Se encienden todas las alarmas sobre salud laboral en la Autoridad Portuaria de Las Palmas
Ha tenido que ser la Inspección de Trabajo la que obligara a la Autoridad Portuaria de Las Palmas a hacer un estudio de prevención de riesgos para detectar lo que desde hace años es un clamor en ese organismo público: que la política de recursos humanos está convirtiendo el organismo en una olla a presión sin que por parte de las personas que tienen responsabilidades, en este caso la presidenta, Beatriz Calzada, actúen.
Según ese estudio, realizado el pasado mes de mayo por la propia Autoridad Portuaria a instancias de la Inspección de Trabajo, el 29,4% de los trabajadores percibe conflictos interpersonales de forma frecuente o constante y que un 24,3% manifiesta experimentar violencia psicológica con esa misma frecuencia. Lo que parece lógico en una organización cuya jefe de Recursos Humanos acumula al menos siete denuncias por acoso laboral sin que por parte de la dirección se adopten medidas de algún tipo para corregir una constante que conduce a los autores del estudio a emplear términos como “preocupante” o “alarmante”.
En la encuesta participaron 218 personas de las 335 que componen la plantilla, es decir, un 65.07%, lo que se considera una participación media-alta. Esto supone que alrededor de ochenta trabajadores de la Autoridad Portuaria de Las Palmas están expuestos regularmente a situaciones de violencia psicológica, lo que debería obligar a activar el protocolo de prevención del acoso y violencia en el trabajo, en caso de existir, o revisarlo si ya está implantado, porque no está funcionando.
Según las conclusiones de ese estudio, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la causa principal del problema es de tipo organizativo. Se detecta una grave falta de participación de la plantilla en las decisiones y una preocupante falta de claridad en los roles de los puestos de trabajo. No se trata de un problema individual generado por la actitud de los empleados, dice el estudio, sino de fallos directos en el diseño de la organización.
De ahí que se recomienden cambios estructurales profundos en la comunicación, en la definición de los roles que ha de asumir cada persona trabajadora, así como la gestión de la carrera profesional. Las medidas enfocadas al bienestar profesional, como talleres de gestión del estrés o mindfulness (atención plena) se consideran insuficientes si no se acometen previamente esos cambios.
El informe destaca, además, que la responsable de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas acumula al menos siete denuncias por acoso en los últimos tres años, algunas de las cuales están bajo investigación penal y se señala a la presidenta del organismo por no haber tomado ninguna medida al respecto, ni siquiera respecto a una sentencia firme que la obligaba a adoptar cambios en la política laboral.
Patada hacia adelante
La postura de Beatriz Calzada ha sido señalada nuevamente por los sindicatos recientemente tras una reunión con el comité de empresa. Según un comunicado del CSIF enviado a sus afiliados, “la presidenta no muestra ninguna intención de avanzar en ningún asunto. Como siempre, vuelve a plantear posibles soluciones a todo lo solicitado, a futuro lejano, los mismos planteamientos que ya ha utilizado desde hace varios años sin que haya puesto nada en marcha. Está claro, que pretende como siempre, seguir la táctica de la patada hacia adelante y ya veremos si se olvidan”.
Haciéndose eco del informe de salud laboral, este sindicato de funcionarios se queja de “la desorganización y el descontrol que reina en la Autoridad Portuaria, fruto de una ineficacia y falta de capacidad de Presidencia, Dirección y Jefatura de Recursos Humanos y Organización, para solventar los graves problemas laborales y organizativos que tenemos, amparando las prácticas oscurantistas y la desigualdad de trato propiciada entre los trabajadores, que ha conllevado un clima laboral tóxico e insalubre”.