Investigados cinco cargos públicos por los vertidos de aguas fecales en una playa de Tenerife

La Justicia investiga a cinco cargos públicos por un presunto delito contra el medio ambiente por los vertidos de aguas fecales en Playa Jardín (Tenerife). El caso está en fase de diligencias previas en la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Puerto de la Cruz. La investigación comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife, después de que el baño en esta playa estuviera desaconsejado durante casi un año por los altos índices de bacterias fecales detectados en el agua.

Las personas investigadas actualmente son el exalcalde de Puerto de la Cruz, Marco Antonio González Mesa (PSOE); el concejal de Empleo del Ayuntamiento, Alberto Cabo (Asamblea Ciudadana Portuense); el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT), Javier Davara; el actual concejal y teniente de alcalde David Hernández (ACP); y la consejera del Medio Natural del Cabildo y vicepresidenta del CIAT, Blanca Pérez (CC), según han confirmado a este periódico desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Según ha podido saber este periódico, no se descarta que en el curso de la instrucción se proceda a archivar la causa para alguno de estos cargos, ya que en el último auto, emitido el 6 de febrero, se dio traslado al fiscal para que informe sobre la posible desimputación de alguno de los investigados.

La denuncia de la Fiscalía, tal y como publicó en exclusiva Canarias Ahora, se extendía también al exconsejero de Turismo del Cabildo de Tenerife Alberto Bernabé Teja (CC). Sin embargo, según ha confirmado esta redacción, no está en la lista de cargos investigados en el procedimiento.

Bacterias fecales en el agua

El 21 de junio de 2024, Salud Pública emitió un informe que advertía de la presencia de altos valores de E.coli y Enterococos en el agua de Playa Jardín y recomendaba abstenerse al baño. No fue hasta el 3 de julio de ese mismo año cuando el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz desaconsejó el baño en este tramo de costa, una medida que se mantuvo hasta junio de 2025, poco antes de las hogueras de San Juan.

Durante este periodo era habitual ver a bañistas en Playa Jardín, mientras las analíticas arrojaban valores de hasta 1.000 unidades bacterianas de E.coli por cada mililitro de muestra, muy por encima de las 250 necesarias para que la calidad del agua se considere ''excelente'' y de las 500 exigidas para que se califique como ''suficiente o buena''. Este dato se desprende de los resultados de las muestras tomadas el 23 de septiembre en los tres puntos establecidos por Salud Pública.

La denuncia de la Fiscalía, a la que tuvo acceso esta redacción, advertía de que la exposición de la población a altos niveles de contaminación fecal aumenta el riesgo de padecer enfermedades transmitidas por las aguas de baño, como patologías respiratorias, diarreas, vómitos o meningitis.

Un emisario descontrolado

La Fiscalía ha advertido de que Puerto de la Cruz tiene ''importantes carencias en la red de saneamiento'' y ''bastantes viviendas'' que no están conectadas a ella. Además, el Ministerio Público recordaba en su denuncia que el CIATF debe realizar de forma ''regular'' programas de vigilancia y control sobre los vertidos porcedentes de la EDAR Valle de La Orotava, de la que es titular el Consejo, a través del emisario de Punta Brava.

La denuncia del Ministerio Fiscal recoge que ''no consta'' que por parte del CIATF se haya controlado la conducción del vertido para inspeccionar la calidad de la estructura del emisario submarino con la máxima carga posible, ni que se hayan tomado muestras al menos una vez al mes del efluente de arranque del emisario.

Según la Fiscalía, el CIATF tampoco ha aportado desde hace una década los datos del caudal del efluente vertido en el programa de vigilancia y control que debía trasladar a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, ''incumpliendo los condicionantes de la autorización de vertidos''. 

Uso de cloro

La denuncia de la Fiscalía hace mención a una serie de muestras recogidas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que revelaban la falta de depuración de la EDAR. El fiscal destacó una de las muestras, en la que se apreciaba ''un fuerte olor a cloro''.

Como ya publicó este periódico, para desinfectar el efluente de la depuradora se utilizaron reactivos químicos: sosa cáustica e hipoclorito sódico. Así se desprende de un documento oficial en el que la empresa FCC Aqualia, responsable del mantenimiento y la conservación del sistema de saneamiento y depuración del Valle de La Orotava, pide una modificación del contrato con el Consejo Insular de Aguas. La empresa justifica que la asignación presupuestaria resultaba insuficiente para hacer frente al aumento de ''gastos sobrevenidos'' en 2023.

Este decreto lo firmó el 21 de noviembre de 2023 Blanca Pérez, consejera del Medio Natural del Cabildo e investigada en el procedimiento. En él, se reconoce que se ha detectado una fisura en la conducción del emisario que ha requerido intensificar la desinfección del efluente para ''paliar sus efectos mientras se acomete su reparación''.

La Fiscalía ha valorado de forma tajante que el uso de cloro para tratar aguas residuales puede tener ''riesgos'', ''sobre todo si el agua residual no recibió tratamiento suficiente que elimine la materia orgánica y los sólidos en suspensión''.

''Aunque pueda ser eficaz para eliminar bacterias y virus, también es riesgo que puede reaccionar con materias orgánicas, produciendo trihalometanos y cloraminas, que son perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente'', concluye la denuncia.