Los presidentes de los cabildos examinarán con el Gobierno canario el convenio de dependencia, caducado desde el año pasado
Los presidentes de los siete cabildos han acordado asistir a la reunión convocada para este miércoles por el Gobierno de Canarias para abordar la firma del convenio anual pendiente de suscribir con las corporaciones insulares para la atención de la dependencia y la discapacidad intelectual.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha informado de que la Federación Canaria de Islas (Fecai) ha acordado que participen en la reunión los máximos responsables de las corporaciones insulares, si bien ha señalado que dada la borrasca anunciada, previsiblemente, lo harán desde sus islas.
La reunión está previsto que se celebre en Tenerife, con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, así como de la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo, Candelaria Delgado, y la responsable de Hacienda, Matilde Asián, además del vicepresidente del Ejecutivo, Manuel Domínguez.
Morales ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en la que ha presentado la propuesta de los presupuestos del Cabildo para 2026.
Cabe recordar que Morales acusó a finales de octubre al Gobierno de Canarias de llevar “al límite” la atención a la dependencia y la discapacidad y de de frenar la creación de nuevas plazas sociosanitarias y de “condenar a estancarse” al sistema de atención a las personas dependientes y con discapacidad en la isla y el archipiélago por la falta de renovación del convenio en 2025.
La consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, explica a este periódico que la decisión de dar esta rueda de prensa se debió a que se habían agotado ya todas las vías. Mena ya había advertido el pasado año en conversaciones con este periódico de las consecuencias que podría tener no firmar un nuevo convenio de dependencia, donde queda constancia de la financiación del sistema y de las prestaciones que a cuenta del Cabildo y del Gobierno de Canarias.
Mena explica que “a nivel administrativo, el cabildo de Gran Canaria ha tenido que adelantar todo el coste de mantener las residencias y los centros de día y los servicios que prestamos a las personas dependientes y con discapacidad abiertos durante todo el año, adelantando todo en dinero, los 120 millones de euros anuales que cuesta. De esos 120 millones de euros, el Gobierno de Canarias pone 84 y el resto lo pone el cabildo de Gran Canaria”.
Y ¿cuál es la consecuencia para las personas? Mena expone que a lo largo de 2025 no se han podido abrir nuevas plazas sociosanitarias y que esto se debe que al no haber un convenio en el que esas plazas estuvieran reflejadas, que sustentara jurídicamente en la existencia de esas plazas, no se han podido poner en marcha.
En el caso de Gran Canaria, eso ha afectado a 256 plazas sociosanitarias que se tenían que haber puesto en marcha en 2025. “Hemos estado esperando por el convenio y hemos llegado a noviembre y llegaremos a final de año sin poder ponerlas en marcha”, lamenta Mena. “Son plazas que podrían estar en funcionamiento y que no se pueden poner en marcha. Pero ya no es una cuestión económica exclusivamente de no haber recibido el dinero. Es una cuestión de que no hay ningún convenio que las sustente”, destacó.