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El alcalde Bermúdez reclama a firmas vinculadas al Banco de Santander que paren los desahucios en Añaza

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concede un plazo de 48 horas a las entidades que gestionan un bloque de viviendas con gente sin recursos para que informen de lo que ocurre en el edificio y expongan sus intenciones

Bermúdez deja claro que, "si piensan venderlas, o si ya lo han hecho, iniciaremos acciones legales porque esas viviendas de protección oficial (VPO) no pueden transmitirse sin permiso del Gobierno de Canarias"

Protesta de parte de las familias afectadas por los desahucios en el barrio de Añaza

Protesta de parte de las familias afectadas por los desahucios en el barrio de Añaza ALFONSO JAVIER MEDEROS

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), ha solicitado esta tarde de lunes a las entidades Luri 6 y Altamira, empresas vinculadas al Banco de Santander, "que paralicen de manera inmediata los procedimientos judiciales de desahucio que han emprendido en un bloque de viviendas de protección oficial (VPO) situado en Añaza". En ese edificio hay 80 familias y el 70% de ellas reciben ayudas sociales del Ayuntamiento por falta de recursos económicos.

De la misma manera, el regidor capitalino ha emplazado a ambas entidades inversoras "a que nos informen, en un plazo de 48 horas, sobre lo que está ocurriendo allí y nos expongan sus intenciones de manera clara", señaló de forma tajante el alcalde.

El regidor municipal presidió una reunión en el Ayuntamiento con una representación de los inquilinos afectados por esa medida, que contó con la participación de la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, y del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, además de los concejales de Vivienda, Asuntos Sociales y Distrito Suroeste, Carmen Delia Alberto, Óscar García y Gladis de León, respectivamente, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y la directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León.

"Tienen que parar los desahucios y renovar los contratos de alquiler -prosiguió Bermúdez- porque son viviendas de protección oficial y, como tales, no se pueden transmitir ni vender sin la autorización del Gobierno de Canarias. Por eso, si están pensando en venderlas, o incluso si ya lo han hecho, vamos a iniciar acciones legales para hacer cumplir la ley".

El alcalde reiteró que "la voluntad del Ayuntamiento es de diálogo y queremos que este asunto se resuelva por esa vía. Pero, al mismo tiempo, tenemos que ser firmes porque ya hay desahucios en marcha y han comunicado a los inquilinos que no van a renovarles los contratos de alquiler".

Esta situación, a juicio del alcalde, "tiene que cambiar de manera urgente, ya que el 70% de las familias que están allí ahora mismo reciben ayuda de los Servicios Sociales del Ayuntamiento capitalino. Si no les renuevan el contrato de alquiler, va a generarse una situación de desamparo para ellos porque no podrán recibir la ayuda municipal, a la que tienen derecho ahora mismo por estar como inquilinos en esas viviendas", explicó Bermúdez.

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