El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, acusó hoy al Gobierno de Canarias de frenar la creación de nuevas plazas sociosanitarias y de “condenar a estancarse” al sistema de atención a las personas dependientes y con discapacidad en la isla y el archipiélago por la falta de renovación del convenio en 2025 y, además, porque el Ejecutivo regional ha comunicado a las corporaciones insulares que no incluirá en 2026 la financiación necesaria para ampliar las dotaciones.
“Han provocado una situación límite, algo que no había pasado nunca y que quiebra la confianza y la seguridad jurídica entre administraciones”, denunció esta mañana el presidente del Cabildo en una comparecencia junto a la consejera insular de Política Social, Isabel Mena. En la misma, explicó que, “al no haber sido renovado el Convenio antes de la fecha de vencimiento, los cabildos se han quedado sin respaldo jurídico y económico”.
“Eso es un hecho insólito y que solo en la isla de Gran Canaria pone en riesgo la atención a 8.592 personas”, informó. De momento, se ha traducido en un esfuerzo a contracorriente de las corporaciones insulares para sostenerla. “Los cabildos hemos mantenido todos los servicios abiertos y no hemos dejado de atender a nadie”, precisó.
En el caso de la isla, el Cabildo ha asumido a lo largo del año el gasto de casi 120 millones de euros en solitario, adelantando la parte del Gobierno de Canarias que no ha sido ingresada por la ausencia del marco administrativo entre instituciones.
Este esfuerzo presupuestario del Cabildo ha permitido mantener a flote la atención y evitar la quiebra de las entidades que prestan los servicios. Sin embargo, los perjuicios ya afloran. “La falta de convenio ha impedido al Cabildo conveniar 256 plazas en Gran Canaria con el tercer sector puesto que no tenemos respaldo jurídico al no existir con el Gobierno de Canarias un documento que lo avale. Esto afecta de manera directa a la posibilidad de que nuevos usuarios y usuarias entren en el sistema”, subrayó Morales.
Asimismo, el presidente del Cabildo señaló que la falta de presupuesto de cara al próximo año conlleva en Gran Canaria “no poder abrir 428 nuevas plazas, que se suman a las 256 de 2025, ni incrementar los servicios domiciliarios en 131.000 horas”, así como tampoco establecer convenios con entidades del tercer sector para 200 plazas diurnas o proceder a la apertura del CADI de Tamaraceite o el centro de La Paterna.
Morales criticó también que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, haya anunciado “a bombo y platillo un aumento del presupuesto de dependencia”, sin aclarar “que solo sirve para actualizar los precios de los servicios al coste real”. Y agregó que este incremento prácticamente no afecta al sistema, pues los Cabildos ya pagan los servicios al coste real, es decir, por encima del precio del convenio. De hecho, dijo que esta actualización ni tan siquiera cubre la cuantía efectiva de todos los servicios.
Igualmente, indicó que presumió de unas cuentas que “apuestan por las personas” y por “reforzar” el sistema de bienestar y los servicios públicos esenciales. “Pero los datos que nos han trasladado no coinciden con esa filosofía y han llevado a los Cabildos a una situación extrema que nos obliga a suscribir un convenio que no es el acordado porque a las alturas del año que estamos no hay margen de maniobra y porque la situación es insostenible”, resumió.
Por su parte, Isabel Mena, manifestó que el Gobierno de Canarias “condena al sistema a estrangularse a sí mismo” y apuntó que “es la primera vez que nos encontramos con un Gobierno que nos dice que frenemos y que dejemos de crecer en el ámbito sociosanitario”.
“Con absoluta responsabilidad”, agregó Mena, “el Cabildo de Gran Canaria ha sostenido todos los servicios de dependencia y discapacidad” a pesar de la inseguridad jurídica y económica “pero ha habido obstáculos imposibles de solventar”.