Dos ayuntamientos rechazan parte del decreto canario de vivienda mientras el Gobierno sigue ‘de ruta’ explicándolo

Los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa María de Guía han formalizado su rechazo a parte del decreto de vivienda aprobado por Coalición Canaria (CC) en febrero para responder a la emergencia habitacional con sendos anuncios en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Ambos consistorios se oponen en concreto a cuatro artículos de la normativa para proteger sus respectivos planes generales. Las decisiones de no aplicar dichas disposiciones llegaron a finales de mayo, mientras el Gobierno regional continuaba de ruta aclarando el texto por el Archipiélago.

Tanto la capital grancanaria como el municipio norteño de la isla redonda se oponen a los artículos 13, 14, 15 y 16 de la norma, que tiene 30 en total. Todos ellos plantean medidas para incrementar la disponibilidad de edificaciones para residencias. El primero permite convertir locales comerciales a viviendas; el segundo plantea lo mismo, pero con respecto a los inmuebles con uso predominantemente terciario; el tercero faculta a personas públicas o privadas aumentar la altura máxima de los bloques hasta que coincidan con los edificios colindantes y el cuarto consiente la división de casas en suelo urbano.

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el consistorio rechaza la disposición 13, muy cuestionada por expertos, por temor a introducir “elementos distorsionadores” en el tejido urbano. La corporación recuerda que los locales comerciales “forman parte de la red de espacios de relación” de las personas, los cuales “promueven la socialización, integración y convivencia intergeneracional”. Deshacerse de ellos para convertirlos en hogares iría en contra, añade el ayuntamiento, de la “potenciación y revalorización” de los servicios de corta distancia, aquellos que permiten a los vecinos satisfacer sus servicios básicos sin tener que recorrer más 15 minutos a pie entre ellos.

El ayuntamiento también reprocha que este artículo pudiera “conllevar un efecto no previsto de alza en los precios de locales comerciales” en zonas del municipio con alta demanda de vivienda y que la medida produzca “un aumento de la conflictividad derivada de la introducción del uso residencial a pie de calle”.

Prácticamente los mismos argumentos son utilizados para justificar la negativa a aplicar la disposición 14. La capital grancanaria y Guía, que coinciden en este punto, valoran “positivamente” la existencia de inmuebles cuyo destino sea “distinto” al habitacional y están en contra de una “zonificación” por usos (residenciales en un sitio, comerciales en otro) que incrementaría de forma obligatoria los desplazamientos, “lastrando las iniciativas para la implantación de un modelo de cercanía”.

“Derivado de lo anterior, la consecuencia a medio plazo sería la dificultad en la gestión del suelo y la ordenación de los nuevos crecimientos de la ciudad”, resumen ambos consistorios.

En lo que respecta al artículo 15, que permite aumentar la altura máxima de los edificios, las pegas se centran en que las calles, por los menos las de Las Palmas de Gran Canaria, ya son “desproporcionadamente pequeñas” para los inmuebles a los que dan servicios, problemática que “se vería agravada con el aumento de altura derivado” de la norma. También habría un “perjuicio y empeoramiento” de las condiciones de soleamiento y ventilación de las casas situadas en las plantas más bajas, inciden. Y, además, debido a que el decreto no excluye a los bienes inmuebles catalogados, incrementar su tamaño los pondría “en riesgo”.

Por último, la disposición 16, la medida que promueve la división de viviendas, es rechazada porque, al menos en el caso de la capital grancanaria, el Plan General de Ordenación (PGO) impide la subdivisión de domicilios en algunas zonas cuyo uso cualificado es el de vivienda unifamiliar y otras áreas con ordenaciones específicas. Con respecto a Santa María de Guía, más de lo mismo.

Ambas localidades son las primeras en Canarias en proteger su autonomía municipal frente al decreto de vivienda aprobado en febrero. Las dos están gobernadas por coaliciones entre PSOE y Nueva Canarias (Juntos por Guía en Guía) más Podemos en la capital de la isla redonda. Estas formaciones, en especial las dos primeras, con representación en el Parlamento canario, han sido muy duras con la norma estrella de CC para responder a la emergencia habitacional. Los socialistas, de hecho, junto a sus alcaldes y alcaldesas, rechazaron en bloque el texto. La Federación Canaria de Municipios (FECAM), no obstante, dice que no hay una tendencia como tal, de momento.

Es comprensible que no haya un posicionamiento hegemónico al respecto entre las entidades locales de Canarias porque el Gobierno regional ha estado de ruta explicando el decreto hasta hace bien poco. El Ejecutivo estuvo el 13 de junio en Lanzarote, el 5 de ese mismo mes en El Hierro y el 4 en La Palma. El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, liderada por Pablo Rodríguez (CC), han continuado aclarando la normativa entre los ayuntamientos porque antes de aprobarla no lo hicieron, denunció un informe externo de la FECAM.

Rodríguez ha expresado que el texto “busca dar respuesta al manifiesto desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda existente en el Archipiélago, facilitando la construcción de inmuebles públicos y privados”. Expertos consultados por este periódico criticaron la intención principal de la normativa, pensada en aumentar exclusivamente el número de inmuebles a la venta o en alquiler mediante la edificación o rehabilitación, y lamentaron la ausencia de medidas inmediatas, como la aplicación de topes a los alquileres o la captación de viviendas vacías.