Clamor en LPGC contra la ''Justicia para ricos''
La oposición a las tasas judiciales es unánime entre el personal de Justicia y así lo han querido dejar ver en la mañana de este viernes jueces, abogados, secretarios judiciales, sindicatos y demás trabajadores del entramado judicial de Las Palmas de Gran Canaria. Dos concentraciones tuvieron lugar en las inmediaciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la primera convocada por la Junta de Personal de Justicia de la capital y, posteriormente, la llevada a cabo por todas las asociaciones de jueces y fiscales.
En estas no hubo espacio para la racanería en cuanto a las acciones empleadas para mostrar esta rotunda oposición a la iniciativa del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Armados con pancartas que exponían consignas como “la Justicia en lucha”, alrededor de doscientos profesionales del sistema judicial cortaron la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria en dirección sur durante varios minutos. Sorprendentemente, los vehículos parados por la iniciativa, lejos de expresar su enfado por las molestias ocasionadas, mostraron su apoyo a aqueyos que luchan por una Justica al alcance de todos.
“Todos los operarios jurídicos se han puesto de acuerdo para protestar por una ley injusta”, asevera el decano del Colegio de Abogados, Joaquín Espinosa, quien no tuvo reparos en indicar que el Gobierno pretende crear una frontera entre ricos y pobres en medio del derecho a la Justicia, amparado por la Constitución Española.
Muchos fueron los abogados que quisieron expresar sus pareceres al respecto de la ley de la discordia. Alicia Hernández, Inmaculada Medina, Esther del Rosario y Miguel Ángel Domínguez son una muestra de ello. “Esto es ridículo, el Estado quiere cargarse la clase media”, sostienen, indignados, al término de la manifstación, cuando la plaza de San Agustín del barrio capitalino de Vegueta se convirtió en un salón de debate improvisado al aire libre. “¡Ahora sale más caro recurrir una multa que pagarla!”, añaden sin preocuparse por disimular su cólera.
“Una persona que gana 1.300 euros no tiene derecho a la Justicia gratuita, pero es absurdo pensar que con ese sueldo pueda pagar 800 para una apelación, por ejemplo”. Con estas palabras evidencian lo repetido en multitud de ocasiones desde que se publicase en el BOE esta nueva medida del Estado: el Gobierno va a impedir el derecho a la tutela judicial efectiva.
El mismo día que se publicó en el BOE esta medida, el Gobierno de Canarias trasladó a los abogados su intención de rebajar los baremos de compensación económica de los abogados del Turno de Oficio, noticia que ha acrecentado la indignación de los letrados canarios: “Deberíamos darnos todos de baja del Turno de Oficio para ver cómo se las hacen para dar la asistencia gratuita”, mantiene Alicia Hernández.
Jueces, fiscales y secretarios rechazan una ley con precedentes franquistas
Las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios, convocantes de una de las manifestaciones que han tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria, han elaborado un manifiesto en el que denuncian “la grave privación de derechos que sufrirá el acceso ciudadano a la justicia, con esta ley cuyo precedente se remonta, en España, al año 1959 en plena dictadura”.
En este manifiesto, elaborado por Jueces para la democracia, Unión progresista de fiscales y el Sindicato de Secretarios Judiciales, exponen hasta diez puntos en los que denuncian un “ataque frontal al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”, una “restricción del uso del servicio público de la Justicia” y la conversión de la Justicia en “una herramienta recaudatoria”, entre otras recriminaciones al Estado.
En este exponen que las tasas que deberán pagar los ciudadanos no son retornables en ningún caso e, incluso, que los usuarios en ocasiones tendrán que pagar, además de las tasas impuestas por el Gobierno, las establecidad por las comunidades autónomas, ya que unas uno excluyen a las otras.