Los graduados sociales de Gran Canaria y Fuerteventura consideran “preocupante el deterioro de los servicios” de la Seguridad Social
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura ha reclamado este jueves una mejora en la atención a profesionales y ciudadanos en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Durante la pandemia, explica esta organización, los graduados sociales “asumieron un manifiesto compromiso con la sociedad solventando, ante una situación cambiante y de incertidumbre, tantos procesos y novedades que permitieran la continuidad del sistema y garantizando el sustento de tantas familias con la tramitación de los famosos ERTE”. Por ello, Fermín Ojeda, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, señala que “la excepcionalidad de la pandemia ya ha terminado y sin embargo seguimos padeciendo con la administración situaciones anómalas que en base a nuestro principio de Justicia Social consideramos inadmisibles”.
Los principales perjudicados de la “precariedad de la atención” en ambos organismos son los ciudadanos, explica el Colegio, porque han sufrido la limitación a la presencialidad y la “normalización” de unas colas que se derivan claramente de la falta de medios materiales y humanos.
Los graduados sociales, explican sus representantes, vienen sufriendo una “sobrecarga de trabajo” que tiene su origen el suplir las deficiencias de personal de la propia administración: “Se nos adjudican nuevas funciones y tareas sin tan siquiera hacernos partícipes”, apunta Ojeda, quien añade que la administración ignora que sus cambios normativos carga de responsabilidades a estos profesionales e implican más dedicación, que “se traduce en horas de trabajo de los graduados y los empleados de nuestros despachos”.
El Colegio critica que se abandere el apostar por la conciliación y por la reducción de las jornadas laborales, mientras los graduados sociales ven peligrar su derecho al descanso y a la desconexión digital, “cuando se publican normas los viernes o sábados que entran en vigor el mismo día, o el inmediato siguiente”, o “reglas” de carácter interno de interpretación de la norma (BNR) que, en algunas ocasiones, “complican aún más la compresión de la propia norma, generando inseguridad jurídica. O mediante modificaciones de la norma que nos obligan a modificar tareas ya realizadas (modificación de bases, etc.)”.
Las relaciones entre la administración y los graduados sociales ha sido históricamente fluida, señala el organismo, pero también indica que “en los últimos años y debido a la fuerte modernización tecnológica de la administración, la limitación de la presencialidad, junto a la falta de medios materiales y humanos en las administraciones, se ha traducido en un cambio en las relaciones, que, pese a su intención positiva en cuanto mejorar los procedimientos, no se dota de las estructuras adecuadas, dejando de atender presencialmente a los profesionales”. Esto, resalta el Colegio, constituye un “entorpecimiento en la resolución de los problemas que surgen, y que antes se solucionaban acudiendo a las oficinas y tratando el problema con el funcionariado”.
Recuperar la presencialidad
La administración, prosigue, “lejos de encauzar la modernización que pretende contando con la experiencia, capacidad y formación de los graduados sociales, legisla sin previo conocimiento de lo que suponen esas reformas o nuevas obligaciones en tiempos de estudio, ejecución y trabajo, situando a nuestro profesionales en un verdadero colapso”.
El Colegio insiste en que para solucionar estas cuestiones es necesaria una comunicación “más fluida” con la administración, con citas presenciales que permitan como profesionales trasladar las consultas que surgen fruto de los propios cambios normativos; así como una atención especializada que ayude a ofrecer un mejor servicio en el asesoramiento y trámites a los clientes, empresas, trabajadores y ciudadanos.
Este servicio de atención a los profesionales “es importantísimo y necesario”, señala el presidente del Colegio. De lo contrario, continúa, “se perpetúa la desprotección por parte de la administración a los graduados sociales que, ante lo novedoso de la materia o la versatilidad interpretativa de la norma originada por la propia administración, puede derivar en errores, recargos, multas o incluso reclamaciones de responsabilidad civil a los profesionales”.
La modernización de la administración pública debe servir para ser más eficaz y eficiente, defiende el Colegio, para lo cual es necesario evitar trámites innecesarios como exigir datos que ya consten en bases de datos de otras administraciones y evitar la dilatación en el tiempo de resoluciones de gestiones que requieren de una pronta tramitación. “No deben olvidar que es imprescindible contar y colaborar con nuestro colectivo profesional, ya que podemos aportar soluciones para mejorar la gestión de estas administraciones”, insiste el organismo.
En este sentido, cuenta con el Consejo General de Graduados Sociales de España y con los colegios provinciales de Graduados Sociales, ya que la solución en muchos casos no depende de las direcciones provinciales, sino de la Dirección General en Madrid o del propio Ministerio, “que es quien debe facilitar los medios humanos y técnicos para cumplir con su obligación institucional de facilitar a empresas, trabajadores y ciudadanos el que puedan realizar sus trámites antes esas administraciones con la máxima celeridad y eficacia”.
El Colegio de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura demanda al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que disponga los medios económicos, técnicos y humanos necesarios para que pueda cumplir su cometido sin que sean los graduados sociales los que cubran estas carencias, destacando la necesidad de un canal de comunicación fluido y personalizado con las distintas administraciones de ese Ministerio, lo que facilitaría la pronta resolución de las solicitudes y trámites de nuestros clientes ante la administración.