La Justicia hace autocrítica
El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, ha reclamado este lunes la adopción de medidas “firmes y efectivas” para luchar contra la corrupción ante el “hartazgo” de los ciudadanos por el “aprovechamiento de los escasos bienes comunes por parte de unos pocos”.
En el discurso que ha pronunciado en el acto de apertura del Año Judicial 2013-2014, Garrido ha considerado que, para ello, el aumento de los controles internos administrativos y empresariales, así como el reforzamiento de la jurisdicción contencioso administrativa, deben jugar un papel relevante.
Para Garrido, la flexibilidad organizativa del Ministerio Fiscal también puede ser decisiva en la lucha eficaz contra una criminalidad cada vez más organizada y especializada, y es necesario avanzar en esta línea.
El responsable del Ministerio Público en Canarias ha resaltado el papel “esencial” que está desempeñando en este ámbito la Fiscalía Anticorrupción, así como las secciones de Medio Ambiente y Urbanismo, Delitos Económicos y contra la Salud Pública,
Garrido citado como ejemplos en la provincia de Las Palmas los casos “Eolo”, “Faycán” o “Unión” y sus piezas separadas, la operación “Yate”, la judialización del caso del Vertedero del Salto del Negro o el caso “Emalsa” o el de los “Floteros”.
También ha subrayado el compromiso de la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife contra este tipo de delitos, con casos como el “Las Teresitas” o el de “Arona” o las investigaciones efectuadas contra la extracción ilegal de áridos y la persecución de licencias ilegales para la demolición de edificaciones, entre otros.
No obstante, Vicente Garrido ha apelado a la responsabilidad de las personas que ejercen una profesión con relevancia pública para “no levantar falsas expectativas en la ciudadanía cuya frustración se traduzca en una desafección injustificada y generalizada hacia los servidores públicos”.
La honradez y profesionalidad de los servidores públicos no puede ser permanentemente cuestionada “por los pescadores en río revuelto, que desde el sectarismo más profundo solo ven la paja en el ojo ajeno”, ha afirmado Garrido.
Causas pendientes
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro, ha considerado por su parte que se debe aprovechar la estabilidad que se ha producido en el crecimiento de los litigios en las islas en 2012 para introducir medidas destinadas a reducir los asuntos pendientes.
Navarro, en declaraciones a los periodistas con motivo de la inauguración del Año Judicial 2013-2014, ha manifestado además que las nuevas tasas judiciales han incidido en los ámbitos de lo Contencioso y Civil, y que es posible que “sean excesivas y puedan impedir a ciertos ciudadanos acceder a las Justicia”.
El presidente del TSJC espera que el Tribunal Constitucional resuelva si se ajusta o no a la Constitución la nueva ley que regulas las tasas judiciales, según ha señalado en el acto de apertura del año judicial, en el que un grupo de trabajadores ha exigido “una justicia independientes para todos”.
En relación a la “saturación importante de los juzgados” y a la necesidad de conseguir una Justicia más rápida y más cercana para los ciudadanos en Canarias, ha señalado que sus objetivos serán detectar los órganos con mayor atraso.
No obstante, ha indicado que “los puntos negros” se encuentran en los juzgados de lo Penal y Social, cuya situación califica de “preocupante”.
La sobrecarga de asuntos en los juzgados de lo Penal obedece a cuestiones estructurales que es preciso cambiar y en lo Social a la crisis económica, ha indicado Navarro, que ha señalado que habrá que aprovechar el hecho de que los jueces y secretarios puedan actuar de refuerzo para elaborar un plan de choque con el fin de reducir la pendencia.
Para Navarro, el aumento de los asuntos pendientes no puede atajarse solo con la creación de nueva unidades judiciales, porque entiende necesaria una solución de los defectos de gestión generalizados o institucionalizar modos alternativos de resolver las controversias.
Ha reconocido en su discurso que se han acometido algunas reformas legales en el Estado, pero entiende que “no profundizan suficientemente en los auténticos fallos estructurales”.
También ha considerado que hubiera sido conveniente que la reforma del Consejo General del Poder Judicial se hubiera producido con el máximo respaldo parlamentario para su estabilidad.
En cuanto a la denominada ley de eficiencia presupuestaria de la Administración de Justicia, ha dicho que se ha limitado a establecer un nuevo régimen de sustituciones de la carrera judicial para elevar la profesionalización, y ha originado por el momento una “notable sobrecarga” en el trabajo de muchos jueces y magistrados que aún no tienen el merecido reconocimiento.
Así mismo, ha dicho que considera fundamental la introducción en Canarias de la nueva Oficina Judicial, que aún no tiene fecha, y que abordará esta cuestión con la Administración autonómica para que se implante lo antes posible con el fin de cambiar la organización de los tribunales, pues entiende que es prioritaria la creación de los nuevos servicios comunes.
En cuanto al nuevo modelo de organización de los juzgados como consecuencia de la nueva Ley Demarcación y de Planta Judicial, ha indicado que, “si son correctamente concebidos”, permitirán una mayor racionalidad en el ejercicio de la jurisdicción, así como el equilibro de cargas de trabajo con niveles de especialización y unificación más adecuados.
En relación a la nueva Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, ha informado de que el traslado de los distintos órganos será progresivo y por jurisdicciones, y ha confiado en que permita una mejor organización de la que se puedan beneficiar tanto los operadores jurídicos como los ciudadanos.
Canarias cuenta con 255 jueces con destino que reciben al año más de 430.000 asuntos en sus juzgados y tribunales, con una carga de más de 1.700 asuntos por ejercicio, y figura entre las comunidades con las tasas de litigiosidad, que en 2012 fue de 202 por cada mil habitantes, cuando la media estatal se situó en los 189,8 casos.