El anuncio del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, fue recibido con entusiasmo por las patronales hoteleras en Canarias. Tras una reunión con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el pasado 6 de abril el líder del Ejecutivo regional proclamó que en junio se crearía una comisión mixta para transferir las competencias de Costas al Archipiélago. Poco después, la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) calificó las palabras de Torres como una “gran noticia” para las islas. Y la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer) celebraba como “un hito histórico” que la ordenación y gestión del litoral pasara a manos isleñas. Tan solo un mes antes, Costas había sancionado al presidente de la patronal majorera por una ocupación ilegal en la playa de Corralejo, como publicó Diario de Fuerteventura. Pero la misma noticia ha sido recibida con prudencia y preocupación por parte de los ecologistas. “La primera impresión es que están transfiriendo una papa caliente y que los especuladores aplaudan es sospechoso, pero aún no tenemos datos suficientes para afirmar que es algo negativo o positivo”, explica Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción.
Desde 2018, el Estatuto de Autonomía de Canarias (artículo 157) recoge que el Gobierno regional tiene competencias exclusivas en la ordenación y uso del litoral y de las playas. También puede otorgar y gestionar las autorizaciones o concesiones que impliquen ocupación en el dominio público marítimo-terrestre. Sin embargo, esto no implica barra libre para la autonomía, pues se debe respetar la Ley de Costas y, por tanto, el Ejecutivo central es la administración encargada de las obras de interés general y de fijar la línea que delimita el dominio público. Esa línea se fija por conceptos como hasta donde alcanzan las olas, los acantilados o las playas, entre otros criterios. Desde ese deslinde a los 20 o 100 metros (ampliable a 200), es la zona de servidumbre de protección, que se desarrolla en terrenos privados.
El Estatuto también recoge que el Estado continúa manteniendo la potestad del dominio público marítimo-terrestre, es decir, el mar territorial (12 millas), la zona económica exclusiva (hasta las 200 millas) y la plataforma continental (que puede ser ampliada hasta las 350 millas).
El Gobierno de Canarias ha trabajado desde el inicio de la legislatura en fijar una estrategia de negociaciones con el Ejecutivo central para traspasar competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía. Con un equipo liderado por el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, se analizó la carta otorgada para ampliar el autogobierno regional. Y se marcó como prioritaria la ordenación y gestión del litoral, al ser “un sector estratégico del sector turístico y del cuidado medioambiental”, según explica Olivera, lo que supondría “un traspaso de medios humanos y materiales relevante”.
Para que sea efectivo el traspaso de competencias, el propio Estatuto recoge que se debe crear una comisión paritaria compuesta por personal de la administración regional y de la central para negociar cómo realizar la transferencia de los medios personales, financieros y materiales de la Dirección General de Costas a la Comunidad Autónoma. Ben Magec-Ecologistas en Acción plantea, en principio, que en esos encuentros se fije “un fondo de compensación” por las “deudas de las insostenibles actuaciones en el litoral” y la previsión de que haya que acometer restauraciones ante la caducidad de determinadas concesiones. “¿Quién va a pagar eso? ¿Nos transfieren unas costas en ruinas? ¿En qué condiciones? Y además, ahora con el cambio climático y la subida de las mareas, la gestión será más complicada. Hay que evaluarlo todo”, remarca Reyes.
La gestión y ordenación del litoral es un asunto complejo que debe integrar políticas medioambientales con el fomento de la actividad turística. Además, convergen numerosos intereses, desde operadores económicos que edifican hoteles a particulares que habitan en viviendas que incumplen la Ley de Costas. Y confluyen competencias entre el Gobierno central, regional y ayuntamientos. Así lo explica José Fernandez, director general de Costas desde 2004 a 2008. “¿Beneficia a Canarias el traspaso de competencias? Canarias se puede entender desde diferentes perspectivas. Si se entiende por Canarias los intereses de la mayoría y la protección de la naturaleza, no; si se entiende por Canarias los intereses de los poderes económicos que operan en el litoral, sí”, señala.
A su juicio, una administración regional es “más proclive a ceder ante las presiones de los intereses económicos” que una administración general del Estado. Y esto “no es una buena noticia para la protección de la costa”. Fernández recuerda que “el panorama que hay en base a la experiencia de los últimos 30 años no es bueno”. En este punto coincide el portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, quien considera que “la gestión de Madrid de las costas ha sido nefasta y ahí están las consecuencias, en el territorio de la Corona con más litoral, que tiene una ocupación altísima”.
Sin embargo, en los últimos años, durante la gestión desde 2018 de la directora general de la Costa y el Mar, Ana Oñoro, se han frenado o ralentizado numerosos proyectos presentados desde Canarias, al mantener un enfoque “diferente” con una concepción integral del dominio público, según fuentes del organismo. Esto ha llevado a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) a pedir la demisión de del jefe de la Demarcación de Costas en Canarias, Rafael López Orive. La patronal de la provincia oriental se ha quejado de lo que califican como trabas a iniciativas como los chiringuitos de Maspalomas o la reforma del Hotel Oliva Beach en Fuerteventura, propiedad de la cadena RIU. Ben Magec-Ecologistas en Acción ha criticado en reiteradas ocasiones que la construcción del hotel ubicado en Fuerteventura se realizó en contra de la Ley de Costas. Y esos mismos chiringuitos en playas como Las Burras o San Agustín han tenido una fuerte contestación de usuarios y afectados, tanto, que los solicitantes ya han desistido de instalar el de la playa de San Agustín.
Por su parte, la patronal hotelera de Tenerife ha remarcado la importancia del traspaso de competencias a Canarias para desbloquear proyectos paralizados como la playa de Martiánez o la marina deportiva de Puerto de la Cruz; también, en el sur de Tenerife, las playas de Los Tarajales (Arona), Las Salinas (Guía de Isora) o San Salvador y San Blas (San Miguel), además de mejoras en playas turísticas como El Camisón o Fañabé.
El portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción reconoce que es partidario “de una gestión más cercana”, pero al mismo tiempo teme que la administración regional “esté más cerca de las presiones y sea más vulnerable”. Por ello, reclama que durante las negociaciones para el traspaso de competencias también se conforme “un equipo garantista”, que base sus actuaciones al amparo de “un marco jurídico general, una ley estatal y europea que ponga los limites para exigir los cumplimientos de la normativa”.
Por su parte, José Fernández explica que “sería conveniente que hubiesen gestores trabajando por el interés general de manera decidida, colaborando de una manera activa con otras administraciones y poniendo en común políticas de largo alcance”. De hecho, remarca que “si el equipo que se conforma está comprometido con la defensa del patrimonio natural, da igual quien tenga las funciones, el Estado o la autonomía”. Pero lamenta que “la realidad muestra que esto no es así” y “cada administración actúa a espaldas de la otra sin ninguna voluntad de integrar política”. Además, Fernández recuerda que en todos los traspasos de competencias hacia autonomías en Costas, se relajan las restricciones de la normativa impuesta a determinadas actuaciones sobre el litoral.
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