El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (ODESOCAN) ha elaborado recientemente un informe que analiza la relación entre las condiciones actuales de la vivienda, las dificultades de acceso a la misma y su incidencia sobre la salud mental en Canarias. El documento recuerda que en las islas el tiempo para comprar una vivienda se ha incrementado en cuatro años y alerta de que por cada euro que aumenta el alquiler se incrementan los trastornos de salud mental.
El estudio muestra diversas barreras para acceder a la vivienda, entre ellas factores económicos, fiscales y sociales, además de cómo el surgimiento de las burbujas de alquiler, la presión turística y las condiciones laborales vinculadas al sector servicio, se encuentran asociadas a un incremento en los trastornos ligados a la salud mental.
El estudio también se centra en el modo en que la falta de acceso a la vivienda afecta a las mujeres y a su salud mental, y detalla, entre los motivos: su contexto socioeconómico, que las vincula a profesiones con salarios más bajos (infrarremuneradas) al estar ligadas al sostenimiento de la vida a través de los cuidados; la precarización laboral y los roles de género, con dobles y triples jornadas; el “techo de cristal” y el “suelo pegajoso”, mecanismos sociales que llevan a las mujeres a tener menos horas de trabajo reconocidas y remuneradas, así como peores ingresos y recursos, lo que dificulta el acceso o mantenimiento de la vivienda; o factores como la brecha salarial, que en Canarias según el Instituto Nacional de Estadística (INE) es del 8,9%, lo que significa que las mujeres cobran 1.013 euros menos que los hombres en el archipiélago, generando un contexto de violencia y dependencia económica que impide su plena autonomía. Para entender mejor este dato a nivel nacional, se debe pensar que para igualar el salario de un hombre, una mujer tendría que trabajar aproximadamente 48 días más al año.
El estudio señala que las mujeres, al tener menos recursos o verse desprovistas de ellos para ejercer el derecho a la vivienda, son más susceptibles a una mayor prevalencia de trastornos ligados a la salud mental. “En 2025, la prevalencia de trastornos de salud mental aumentó más acusadamente en mujeres, con un incremento de 8,6 puntos porcentuales desde 2013 (alcanzando el 23,8% en 2025), frente a un aumento de 5,6 puntos porcentuales en hombres (alcanzando el 13,1% en 2025)”. Esto resulta en una brecha de género de 10,7 puntos porcentuales en la prevalencia de trastornos.
La literatura académica consultada por el ODESOCAN, para el apartado de cómo afecta a las mujeres la falta de acceso a la vivienda, refiere que esta mayor prevalencia en ellas se debe a la carga laboral combinada con los cuidados en el hogar (tanto a menores de edad como a personas mayores), así como a que “los roles de género las exponen en mayor medida a eventos traumáticos a lo largo de su vida”.
El informe destaca que la medicalización de las mujeres ha sido ampliamente documentada históricamente, atribuyéndoles estereotipos de “excesos de emocionalidad” y patologizando experiencias cotidianas. Como resultado, las mujeres tienden a recibir con mayor frecuencia diagnósticos comunes como ansiedad y depresión, acompañados de tratamientos con antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. “Esta gestión sanitaria a través de la medicalización ocurre a menudo sin la mediación suficiente de profesionales, como psicólogos”, plasma el documento.
Para conocer las líneas de actuación propuestas a la luz de los resultados por el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, este periódico ha contactado con su directora, Emma Colao. Para ella y su equipo, las medidas a tomar son claras. “Nosotras entendemos es que el Gobierno de Canarias tiene que hacer una gran división entre lo que pretende y lo que realmente hay que hacer”, explica. “Cada vez que se alude a la cuestión de la vivienda, habla de construcción de vivienda pública y nosotras no estamos en contra de esa medida, pero lo que no podemos hacer es tapar el sol con un dedo, ya que hay 51.000 viviendas vacacionales en Canarias, 211.000 viviendas vacías, es decir, 260.000 viviendas sin uso residencial”.
Colao explica que en hipotético caso de que las personas que actualmente no tienen acceso a la vivienda, o dificultades, pudieran vivir en casi 300.000 viviendas vacías, “se reduciría la saturación en la atención primaria en Canarias y, por tanto no tendría sentido que incrementáramos tanto las partidas en Sanidad y podríamos dedicarnos a la prevención del derecho en vez de a diagnosticar y patologizar las vivencias cotidianas de la gente”, asevera.
La directora del ODESOCAN también se ha referido al problema que atraviesa el archipiélago en relación al uso y cantidad de viviendas vacacionales. “En Canarias se tiene que extinguir la licencia de la vivienda vacacional. No es posible sostener un modelo de vivienda donde se diferencia entre derecho, propiedad y usabilidad de la propiedad. Canarias no puede permitirse 51.000 viviendas en régimen de vivienda vacacional”.
Proponen, no tanto meterse a determinar a quíen procede o no procede la propiedad, porque, admite, “eso sería otro debate”. “Estamos hablando de que las licencias de vivienda vacacional son licencias públicas y, por tanto, el gobierno de Canarias tiene que declarar Canarias como zona tensionada para poder arbitrar medidas extraordinarias que le permite la ley estatal de vivienda cuando confiere a las comunidades autónomas la capacidad de declarar las zonas tensionadas para que se elimine por completo las licencias de vivienda vacacional”.
Coalo advierte también que este estudio se ha desarrollado utilizando variables desagregadas por género como la prevalencia de trastornos de salud mental, el salario medio, los ingresos medianos y el tipo de jornada laboral. Sin embargo, el informe también señala que variables como el consumo de hipnosedantes y antidepresivos, el Índice Multidimensional de Calidad de Vida y el número de visitantes anuales no están desagregadas por género por parte de las instituciones encargadas de los datos estadísticos, lo que limita análisis más exhaustivos y el desarrollo de políticas específicas. Esta omisión es vista desde el ODESOCAN como una “violencia institucional hacia las mujeres por omisión”.
El documento destaca datos como que en las Islas, una persona debería empezar a trabajar desde los diez años si quiere independizarse a la edad promedio de la UE que es a los 26,4 años. Asimismo, recalca que el Archipiélago es la séptima comunidad autónoma con mayor consumo de antidepresivos con 104,09 cada 1.000 personas, lo que la sitúa por encima de la media estatal que es de 103,7.