Un centenar de personas secundaron este jueves en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria el acto de respaldo al pueblo palestino al que fueron convocados los operadores jurídicos del partido judicial. La Policía trató de entorpecer la convocatoria ordenando a los promotores del acto que tanto la megafonía como las pancartas, las banderas y los propios manifestantes abandonaran la zona de sombra bajo los soportales de la fachada y se expusieran a los 40 grados al sol que caían a plomo a las dos de la tarde en la capital grancanaria.
El intento se frustró cuando los agentes encargados de transmitir la orden que les había dado un subinspector fueron cuestionados por los organizadores por los motivos de una decisión claramente discriminatoria respecto a otras protestas de los operadores jurídicos contra, por ejemplo, la Ley de Amnistía del Gobierno. Para esas y otras muestras de rechazo al Gobierno, ningún agente del orden instó a los jueces, secretarios judiciales, fiscales, abogados o procuradores exponer sus rechazos al solajero de las Islas Canarias. Pasados unos minutos, una vez el subinspector reflexionó y revocó su propia orden, la concentración se celebró finalmente a la sombra a pesar del bochorno y aunque, aún así, uno de los manifestantes sufrió un golpe de calor que obligó a los organizadores y a la misma Policía a llamar al 1-1-2, que destacó a una ambulancia para atenderlo.
La voz del Derecho se escuchó en Las Palmas
El acto, frente a una bandera palestina de cuatro metros desplegada ante los asistentes, consistió en la lectura de los manifiestos promovidos por los juristas pro Palestina, uno nacional y otro local, a cargo de funcionarios judiciales, un abogado de ascendencia palestina, Alberto Hawach, el profesor de Derecho Humanitario Carmelo Faleh, alumnos y profesores de Derecho y la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Gloria Poyatos, la magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial Victoria Rosell o la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, Carmen Simón, y una gran mayoría de juezas de los juzgados de lo social.
“Hoy Palestina es la tumba del Derecho Internacional, del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos”, era la contundente frase de uno de los manifiestos. “España, como Estado parte en todos estos tratados, está jurídicamente obligada: por la Convención sobre el Genocidio, por el Estatuto de Roma, por la Ley 25/2014 que impone cumplir de buena fe los tratados, por la Posición Común de la UE que prohíbe exportar armas si pueden servir para violar el Derecho Humanitario, y por nuestra propia Constitución, cuyo artículo 10 proclama que la dignidad de la persona es el fundamento del orden jurídico”.
Respecto a la situación de hambruna declarada por la ONU en la Franja, los trabajadores de la justicia expresan que el hambre no es un accidente. “Es un crimen de guerra y un acto de genocidio”. Conscientes de que su voz pueda parecer pequeña frente a la destrucción que vive Gaza, advierten: “Nuestra voz es la voz del Derecho. Y ninguna bomba, ningún muro, ningún veto podrá silenciarla”.