido escritos a la Inspección Médica y “a los órganos correspondientes”. Sostienen que la derivación de esa prueba a manos privadas sin una modificación formal de las bases constituye un “incumplimiento flagrante” y que, en consecuencia, se ha incurrido en una “nulidad de pleno derecho”.

Las propias bases del proceso selectivo a la Policia Canaria aluden al decreto que regula las evaluaciones médicas del personal del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, que estipula que debe ser la Inspección Médica quien realice esta labor. “La externalización de una fase obligatoria y eliminatoria afecta directamente a la legalidad del proceso, la igualdad de trato, la objetividad de la prueba y la transparencia del procedimiento. Se está realizando a través de una entidad no autorizada por las bases, sin que conste el presupuesto destinado al pago de dicho encargo”, sostiene el colectivo.

Los aspirantes inciden, además, en que la empresa ha sido elegida “de forma arbitraria, sin elección ni convocatoria previa, poniendo en riesgo a aspirantes que podrían ser excluidos indebidamente tras años de preparación”. Por ello, solicitan a la Fiscalía una investigación sobre el procedimiento de contratación.

En el escrito remitido al Ministerio Público, el colectivo recuerda que, según reiterada jurisprudencia del Supremo, las bases constituyen “la lex inter partes”. Es decir, “vinculan plenamente a la administración y no pueden ser modificadas mediante simples anuncios o instrucciones internas una vez iniciado el proceso”.

Fuentes de Inspección Médica consultadas por este periódico subrayan que forman parte de un cuepo de asesoramiento técnico que se rige “por la normativa establecida por el Gobierno de Canarias” y que son “las bases” las que tienen que determinar “si existe esa posibilidad” de externalización. Según ha podido saber este periódico, uno de los inspectores que suele realizar esos reconocimientos médicos estaba ejerciendo en esos momentos para otro cuerpo del que también forma parte y ello habría precipitado la decisión de poner la prueba en manos privadas. “Esta urgencia se entiende vinculada a la falta de respuesta a la plataforma, lo que conlleva un perjuicio irreparable para los afectados”, señala el colectivo.

Reproches en el Parlamento

Nayra Alemán (PSOE) ha preguntado este martes en el pleno del Parlamento de Canarias a la consejera de Seguridad del Gobierno regional, Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), por esa y otras presuntas irregularidades que la Fiscalía investiga por si de ellas pudieran desprenderse indicios de delitos de tráfico de influencias o prevaricación.

“Es responsable por acción u omisión”, ha reprochado Alemán a la consejera. La diputada socialista ha recordado que el colectivo de afectados ha denunciado irregularidades en todas las fases del proceso selectivo: por haber incluido preguntas fuera de temario; por la “falta de transparencia y la arbitrariedad” en la corrección de los exámenes (“donde aspirantes con las mismas respuestas tienen puntuaciones diferentes”); por haber puesto los reconocimientos médicos en manos privadas sin modificar las bases, o por la “no abstención” del presidente del tribunal, que, tal y como publicó Canarias Ahora, formó a aspirantes en los cinco años previos a la convocatoria pese a que las bases lo prohíben.

“El prestigio y la reputación de la Policía Canaria no pasan por su mejor momento”, ha finalizado su intervención Alemán.

En su réplica, Barreto ha asegurado que el cuerpo autonómico “es respetado, pese a que algunos intentan enfangarlo” y que, “como no puede ser de otra manera”, acatará “lo que diga el tribunal”.

En referencia a la presunta incompatibilidad del presidente del tribunal, ha explicado que todos sus miembros firman una declaración jurada “sobre si son idóneos o no” para el desempeño del puesto.

La consejera ha recordado que a estas oposiciones para el ingreso en la escala básica de la Policía Canaria se presentaron 1.544 solicitudes, se admitieron 379 y aprobaron 206 aspirantes. Como en anteriores ocasiones, la consejera ha insistido en que, una vez nombrado, el tribunal es “absolutamente independiente” y quien resuelve todas las alegaciones

Resoluciones de un alto cargo

A pesar de las palabras de la consejera, las últimas resoluciones del proceso selectivo, relacionadas precisamente con el reconocimiento médico, no están firmadas por el presidente del tribunal calificador, por el inspector Acosta, sino por un alto cargo del Gobierno de Canarias, Juan José Pacheco, responsable de Estudios e Investigación en la Consejería de Seguridad.

La primera convocatoria de pruebas médicas sí está firmada por el presidente del tribunal, que se mantiene en el puesto pese a haber sido recusado (junto a otra vocal) por el colectivo de afectados. Sin embargo, en las posteriores (de los días 12, 14 y 18 de noviembre) aparece la rúbrica de Pacheco.

Los afectados también han puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía. Señalan, por un lado, que sigue sin resolverse los escritos sobre la recusación de los miembros del tribunal mientras su presidente “mantiene la incompatiblidad”. Y, por otro, que el responsable de Estudios e Investigación no ostenta ningún cargo dentro del tribunal calificador y que, en caso de ausencia del presidente, hay un suplente nombrado a tal efecto. En este caso, un oficial de la Policía Canaria a quien no se ha llamado para tal fin.

A juicio de este colectivo, el cambio repentino de firma en las resoluciones del proceso selectivo constituye “un reconocimiento implícito” de que el presidente del tribunal “estaba actuando fuera de la legalidad”. “Al tener conocimiento de la irregularidad, en lugar de tramitar la abstención legal, se permite que firme un tercero sin competencia para ello”, concluye.