El Cabildo de Tenerife recuerda que ni sus técnicos de Patrimonio ni la ULL encontraron valor artístico en el monumento a Franco

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha recordado este martes después de la decisión del TSJC de proteger cautelarmente el monumento a Franco, que ni los técnicos de Patrimonio de la corporación ni la ULL encontraron valor artístico en dicho monumento para declaralo Bien de Interés Cultural o que justifiquen su mantenimiento.

Martín asegura que queda a la espera de lo que determine la Justicia pero confía en que esa estatua “que ensalza la dictadura” pueda estar en “el lugar que le corresponde”.

El Cabildo determinó en 2022 que no se debía declarar Bien de Interés Cultural esa estatua en base a los documentos técnicos de Patrimonio y a un estudio encargó a la ULL. Según informó entonces, ambos estudios analizaron la importancia histórica de la producción escultórica de Juan de Ávalos, autor de la fuente, así como su impacto y repercusión en la historiografía del arte y de su presencia en las principales colecciones y centros de arte contemporáneo.

También se llevó a cabo un análisis técnico y formal de la escultura, de sus aportaciones formales y conceptuales en su contexto histórico y de su repercusión y visibilidad en las principales fuentes bibliográficas de arte contemporáneo, y se concluyó que el monumento a Franco, no posee valores artísticos excepcionales.

La asociación Miguel Arcángel, que ha llegado a poner carteles en las calles de Santa Cruz de Tenerife para defender el monumento a Franco (que describe en su página web como monumento a La Paz) recurrió ese expediente que suprimió la posibilidad de declarar BIC el monumento. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Santa Cruz de Tenerife lo desestimó.

Ahora es la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Tenerife la que ha estimado ese recurso y ha concluido proteger este vestigio en lo que se resuelve ese expediente de declaración de BIC.

La sentencia, con fecha de 13 de enero de este año y de la que es ponente el magistrado Juan Ignacio Moreno-Luque, llega después de que el Gobierno de Canarias informara de que estaba estudiando actuar de oficio ante la negativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de eliminar el monumento, como manda el catálogo de vestigios de Canarias. El consistorio confirmó la pasada semana que había recurrido también dicho catálogo ante su disconformidad con que aún no esté publicado en el Boletín Oficial el de todos los municipios de Canarias.