El Gobierno de CC-PP defiende una ley de costas “sostenible” mientras avala Cuna del Alma y rechaza paralizar La Tejita

El Gobierno de Canarias ha publicado este lunes el informe que somete a consulta previa la próxima ley de costas del Archipiélago, una norma que busca el “desarrollo sostenible” del litoral de las Islas mientras el mismo Ejecutivo regional que la promueve, el de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), avala proyectos turísticos polémicos como Cuna del Alma y La Tejita, ambos cuestionados precisamente por su impacto en el territorio.

La futura regulación tratará de “adecuar” los mandatos de la ley estatal de costas, de 1988, para otorgar un “margen de adaptación a la realidad y las particularidades del litoral del Archipiélago”, sin especificar esto último qué significa. También pretende simplificar la norma atendiendo al principio de “no ir más allá de lo estrictamente necesario” para conseguir los fines públicos que persigue.

El documento, firmado por el director general de Costas y Gestión del espacio marítimo canario, Antonio Acosta (CC), señala que el objetivo máximo de la ley será “facilitar un desarrollo sostenible” en las costas canarias que “equilibre el crecimiento económico con la preservación ambiental”; la “primacía” de la conservación de las zonas costeras naturales, sus ecosistemas y especies protegidas y, en su caso, la renaturalización de las que se recuperen; la adaptación de las zonas costeras al cambio climático; o la “protección” de los núcleos de población en el litoral, entre otras cosas.

Sin embargo, la hemeroteca no respalda a la Administración de Fernando Clavijo (CC) en este sentido. Bajo su mandato, el Gobierno canario ha allanado el camino de la polémica urbanización turística Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), archivando un expediente sancionador, desentendiéndose de otro y permitiendo la ocupación del proyecto, que prevé la construcción de 420 villas de lujo, en la franja de protección de la costa.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha desechado la compra del terreno en La Tejita, en Granadilla de Abona, donde se proyecta un hotel de cinco estrellas con 883 plazas junto a una reserva natural, la de Montaña Roja. La adquisición de ese solar supondría la paralización definitiva de la iniciativa, muy criticada por colectivos sociales desde el principio. E incluso la promotora del complejo, la empresa Construcción, Promoción y Derivados SA, del empresario José Viqueira, “mostró su disponibilidad” a la venta. Pero Clavijo ha guardado en un cajón el procedimiento de compra que inició la Administración anterior, liderada por Ángel Víctor Torres (PSOE), y ha llegado a sugerir que sea el Estado quien asuma el coste de la operación.

También durante esta legislatura, el Gobierno de Canarias recurrió ante el Constitucional la orden de derribo del Hotel Oliva Beach, en Fuerteventura, situado en las Dunas de Corrajelo. El Ministerio para la Transición Ecológica decidió no renovar la concesión otorgada hace más de 20 años al constatar ciertos incumplimientos. El Ejecutivo de Clavijo llevó el caso a los tribunales porque consideró que esa decisión era de su competencia, llegando a hablar de “injerencia directa” del Estado. Y el Constitucional finalmente dio la razón al Estado por unanimidad.

Pero eso no es todo. En octubre de 2023, el Ejecutivo regional autorizó una reforma en el Beach Club de San Agustín, un hotel de cuatro estrellas en el sur de Gran Canaria levantado en primera línea de playa sobre el que pesa desde hace más de 15 años una sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a la demolición de parte de sus instalaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que ese proyecto de remodelación no ha contemplado “las obras necesarias” para el cumplimiento del fallo. Mientras que el Gobierno canario sí, lo que ha derivado en un nuevo pleito judicial entre ambas administraciones.

Un repaso a las últimas actuaciones de Coalición Canaria y Partido Popular pone en entredicho el “desarrollo sostenible” de la costa que defienden. No obstante, ambos achacan “buena parte de los conflictos suscitados en el litoral de las Islas” a la “aplicación de plano y sin matices” de la ley estatal de costas, de 1988. Sostienen que se trata de un marco normativo “suficientemente abstracto” para ser desplegado en el litoral mediterráneo, la costa cantábrica o en las islas, “con desconocimiento y olvido las características de cada uno de esos espacios”.

Como buenos ejemplos de regulación autonómica, el Ejecutivo cita la ley de costas catalana, aprobada en 2020, la gallega, de 2023 y la valenciana, de 2025. Resalta que las tres “comparten la preocupación por establecer reglas de tutela, ordenación y utilización del litoral que respondan a la realidad ambiental, económica y social particular de la costa de cada una de ellas”. Las tres, también, han sido llevadas por el Estado ante el Tribunal Constitucional, que le ha dado la razón tanto a Catalunya como a Galicia. En el caso de la Comunidad Valenciana, el Gobierno nacional ha recurrido la normativa por inventar una protección para inmuebles que están fuera de ordenación.