Salvado por la campana. El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, declaró ante el Gobierno de Canarias su patrimonio tres días antes de que acabara el plazo legal para hacerlo. Tenía hasta el 31 de octubre, cuando se cumplían tres meses desde su nombramiento. Y lo hizo el día 28 de ese mismo mes. En caso de haberse excedido, habría incurrido en una infracción leve, penalizada con una amonestación.
Goya ha declarado poseer unos activos de 179.118,87 euros, repartidos en bienes inmuebles (121.830,76 euros), su cuenta corriente (34.771,90 euros), rentas temporales o vitalicias (15.318,21 euros) y joyas y pieles de carácter suntuario, vehículos, embarcaciones y aeronaves (7.198 euros). Ninguno de esos importes proviene de herencias, legados o donaciones. Tampoco reporta deudas.
Los altos cargos del Ejecutivo autonómico están obligados a declarar su patrimonio bajo su “expresa responsabilidad, veracidad, certeza y actualidad de los datos que figuran consignados”. Pueden hacerlo ante notario o ante el propio registro del Gobierno. Los servicios de inspección solo actuarían si tuvieran “conocimiento de una presunta infracción” en la información presentada.
Goya no estaba obligado a presentar su declaración de bienes y actividades como gerente del Hospital Universitario de Canarias (HUC), el puesto que ocupó en los dos últimos años, porque los máximos responsables de los complejos hospitalarios del Archipiélago no se encuentran entre los supuestos recogidos como “altos cargos”.
Pero como director del SCS ha tenido que hacerlo dentro de sus primeros tres meses en el cargo. También está obligado cuando se produzca una “variación” sustancial de su patrimonio a raíz de la adquisición de bienes tasados por encima de su salario anual y en el momento del cese. Su declaración de casi 180.000 euros en activos es hasta siete veces más elevada que la de la consejera de Sanidad, Esther Monzón, cuyo patrimonio asciende a 26.112 euros.
No es la primera que Goya es noticia esta semana por su renta o patrimonio. El Tribunal Constitucional suspendió este mismo martes el blindaje salarial que el Gobierno de Canarias había colado en los presupuestos de 2025 para que los gerentes sanitarios y el director del SCS pudieran cobrar lo mismo que percibían en su anterior puesto, ya fuera en el ámbito público o en el privado, por cuenta ajena o propia.
El Tribunal Constitucional admitió a trámite varios recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno de España contra diversas normas autonómicas, entre las que se encuentra la que establece los cuentas del Archipiélago. En ese texto, una disposición modificaba la Ley de Ordenación Sanitaria, aprobada en 1994, para que el salario de altos cargos sanitarios fuera por lo menos el mismo que el de su anterior puesto.
El Ejecutivo coló esa reforma, además, con carácter retroactivo, con aplicación desde el 1 de julio de 2023, justo el mismo mes en el que Goya tomó posesión como gerente del HUC. Anteriormente había ejercido como coordinador de una terminal de contenedores en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con una retribución mucho más elevada de la que percibía hasta esa fecha la persona que ocupaba la gerencia del hospital público de referencia para la población norte de Tenerife.