Idealista sí vale para medir el alquiler, pero no para declarar zonas tensionadas: el doble rasero del Gobierno de Canarias
Desde que la solicitud formal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para ser declarada zona tensionada llegó al Gobierno de Canarias (enero de 2025) hasta que ha sido sometida a información pública (octubre de 2026) han transcurrido más de 600 días. El plazo supera ampliamente el de otras ciudades que realizaron el mismo trámite. En Bilbao, entre la solicitud y la declaración pasaron 132 días; en A Coruña, apenas 52.
La diferencia es abismal. Y la principal causa de la eternización del procedimiento en la capital grancanaria ha sido el rechazo del Ejecutivo regional, formado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), al uso de datos de portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa para justificar que el mercado del alquiler está tensionado.
La Administración liderada por Fernando Clavijo (CC) cree que esas cifras “no son confiables” porque reflejan los precios de salida (es decir, los que se anuncian en la oferta), pero no las rentas que finalmente se acuerdan en las operaciones, ya sean de compraventa o de alquiler. Así lo recoge un informe del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas encargado por la empresa pública de vivienda social del Archipiélago, Visocan.
Pero el Gobierno regional sí recurre a esa misma fuente en uno de sus informes sobre la situación de la vivienda en las Islas, publicado en el Observatorio Canario de la Vivienda. En él utiliza datos de Idealista para estimar que el precio del alquiler en Canarias aumentó un 54% entre 2020 y 2025 y concluye que el mercado está “mucho más presionado que el español en su conjunto”.
También dice en ese análisis que “la escalada del precio del alquiler en los últimos años es ligeramente superior al de la compraventa”. Y cifra las subida del coste en la última década en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas en un 144% y un 106%, respectivamente.
La negativa del Gobierno de Canarias a aceptar los datos de los portales inmobiliarios en las solicitudes para declarar zonas tensionadas no es exclusiva. Hizo lo mismo la Xunta de Galicia (también gobernada por el PP) con la primera solicitud de Santiago de Compostela, basada en cifras de Idealista.
Pero ni la ley estatal de vivienda, del año 2023, ni la norma que regula el procedimiento para declarar zonas tensionadas en las Islas, de 2025, exigen que los datos sean oficiales o públicos. Tan solo que muestren “los precios en el alquiler y venta de diferentes tipos de viviendas y su evolución en el tiempo” y que permitan “medir la evolución del esfuerzo económico que tienen que realizar los hogares para disponer de una vivienda digna y adecuada”.
El uso de estas cifras está, además, ampliamente extendido entre los académicos. Alejandro Armas, doctor en Geografía por la Universidad de La Laguna (ULL), defiende que son datos “reales” porque constituyen “la principal fuente de los alquileres” en Canarias. Su utilidad, dice, es relevante en una comunidad donde históricamente ha habido un déficit de datos oficiales sobre el arrendamiento, al tratarse de “una sociedad basada prácticamente en la propiedad en la que no ha habido ningún interés en la protección de las personas inquilinas”.
De hecho, la falta de información que denuncia Armas persiste en el Archipiélago. La mayoría de los propietarios no deposita en el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) la fianza correspondiente a los contratos de arrendamiento (pese a que la ley autonómica de vivienda de 2014 lo exige) que permitirían identificar quiénes son los caseros y cuánto cobran por sus viviendas.
En cambio, comunidades como Catalunya, Euskadi, Galicia o Navarra sí cuentan con registros de este tipo. En todas ellas, las solicitudes para declarar zonas tensionadas se apoyan en sus propios datos sobre fianzas, como los del Instituto Catalán del Suelo (INCASOL) o los de la Estadística del Mercado de Alquiler (EMAL), del Gobierno vasco.
Eso en Canarias es imposible. Así que la alternativa pasa por recurrir a las cifras del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), un indicador oficial basado en las declaraciones de ingresos por arrendamiento recogidas por la Agencia Tributaria. Aunque tiene una contrapartida: sus datos llegan con retraso, ya que la información se publica dos años después de la declaración. El valor más reciente disponible es el de 2024. Y eso, en plena emergencia habitacional, no ayuda.
“No debemos olvidar que [la declaración de zona tensionada] es una medida de emergencia. Por lo tanto, es un problema que se está dando ahora y, si se dilata por los motivos que sea, lo que hace es no atender precisamente a la emergencia”, apunta el geógrafo Víctor Jiménez, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Jiménez, al igual que Armas, sostiene que España ha sufrido un “déficit estructural, no solo de vivienda, sino de datos sobre ella”, y cree que se tiende a confundir que una cifra sea oficial con que sea rigurosa o ajustada a la realidad.
El geógrafo reconoce que la crítica hacia los portales inmobiliarios por mostrar únicamente precios de salida o de oferta (lo que pide el propietario) “puede tener fundamento”. Pero lanza la misma sospecha sobre las fuentes oficiales.
“Si el Ministerio o el Instituto Nacional de Estadística (INE) me ofrecen un dato sobre el precio real del alquiler, me están dando el importe de la renta mensual que figura en el contrato. Pero cabe preguntarse: ¿ese dato es real? ¿Refleja la realidad? Porque también sabemos que existen muchos contratos verbales, o que hay una parte del contrato [que se paga] en A y otra en B”, razona Jiménez.
Y añade: “Lo mismo ocurre con los datos de los portales inmobiliarios. Un propietario que dice que el precio de salida es de 500 euros, no sabemos si se cerrará el contrato en ese precio o no. Sabemos que, en la venta de un inmueble, el precio final puede reducirse porque las ofertas se hacen a la baja. Pero en el alquiler podría ocurrir incluso lo contrario: que, por culpa de la gran competencia, el precio real sea incluso superior”, remacha el investigador.
Tras el rechazo al uso de datos de portales como Idealista o Fotocasa, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aportó un nuevo estudio basado en cifras oficiales, no sin antes cuestionar al Gobierno de Canarias por la restricción que había impuesto.
El Consistorio remarcó que “en ninguno de los textos jurídicos” se especifica la fuente de la que debe extraerse la información e indicó que el uso de los portales inmobiliarios se basa en “un indicador directo: el precio de ‘comercialización’ de la vivienda”.
La Corporación capitalina señaló, además, que el propio Ministerio de Vivienda emplea estas cifras en los boletines especiales de alquiler residencial que publica anualmente. Y, por último, explicó que su objetivo al recurrir a estos datos era analizar “el esfuerzo en las condiciones de accesibilidad del mercado inmobiliario a partir de la comercialización y los precios ofertados”.
La información del SERPAVI, no obstante, muestra “el comportamiento del mercado a partir de los precios generados en los contratos de arrendamiento preexistentes y la declaración de sus resultados”. Son indicadores distintos.
Aun así, en ambos estudios presentados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad está tensionada, según los criterios de la ley estatal de vivienda. Es decir, la carga del alquiler más los gastos básicos supera de media el 30% de los ingresos. El primer estudio, basado en portales inmobiliarios, fue presentado en enero de 2025 y analizó la evolución desde 2015 hasta 2023. El segundo, fundamentado en datos oficiales, utilizó las estadísticas del SERPAVI para el periodo 2020 a 2023.
El informe del Colegio de Economistas, no obstante, rebaja el esfuerzo al 24,12%. O sea, según sus cálculos, los residentes en Las Palmas de Gran Canaria solo dedican uno de cada cuatro euros de sus ingresos al alquiler y a los gastos básicos, como el agua o la luz.
Este análisis es fruto de un convenio entre Visocan y el Colegio de Economistas de Las Palmas por el que este último se comprometió a elaborar informes “objetivos, independientes y técnicamente fundamentados” sobre los estudios presentados por los ayuntamientos en sus solicitudes para ser declarados zonas tensionadas. Fue firmado en junio de 2025 y tiene una vigencia de dos años, prorrogable anualmente si ambas partes están de acuerdo.
El convenio llegó poco después de que el Gobierno de Canarias aprobara la norma que obliga a los ayuntamientos a elaborar sus propios informes técnicos para solicitar la declaración de zona tensionada. La Federación Canaria de Municipios (FECAM) siempre se había opuesto a esta exigencia por la falta de recursos para llevar a cabo esos estudios. Hasta ahora, solo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el municipio más poblado del Archipiélago, ha elaborado uno.
Pero tanto su solicitud como las que pueda presentar cualquier otro consistorio serán fiscalizadas por el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas, el “órgano externo de validación técnica” en el que ha confiado el Gobierno de Canarias, que ha mostrado resistencia a la aplicación directa de topes al alquiler desde que CC y PP llegaron al poder.