La Laguna se anticipa a los desahucios: envía el informe de vulnerabilidad antes de que lo pida el juzgado
La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves uno de los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, que incluye la protección frente a los desahucios de familias vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030, prórrogas extraordinarias de los contratos y la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones. La votación se produce con las Cortes disueltas y a 17 días de las elecciones generales del 29 de noviembre. El segundo texto, que recogía los alquileres indefinidos, no ha logrado salir adelante.
Para los colectivos canarios que velan por el derecho a la vivienda como Derecho al Techo o el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, la convalidación de este decreto es una buena noticia para las familias que se encuentren bajo amenaza de desahucio pero les preocupa que sean medidas “insuficientes y electoralistas”.
Menos de 24 horas después de esta convalidación, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, ha emitido un comunicado en el que afirma que en su municipio ya se está aplicando el llamado decreto Maricarmen para frenar los desahucios a personas en situación de vulnerabilidad. Y se viene haciendo, según explican fuentes del Consistorio a este periódico, “desde mucho antes de la convalidación del decreto este jueves”.
Un equipo del ayuntamiento mantuvo este jueves una reunión con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, con el objetivo de informarles acerca del nuevo protocolo que pretende mejorar la repsuesta ante los desahucios que enfrenta el municipio y para tratar de actuar de manera coordinada con todos los agentes involucrados.
En esta línea, el alcalde de La Laguna, el socialista Luis Yeray Gutiérrez, dispuso que se tomaran “todas las medidas que permite la nueva legislación para frenar los posibles casos de desahucio de personas en situación de extrema vulnerabilidad en nuestro municipio”.
Anticiparse al drama de una familia
El propio Ayuntamiento está avanzando a los juzgados los informes de vulnerabilidad de las personas afectadas, sin necesidad de esperar a que sea el propio juzgado quien lo solicite a la administración. De esta manera se agilizan los trámites, se cuenta con toda la información precisa de cada particular y se pueden aplicar de forma más precisa las medidas de protección de las personas afectadas.
De hecho, el Ayuntamiento de La Laguna ya ha recurrido a las posibilidades que permite el Real-Decreto para detener un proceso de lanzamiento, consignando en el juzgado la deuda del alquiler de una persona en situación de vulnerabilidad para solicitar la suspensión de su desahucio, previsto para el 27 de octubre en la calle Cuesta Piedra. El juzgado ha paralizado provisionalmente el lanzamiento y ha dado traslado al propietario para que presente alegaciones, mientras el Consistorio ha remitido un informe actualizado de los Servicios Sociales que acredita la situación de vulnerabilidad. El caso ahora está pendiente de resolución judicial.