El Gobierno de CC-PP rechaza hacer correcciones al decreto de dependencia y el PSOE alerta de la “precarización acelerada” del sistema

Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI) han rechazado una moción del PSOE en la que se instaba a realizar una serie de correcciones al decreto que regula el procedimiento de reconocimiento de la dependencia en vista de la “precarización acelerada” del sistema.

La diputada socialista Elena Máñez ha esgrimido en el pleno del Parlamento regional que desde la entrada en vigor de dicho decreto no ha habido una mejora de la atención a los dependientes, y ha puesto el foco en el incremento de los desistimientos y caducidades de expedientes: 1.685 “han desaparecido” del sistema.

Esto sucede, ha proseguido Máñez, porque con el nuevo decreto se extingue el derecho a la prestación si en el plazo de tres meses no se hace efectiva.

También ha puesto el acento en el incremento en un 77% de las resoluciones de prestaciones económicas vinculadas al servicio, cuando la ley, ha añadido, dice que “esto debe ser algo excepcional” y que la norma ha de ser contar con una red de servicios públicos.

Y de las 27.528 prestaciones económicas reconocidas, “solo 8.869” usuarios las han podido hacer efectivas, lo cual es el paradigma de este “sistema low cost” hacia el que se avanza en Canarias: “que cada cual se busque la vida contratando un servicio que luego no existe pues no hay oferta necesaria”.

Un dato que, a juicio de Máñez, minimiza la importancia del incremento de los reconocimientos de programas individuales de atención (PIA), que el Gobierno de Canarias “da como churros”, porque “lo que no cuenta” es que de las 63.684 personas que tienen resolución “solo 46.827 han podido hacer efectivo su derecho”.

La diputada del PSOE ha afeado también al ejecutivo de CC y PP que siga sin haber firmado los convenios con los cabildos, y sobre la reducción de la financiación estatal al sistema de dependencia, ha dicho que es por el incumplimiento de una serie de indicadores de gestión.

Raúl Acosta (AHI) ha juzgado que la moción del PSOE parte de “un diagnóstico equivocado”, pues ignora que ha habido “avances objetivos”.

Ha esgrimido que se resuelven más PIAs “y con mayor rapidez”, que se ha eliminado parte del denominado “limbo administrativo”, y sobre las caducidades y desistimientos ha dicho que son en su mayoría “expedientes antiguos sin actividad real”.

Melodie Mendoza (ASG) ha coincidido en que la moción socialista obvia las “mejoras objetivas” operadas en el sistema de dependencia desde la entrada en vigor del nuevo decreto y ha concluido, a la vista de los datos, que “el problema no está solucionado, pero estamos en el camino correcto, rotundamente”.

Paula Jover (Vox) ha secundado los argumentos del PSOE aunque ha discrepado de la pretensión de “crear más mesas de trabajo y seguimiento”m porque lo que necesitan las personas dependientes es que el Gobierno “pise el acelerador y se esfuerce más”.

Natalia Santana (NC) ha opinado que el “decreto maravilla” de la consejera Candelaria Delgado es “un atajo chapucero que recorta derechos y maquilla cifras”.

Ha denunciado que esta “carrera por reducir las listas de espera” lo que provoca es una reducción de derechos y garantías, pues “¿quién puede cumplir un plazo imposible -para la prestación efectiva del servicio- en un sistema bloqueado?”, se ha preguntado.

David Morales (PP) ha puntualizado que el informe de la Asociación de directoras y gerentes en Servicios Sociales pone el acento en la falta de financiación estatal como uno de los motivos de la consolidación de un “sistema low cost”, y ha criticado “el empecinamiento” del PSOE canario por retornar a un “sistema slow motion” que arrojó peores cifras que las actuales.

“Si busca resultados distintos no haga siempre lo mismo”, ha zanjado.

Jana González (CC) ha hecho hincapié en que uno de los principales logros de las “medidas valientes” adoptadas por el ejecutivo regional es la simplificación burocrática.

Ha destacado la reducción de los tiempos de espera aunque ha dicho que no están del todo satisfechos, pues la intención es reducirlos a los seis meses fijados por ley, y sobre los desistimientos y caducidades ha dicho que existen en todas las comunidades.