Derecho al Techo acusa al Gobierno canario de favorecer al sector inmobiliario en plena crisis de vivienda
El colectivo Derecho al Techo ha denunciado que el Gobierno de Canarias continúa “sin dar respuesta” a la crisis de acceso a la vivienda en el Archipiélago y, en su lugar, impulsa medidas que, a su juicio, benefician a inmobiliarias, entidades financieras y empresas constructoras.
La organización sostiene que la mayoría de la población canaria, especialmente la juventud, no puede afrontar los elevados precios del alquiler, lo que dificulta la emancipación. Según señala, quienes logran independizarse lo hacen en condiciones precarias, compartiendo vivienda o alquilando habitaciones, en muchos casos en riesgo de desahucio.
En este contexto, critican que las alternativas planteadas, como el acceso a la compra mediante hipotecas, quedan fuera del alcance de gran parte de la ciudadanía. “Las condiciones exigidas -ingresos estables, ahorro previo y buen historial crediticio- excluyen a la mayoría”, afirman. Además, apuntan que los costes asociados a la compra de una vivienda, que sitúan en torno a 25.000 euros adicionales para un inmueble de 250.000 euros, incrementan aún más la barrera de entrada.
El colectivo advierte de que estas políticas terminan beneficiando principalmente a las entidades financieras y a un sector reducido de la población con capacidad adquisitiva suficiente, mientras que el grueso de la ciudadanía queda al margen. También alertan de que las cuotas hipotecarias, que estiman en torno a los 1.000 euros mensuales, pueden derivar en situaciones de endeudamiento.
Derecho al Techo subraya que el precio medio de la vivienda en Canarias, para inmuebles de unos 90 metros cuadrados, oscila entre los 200.000 y 300.000 euros, lo que, a su juicio, contribuye a mantener un mercado tensionado y precios elevados. Asimismo, advierten de que, en caso de impago, se abre la puerta a la especulación y a la entrada de grandes fondos financieros.
El colectivo concluye que las actuales medidas “desvían la atención de la urgente necesidad habitacional” y tratan la vivienda “como un activo financiero en lugar de un derecho”. Como alternativas, proponen la aplicación efectiva de la ley de vivienda, la reducción de los precios del alquiler, la movilización de viviendas vacías, la prohibición de la compra por fondos de inversión y la ampliación del parque público de vivienda, así como la declaración de zonas tensionadas y la limitación de la turistificación.