Agentes de Medio Ambiente, sindicatos y cuerpos policiales advierten de la “ilegalidad” de la privatización de la seguridad en el Teide
Agentes Forestales y de Medio Ambiente de las administraciones públicas de Canarias, sus sindicatos y los de diversos cuerpos de seguridad del Estado, especialmente los de la Policía Local de municipios con superficie en el Parque Nacional del Teide (sobre todo de La Orotava, al que pertenece el 72% de su extensión) han enviado recientemente una carta a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), para advertir de la “ilegalidad” de la apuesta del gobierno insular de nacionalistas y conservadores por privatizar la seguridad y vigilancia del célebre espacio, Patrimonio de la Humanidad para la Unesco.
La creciente presencia desde hace meses de guardas rurales (en realidad, simples trabajadores de seguridad privada) hasta alcanzar la cifra de una docena durante este año, con supuestas competencias y talones para sancionar por cuestiones de tráfico o tropelías medioambientales, supone para estas partes una clara irregularidad que no sólo invade sus competencias, sino que está creando un caos entre los visitantes del paraje sancionados, que luego van a informarse o reclamar a comisarías de Policía por unas multas sin fundamento legal.
En la misiva, y entre otras cosas, le recalcan a Dávila que los agentes de Medio Ambiente son los que, según la normativa vigente, sí tienen la potestad sobre “la tutela de la seguridad ambiental mediante el desempeño de las funciones de vigilancia, policía y custodia de bienes medioambientales y forestales en el Teide. Por tanto, los guardas rurales no tienen competencias para ejercer funciones de vigilancia en espacios naturales protegidos como el Teide, usurpando así las funciones encomendadas a los propios agentes de Medio Ambiente”. Por ello, exigen la eliminación de este servicio y el reconocimiento de estos agentes medioambientales en la protección del Parque Nacional.
La carta la firman los sindicatos CCOO, CGT, Sepca y IGT, aparte de la asociación de agentes de Medio Ambiente de Canarias (Afmacan). Asimismo, se sumaron las centrales CSIF, Intersindical Canarias y UGT de las Policías Locales (especialmente de La Orotava, la que más actúa en el Parque), que se oponen a la “ilegalidad” de la contratación de la empresa privada de guardas rurales para esta vigilancia.
Además, han remitido escritos también a la consejera insular de Medio Ambiente, Blanca Pérez, y al director insular, Pedro Millán, exponiendo los mismos argumentos y reclamando una rectificación que temen claramente que no se dé, más allá de que haya decisiones de otro calado (como jurídicas), porque creen que la apuesta es firme y, por eso, la presencia de guardas rurales no será coyuntural, de meses, sino que, por la prórroga impulsada, se puede prolongar un mínimo de cuatro años.
El Parque “no es una finca rústica, una explotación agraria o coto de caza”
Entre otros argumentos, y según contextualizan en declaraciones a Canarias Ahora, sostienen que se trata de una contratación “ilegal y perjudicial” para los intereses profesionales que defienden y para una atención idónea del servicio que, por las normas existentes, tienen encomendada los funcionarios públicos. Según recalcan, un parque nacional no puede ser considerado nunca una finca rústica, explotación agraria o coto de caza, donde sí cabría una seguridad privatizada de lo que el gobierno insular de nacionalistas y la derecha del PP llaman “guardas rurales”.
En este sentido, recuerdan que la legislación urbanística y sectorial prohíbe la parcelación y formación de fincas en su ámbito territorial, lo que hace aún más inviable esa presencia de esos agentes privados. Entre otras cosas, porque la Ley de Seguridad Privada no habilita a los guardas rurales para ejercer funciones en parques nacionales, sino a los agentes forestales y medioambientales, así como a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por ejemplo a la hora de sancionar incumplimientos de las normas de Tráfico. En esta línea, los sindicatos de la Policía Local denuncian que se están asumiendo, de forma ilegal, funciones de ordenación y regulación del tráfico, así como la incoación de denuncias de tráfico con apariencia de agentes de la autoridad, con el consiguiente engaño o confusión creada a los sancionados, algo especialmente evidente en los casos de turistas.
Según remarca, esto supone una vulneración del principio de legalidad y una usurpación de funciones públicas, toda vez que, conforme a lo dispuesto en el artículo 87.2 de la Ley de Seguridad Vial, solo los agentes de la autoridad están investidos de la potestad para suscribir denuncias de tráfico con número de registro. Por eso, advierten de la evidente situación de inseguridad jurídica para la ciudadanía y la propia Administración insular que está generando esta situación desde hace meses, que temen que se agrave en los próximos años ante la prórroga promovida.
También recuerdan que la regulación del acceso a determinados senderos puede encausarse mediante modelos profesionales alternativos y conocidos, ajustados y limitados a funciones de información, orientación y control de aforos, plenamente compatibles con el marco legal y sin invadir ni sustituir las funciones legalmente atribuidas a la función pública.
Canarias Ahora ha solicitado desde hace meses datos actualizados de las sanciones impuestas por estos agentes privados de seguridad en Las Cañadas, pero sin respuesta aún por parte del gobierno de CC y PP.