La presidenta de la Autoridad Portuaria mantiene los contratos ilegales y pide tiempo al Estado para explicarse
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha pedido este jueves tiempo al consejo de administración del organismo público para encontrar una forma de encajar la sucesión de ilegalidades detectadas en la Fundación Puertos de Las Palmas por una auditoría de Puertos del Estado y salvar de momento los puestos de trabajo de varios correligionarios suyos, miembros de la directiva insular de Coalición Canaria.
Lejos de encajar lo ocurrido aceptar el resultado de la auditoría, Calzada optó este jueves por una huida hacia adelante consistente en pedir una reunión más con Puertos del Estado en la que exponer una nueva versión de su equipo y aplicar lo que ella misma llamó “medidas para corregir algunas cuestiones” sin especificar. Así se expresó ante los periodistas al término de la reunión del consejo de administración del organismo, que de momento tampoco actuará frente a las graves irregularidades detectadas en la auditoría, la más grave de ella, la contratación de la gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, a la sazón secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria en Gran Canaria.
Y eso pese a las severas advertencias que pronunciaron en esa reunión tanto la abogada del Estado destacada en la Autoridad Portuaria como el representante en el consejo de Puertos del Estado, para quienes la auditoría refleja unas ilegalidades que podrían salpicar no solo a todas aquellas personas con responsabilidad directa sobre ellas, sino también contra las que, conociéndolas, no actúen.
La abogada del Estado, que confesó que se leyó la auditoría solo 24 horas antes del consejo, fue relatando punto por punto las más graves ilegalidades detectadas y fue llamando la atención sobre cada una de ellas, haciendo especial hincapié no solo en la contratación de la gerente sin ningún tipo de procedimiento legal, sino también el modo en el que fue despedida su antecesora, mediante una indemnización de 125.000 euros, para dejar el hueco libre. “No existe la contratación directa en la Administración del Estado”, recordó la abogada del Estado a los presentes, con especial dedicatoria a la presidenta de la Autoridad Portuaria, que es también la presidenta de la Fundación Puertos de Las Palmas.
En la rueda de prensa posterior al consejo, Beatriz Calzada ocultó todos estos detalles y trató de minimizar al máximo el alcance de la auditoría. Dio a entender que el informe final de este análisis de situación de la fundación se aleja bastante de la visión que ella y su equipo tienen de su gestión, aunque esa visión ya está recogida en el informe mediante entrevistas personales y un contrainforme aportado en tiempo y forma.
Resulta tan insignificante para la presidenta de la Autoridad Portuaria lo ocurrido alrededor de esta auditoría y su debate en el consejo de administración, que la reseña enviada por correo electrónico a los medios al término de su rueda de prensa dedica a la cuestión solo un párrafo, el noveno, con esta redacción: “Además, Calzada ha presentado a los consejeros el informe definitivo de Auditoría Interna realizada a la Fundación Puertos de Las Palmas por parte de Puertos del Estado. Así, la presidenta ha puesto en conocimiento de los consejeros las medidas adoptadas que emanan de la Orden Ministerial del año 2013 que mandataba que la fundación debería dejar de ser parte del sector público estatal”.
A preguntas de este periódico, Calzada reconoció que ninguna de esas medidas incluye, por ejemplo, la resolución del contrato de la actual gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Betsabé Morales, declarado ilegal por esa auditoría. La secretaria de Acción Electoral de Coalición Canaria continuará en su puesto a pesar de haberlo cubierto sin ningún tipo de procedimiento legal, es decir, a dedo. Calzada lo justificó ante los periodistas en que ese fue también el mismo método que se usó para contratar a su antecesora, Ana Pérez. Lo cual es falso porque, en realidad, aquella gerente, que era trabajadora de la casa, cubrió la plaza en funciones ante el vacío que se produjo por la marcha de quien fuera histórico gerente del órgano, Sergio Galván.
La presidenta de la Autoridad Portuaria no concretó qué “cuestiones” son las que deberá corregir la fundación que ella misma preside y a las que redujo la controversia, pero sí insistió en que esas correcciones se harán en coordinación con Puertos del Estado, que es el organismo que hizo la auditoría y que ha recomendado que se disuelva la fundación.
Respecto a este extremo, Beatriz Calzada recordó que desde una instrucción del Gobierno de España de 2013, fundaciones públicas como la de Puertos de Las Palmas deberían estar ya disueltas, extremo que calcula que podría ocurrir en torno al año 2028, cuando acabará la concesión que la Autoridad Portuaria hizo a su favor del edificio que ocupa en terreno portuario y que constituye la principal fuente de ingresos. “Los patronos tienen ganas de continuar”, dijo la presidenta, por lo que todo hace pensar que al menos hasta ese año habrá gerente designada ilegalmente y fundación de carácter público.
Para entonces ella habrá acabado su mandato al frente de la Autoridad Portuaria, donde podrán permanecer si así lo desean los siguientes cargos orgánicos de Coalición Canaria: Betsabé Morales, secretaria de Acción Electoral; Marcial J, Rodríguez de León, secretario de Cultura del partido, contratado mediante una asistencia externa pero cobrando como falso autónomo en la Fundación Puertos de Las Palmas; Nira Pulido Suárez, técnico Económico-Financiero en la Autoridad Portuaria y actual secretaria insular de Identidad de Coalición Canaria, así como la hermana del director general de Relaciones con África del Gobierno de Canarias, Leticia Padilla Macabeo, adscrita como administrativa a la Dársena de Embarcaciones Menores.