Los turistas que caminan por el paseo costero de Los Tarajales, entre la playa de Los Cristianos, en el municipio de Arona, y las inmediaciones de la montaña de Guaza, se encuentran con un centro comercial en primera línea de mar que parece habitado, incluso con alguna aparente tienda de productos de segunda mano.
Pero en realidad, como indica una valla oxidada frente a la fachada del edificio, esta instalación comercial no está abierta, ni las personas que se ven en su interior, con sus bártulos y sombrillas, son comerciantes ni turistas, sino decenas de okupas, cuya cifra puede rondar el centenar, que han estrenado ese inmueble en plena zona turística aronera y en inmejorable ubicación. El centro comercial lleva años terminado pero aún sin uso debido a un largo litigio entre sus propietarios.
En las proximidades del centro comercial okupado se hallan numerosos complejos de apartamentos y hoteles, y se da la circunstancia de que en uno de ellos celebró recientemente una reunión con empresarios del sector y la ministra de Turismo, Industria y Comercio, Reyes Maroto, que realizó una caminata por ese tramo del paseo, pendiente, desde hace años, como todo el frente marítimo de Los Tarajales, de una importante obra de mejora. Esta incluye la regeneración de la playa, iniciativa que quiere impulsar de forma definitiva el actual gobierno municipal formado por PSOE y Ciudadanos por Arona.
Con las miras puestas en la ejecución de ese gran proyecto, muy demandado por los hosteleros, la realidad es que la megaokupación de ese centro comercial se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Consistorio. El propio concejal de Urbanismo, Luis García, ha reconocido que se trata de una estampa “dantesca” que “daña gravemente la imagen del municipio, perjudica la calidad de vida de nuestros vecinos y de los turistas que nos visitan, al tiempo que afecta a los empresarios de la zona, que crean riqueza y puestos de trabajo”.
El Gobierno local pide diálogo pero también acción judicial
De ahí que el Ayuntamiento haya pedido celeridad a la justicia en el lanzamiento de estas personas, después de que ya ejerciera de mediador entre las partes para tratar de ponerlas de acuerdo, sin que fuera posible este extremo, si bien va a intentar volver a reunirlas para explorar una salida dialogada al problema.
De todos modos, el Gobierno local cree, de no ser así, que el desalojo judicial de los okupas es una medida “fundamental para normalizar una zona que es uno de los escaparates de Arona ante el mundo y que, además, se encuentra en un paseo, Los Tarajales, en el cual en breve tanto el Ayuntamiento como el Cabildo vamos a iniciar una obra de reforma integral que va a cambiar el aspecto de ese ámbito en profundidad”.
El concejal ha señalado que se trata de uno de los problemas “enquistados” que se encontró el actual equipo de gobierno, como herencia de mandatos anteriores, cuando gobernó el municipio CC, liderada por José Alberto González Reverón, inhabilitado por los casos Arona y Enchufes.
A la espera de abogados de oficio
El Ayuntamiento no dispone de un censo sobre cuántas personas okupan el edificio, pero se trata de decenas, incluso algunas fuentes consultadas por este diario apuntan a que la cifra puede rondar el centenar.
Los propietarios del centro comercial instaron al lanzamiento ante la justicia, procedimiento que se halla en trámite. Varios de los okupantes alegaron tener derechos y pidieron que se les reconociera asesoramiento legal con un abogado de oficio. La jueza que instruye este caso les reconoció ese derecho e instó al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife a asignar un letrado de oficio que los representara, un trámite lento que mantiene paralizadas las actuaciones por la vía judicial, según precisaron fuentes municipales.