Dos pacifistas canarias intervienen en las juntas generales de accionistas de Santander y Caixabank
Las activistas canarias Koldobi Velasco y Marifé Navarro participaron el pasado viernes en las juntas generales de accionistas del Banco Santander y Caixabank para denunciar las inversiones de estas entidades en empresas del sector armamentístico, incluidas fabricantes de armamento nuclear y de armas utilizadas en conflictos actuales, como el de Gaza. La acción formó parte de la campaña Banca Armada, que cada año toma la palabra en estos foros financieros para exigir transparencia y responsabilidad ética en las inversiones de las principales entidades del país.
Las portavoces canarias -integrantes de redes pacifistas y de justicia global en las Islas- intervinieron de forma telemática y coordinada con activistas de otras comunidades para señalar que el Santander y Caixabank “contribuyen al sufrimiento de miles de personas al financiar a empresas dedicadas a la fabricación de armas”, según denunció la plataforma. Durante las intervenciones, reclamaron el fin del apoyo financiero a compañías como Airbus, Indra o Leonardo, que producen material militar utilizado en distintos escenarios bélicos.
Banca Armada subraya que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué tipo de actividades financian los grandes bancos con sus depósitos y ahorros. “Es inadmisible que mientras estas entidades proyectan una imagen de responsabilidad social, sigan destinando fondos a empresas que infringen derechos humanos”, señalaron desde la organización.
Las intervenciones en las juntas de este año se enmarcan en una serie de acciones impulsadas por la campaña, que reúne a entidades como el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, el Observatori de la Deute en la Globalització y SETEM. En Canarias, los colectivos pro-paz han reforzado su participación en los últimos años, denunciando también la complicidad del entramado financiero con la industria militar y el impacto que ello tiene en las políticas globales de seguridad y migración.
Los directivos de ambos bancos no respondieron a las preguntas planteadas. En el caso del Santander (junta telemática), la dirección se limitó a desviar la cuestión hacia sus políticas de “inversión responsable” sin entrar en el detalle de las empresas armamentísticas concretas. En la junta de CaixaBank (presencial, en Valencia), los activistas denunciaron que sus intervenciones fueron “escuchadas pero no atendidas”, ya que los gestores evitaron pronunciarse sobre el fin de las financiación a fabricantes de armas.