La consejera presume de reducir a 478 días el tiempo de espera en Dependencia, pero aún hay más de 13.000 personas con derecho y sin recibir la prestación

La dependencia sigue generando una guerra de cifras entre el Gobierno de Canarias y la oposición. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha dado este jueves una rueda de prensa en la que ha presumido de haber reducido el tiempo medio de espera desde que una persona solicita la ayuda hasta que la percibe en 478 días. El dato es cierto, pero si se atiende a los datos oficiales del IMSERSO correspondientes al mes de septiembre se aprecia que en las Islas hay 57.996 personas reconocidas con PIA (Programa de Atención Individualizada) o lo que es lo mismo el documento en el que se reconocen los servicios que va a recibir la persona, pero hay 13.741 que no perciben la prestación efectiva y siguen esperando. 

Este periódico ha recibido quejas de usuarios que alegan haber tenido problemas con las empresas con las que se conciertan los servicios y que siguen esperando por la ayuda a la dependencia pese a tener una carta en la que se les reconoce el derecho. La oposición remarca que “se están reconociendo derechos, pero no se les da la prestación”. Este mismo jueves, la senadora Marta Arocha y la secretaria de Organización socialista Nira Fierro insistían en ello. 

La consejera de Bienestar social ha destacado en rueda de prensa que el acelerón a la dependencia se debe al nuevo decreto. Este dato es cierto en parte. Si atendemos a los datos del IMSERSO, se aprecia que en septiembre, hay más personas con derecho reconocido (64.382) y que personas sin PÍA son 6.385, una cifra que se ha ido reduciendo considerablemente. 

No obstante, ya los profesionales venían advirtiendo de que aunque el nuevo decreto viniera agilizar el incorporar a más personas al sistema no serviría de mucho si luego no había prestaciones suficientes que poder ofrecer a esas personas. En Canarias, al igual que en muchas otras comunidades autónomas, se opta por concertar la ayuda a la dependencia con empresas que, muchas veces no llegan a todo. “En Canarias no hay suficientes empresas para cubrir la demanda y, si en tres meses no se logra contratar por las personas en situación de dependencia, se les retira el derecho”, advierte el PSOE, por ejemplo. 

María Rosa Pulido, de la plataforma de residencias dignas de Gran Canaria también advierte de que las empresas muchas veces no llegan a todas las zonas. “Estoy luchando porque llegue a un domicilio que está en una zona rural”, insiste. Además, advierte del recorte de horas que cuentan algunos usuarios desde finales de año pasado y que ha documentado este periódico en otras ocasiones. 

Yolanda Cívicos, de Intersindical Canaria, también advierte de que la población en Canarias está envejecida y que los problemas en el área de dependencia son estructurales. “A lo mejor hemos agilizado y tenemos ya a la gente con su derecho reconocido. Pero el derecho social efectivo no lo tienen”, apunta.

Además, subraya que el personal de la comunidad autónoma destinado a Dependencia es siempre el mismo. Ahora, se ha anunciado la contratación de cien efectivos, pero son personas que vienen a sustituir a las del plan de choque a las que se les acaba el contrato en breve, personas que entran de nuevas y a las que habrá que formar.

Cívicos incide en que con el nuevo decreto no se está realizando el informe social, que cree que es clave y además se tiene que hacer dos procedimientos en uno. También incide en que la información de la carta de dependencia es muy engorrosa y que se da a la ciudadanía solo tres meses para que se haga efectivo ese derecho, un período muy corto. Laura (nombre ficticio) es una usuaria que explicaba a este periódico la angustia de esas semanas desde que se le concedió la carta con el grado hasta que contrató con la empresa el servicio de ayuda a domicilio, ya que el tiempo corría y no sabía si podía decaer su derecho. Además, cuenta las dificultades para comprender la carta que da acceso al derecho.

Guerra de cifras

La consejera de Bienestar Social destacó en la rueda de prensa de este jueves en Tenerife que “acusar a funcionarios públicos o al propio ministerio de mentir se sale de lo razonable”. Según recogió la agencia EFE precisó que desde julio de 2023 se han registrado 18.336 nuevas solicitudes de dependencia y se han emitido 21.828 resoluciones de grado, frente a las 13.813 del anterior Gobierno del Pacto de las Flores.

El PSOE le respondió que “20.000 prestaciones, de las que 13.000 son no efectivas, es decir, 13.000 PIAS falsos. En dos años han atendido solamente a 6.000 personas”.

“No sé de donde salen los datos”, insistió Arocha. “Estamos en el mismo punto que hace un mes y que hace un año, mentiras e intentando engañar las estadísticas. Los datos de dependencia son públicos”, remarcó. “Todo se sabe en esa base de datos”.