Tres detenidos por una estafa inmobiliaria en Santa Cruz de Tenerife con 28 afectados

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por la presunta comisión de varios delitos de estafa inmobiliaria en Santa Cruz de Tenerife, tras una investigación que ha permitido esclarecer un total de 20 denuncias y 28 afectados, con una cantidad defraudada de 114.900 euros.

La investigación se inició tras detectarse un incremento significativo de las denuncias por estafa en la isla relacionadas con la compraventa de inmuebles y terrenos por parte de una inmobiliaria situada en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado este lunes la Policía Nacional.

Los agentes descubrieron que había denuncias interpuestas desde 2024 hasta la fecha en diversas dependencias.

El principal autor de los hechos se amparaba bajo la apariencia de legalidad de la inmobiliaria que regentaba para ganarse la confianza de las víctimas y ofrecerles inmuebles y terrenos en venta, tanto de forma presencial en el local que poseía en la capital tinerfeña como de forma telemática a través de su página web.

Una vez que los compradores se interesaban por alguna de las propiedades ofertadas formalizaban un contrato de compraventa y realizaban una transferencia monetaria a favor del investigado en concepto de reserva y contrato de arras para su adquisición.

Posteriormente, una vez que recibía dicho pago por parte de las víctimas, cortaba toda comunicación con ellas y enviaba el dinero recibido mediante transferencia a terceras personas o a cuentas bancarias ubicadas en el extranjero para tratar de ocultar su procedencia fraudulenta.

A raíz de los hechos descritos, los afectados sufrieron un gran perjuicio económico, llegando en algunos casos a perder gran parte de sus ahorros, por lo que crearon un foro de perjudicados en el que se iban añadiendo las víctimas que detectaban que habían sido estafadas.

Las pesquisas policiales permitieron identificar a los presuntos responsables y determinar el alcance de la actividad delictiva, que habría afectado a un total de 28 personas, distribuidas en 20 denuncias interpuestas en distintas dependencias policiales de la isla.

Una vez reunidos los indicios necesarios, se estableció un dispositivo de Policía Nacional destinado a la localización de los cuatro individuos encartados en la investigación, siendo uno de ellos el autor principal y propietario de la inmobiliaria y el resto, terceras personas a las cuales se trasfería el dinero.

Como resultado de dicho dispositivo se procedió a la detención de tres de ellos, quedando la cuarta persona investigada en el marco de las actuaciones.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado prisión para el principal investigado.