Clavijo sigue en contra de declarar a Las Palmas de Gran Canaria zona tensionada: “No va a servir de nada”
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), ha afirmado este martes que, si reúne las condiciones, se aceptará la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de declarar a la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, pero, ha advertido, “no va a servir de nada”.
Así ha respondido Clavijo este martes en el Parlamento al diputado del grupo Socialista Sebastián Franquis, quien ha acusado al presidente de actuar “como un medianero” de los intereses privados porque, en la crisis habitacional, ha elegido estar del lado de quienes se benefician de esta situación.
La petición de declarar zona tensionada a Las Palmas de Gran Canaria, realizada en diversas ocasiones por el Ayuntamiento al Gobierno de Canarias (que es la administración competente en el asunto), se ha encontrado con obstáculos desde el inicio, hace ya año y medio. El Ejecutivo que preside Clavijo ha requerido al Ayuntamiento informes y datos que no contempla la Ley estatal de Vivienda, retrasando con ello la tramitación solicitada por la administración local, una declaración de zona tensionada que permitiría, entre otras cuestiones, poner un límite a los precios de los alquileres.
Sin embargo, Fernando Clavijo sigue enrocado en su rechazo a la Ley estatal de Vivienda, que, cabe recordar, no se aplica en las Islas. De hecho, el Gobierno de Clavijo anunció que la recurriría en los tribunales, cosa que no hizo porque se le pasó el plazo para hacerlo. Ningún municipio en Canarias ha obtenido del Gobierno de Clavijo la declaración de zona tensionada, y eso pese a que el propio Ejecutivo de CC y PP declaró la emergencia habitacional en las Islas.
Su respuesta a esta crisis fue crear un decreto propio para construir más (incluso en suelo rústico o destinado a dotaciones como parques, jardines o centros de salud) y más rápido, dando alas al sector privado, pues “hay una necesidad mayor de construir viviendas que parques”, según lo expresó el consejero de Vivienda al presentarlo. Dicho decreto no incluye ninguna medida para evitar la acumulación de viviendas, la venta de viviendas a extranjeros o la especulación; tampoco el devolver al mercado las 200.000 viviendas varías que se calcula que hay en las Islas. Y así, el precio de las viviendas y los alquileres sigue disparado en las Islas. De hecho, es la región donde más suben.
Clavijo ha considerado “un poco cínico” que Franquis le cuestione por la política de vivienda tras “el fracaso absoluto”, según él, en esta materia del anterior Gobierno regional, en un área de la que era responsable el portavoz socialista. Sin embargo, hay que recordar que fue en la pasada legislatura cuando se pusieron en marcha nuevos proyectos de construcción de vivienda pública tras una década estancados, precisamente, con Clavijo de presidente. Algunas de esas viviendas, ahora terminadas, son las únicas que se han entregado en esta legislatura a sus propietarios.
Clavijo ha dicho que resolver este asunto es complicado, pero le ofrece dos soluciones “que están en sus manos” [del PSOE] para aliviar el problema. La primera es que el Gobierno estatal derogue la Ley de Vivienda, que a su juicio, es la responsable de expulsar del mercado del alquiler a cientos de miles de propietarios. De nuevo, hay que recordar que esta Ley no se aplica en Canarias. Y la segunda, que el silencio administrativo cuando se solicita una licencia sea positivo.
Clavijo ha afirmado que el mayor tenedor de vivienda en Canarias es Visocan (la empresa pública de vivienda), pues no hay grandes tenedores en las Islas y los pocos que hay no tienen miles de inmuebles. Los datos desmienten a Clavijo. Un informe del Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC publicado este mes de abril desvela que las dos capitales canarias registran la mayor concentración de multiarrendadores de viviendas del país: el 64,9% de los caseros con más de dos propiedades. Otro dato: según el Catastro, en Canarias hay 81.632 casas en manos de grandes tenedores, propietarios que poseen más de diez inmuebles de uso residencial. Esa cifra supone el 8,2% del parque total de viviendas del Archipiélago (999.056), lo que sitúa a las Islas como la comunidad con el porcentaje más alto de concentración inmobiliaria del país, algo que Clavijo ha negado este martes en sede parlamentaria.
Tras culpar al Gobierno central, Clavijo ha señalado después a las administraciones locales. Según él, su “Gobierno ha hecho lo que ha podido” en este ámbito, que es habilitar espacios para facilitar la obtención de licencias pero, ha añadido, los ayuntamientos “se han negado”.
Ha añadido al respecto que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva más de un año hablando de la solicitud de zona tensionada pero “no han sido capaces de presentar” el trámite oportuno hasta marzo de este año, por lo que ha ironizado con que “se han puesto nerviosos porque se acerca la campaña electoral”. Sin embargo, no ha explicado por qué no se ha aceptado aún esa solicitud.
Lo que deben reconocer los socialistas, ha añadido Clavijo, es “que fracasaron, se equivocaron y fue un error tremendo la ley de Vivienda” (que no se aplica en las Islas), para insistir en que para activar la construcción y aumentar la oferta deben regular el silencio administrativo positivo.