Margarita dejó todo lo que tenía en Asturias para venir a Canarias para cuidar a su hijo al que un cáncer arrebató la vida. “Ella murió un poco también cuando se fue su hijo”, cuentan a este periódico activistas de las organizaciones que convocan este martes a las 09.00 horas en la Dársena I del muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria a sociedad civil e instituciones a intentar frenar el desahucio de una mujer de 71 años que quedaría en una situación de extrema vulnerabilidad social y sin red de apoyo ni familiar.
“Cuando su hijo murió ella empezó en un bucle de dificultades y se compró el barco tras vivir en hoteles mientras su hijo estaba enfermo, es su refugio, no sale mucho del barco y de repente han venido directamente a su barco y le han dicho que se tiene que ir”.
La autorización judicial para proceder al desalojo se emitió el 25 de noviembre de 2025, con la condición de que la Autoridad Portuaria comunicara la fecha de ejecución con al menos diez días de antelación. Sin embargo, los colectivos aseguran que la afectada no ha recibido una notificación clara ni comprensible, y que se encuentra “sin apoyo administrativo ni social”, en un contexto de aislamiento y dificultades para gestionar trámites.
Derecho al Techo y Mi barco, mi casa consideran que el caso “vulnera las garantías mínimas exigidas por la normativa vigente, al plantearse un desahucio sin acompañamiento social, sin mediación institucional y sin alternativa habitacional” y que “se trata de una persona mayor en situación de exclusión residencial, cuya salud y bienestar podrían verse gravemente comprometidos”, advierten.
Desde Derecho al Techo recuerdan que “desalojar sin acompañamiento institucional es una negligencia social y las consecuencias pueden ser graves e irreversibles”.
Qué dice la ley
El decreto Ley de Puertos del Estado establece todo aquello que se puede y no se puede hacer dentro de un puerto, junto con otras legislaciones que establecen los usos dentro de un muelle deportivo. La Autoridad Portuaria ha aprobado una normativa especifica del muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria con la cual se prohíbe el uso como vivienda de las embarcaciones deportivas. “Esto no existe en ningún otro puerto del estado”, explica a los medios un representante de Mi barco, mi casa. “Pensamos que detrás hay un interés económico porque coincide con la salida al mercado del muelle deportivo”. Actualmente, dicha normativa está recurrida judicialmente a espera de resolución. “El principio de precaución debería prevalecer antes de llevarse por delante a los usuarios”, sentencia.