Los tres ayuntamientos tinerfeños encargados de la gestión del polígono de Güímar conocían, al menos desde julio de 2015, que no existe autorización administrativa para evacuar al mar las aguas residuales generadas por la actividad industrial. Así consta en los requerimientos enviados por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias (Apmun) a los tres consistorios, tras detectar en junio los vertidos ilegales, según refleja la documentación oficial del procedimiento consultada por mirametv.com. Los escritos fueron ignorados de plano por los tres municipios, que no adoptaron las medidas propuestas para regularizar la situación.
La falta de actuación de los ayuntamientos de Candelaria, Güímar y Arafo llevó a los responsables de la Apmun a reiterar su requerimiento en marzo de 2016. La primera medida que adoptaron los gobiernos municipales para evitar los vertidos ilegales, que además se ha demostrado que han incumplido los parámetros límites de sustancias contaminantes y siguen sin autorización, no se adoptó hasta mayo de 2017, cuando se produjo el cierre del emisario submarino, que posteriormente ha sido suspendido por la Justicia en el ámbito contencioso-administrativo.
La omisión de sus obligaciones en el control de los vertidos al mar de aguas residuales, desde que en 2013 se produjo la cesión oficial de la gestión del polígono industrial a los municipios, es el principal motivo por el que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Güímar investiga, a petición de la Fiscalía, a los alcaldes y concejales que han tenido responsabilidad política desde entonces, tras una denuncia de Sí Se Puede e Izquierda Unida.
Según el criterio del Ministerio Público, en las primeras diligencias practicadas se ha apreciado una “falta de ejercicio de sus competencias en la coordinación, gestión, mantenimiento y control de las aguas residuales industriales y urbanas del polígono industrial de Güímar y zonas residenciales aledañas que abarca a los tres municipios”. El fiscal recuerda que, desde la recepción de la gestión en 2013, no se tomaron medidas para solucionar el problema ambiental generado por el tratamiento de aguas residuales hasta mayo de 2017, cuando el Ayuntamiento de Arafo ordenó el cese de los vertidos y el Ayuntamiento de Candelaria acordó el cierre del emisario submarino. Un mes antes, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Güímar había dictado un auto por el que reabría las diligencias de investigación que han desembocado en una causa judicial, que consta de cerca de 20.000 folios y 34 tomos, en la que hay diez imputados.
El primer requerimiento, firmado electrónicamente el 6 de julio de 2015 por el entonces director ejecutivo de la Apmun, Juan José Rodríguez Guerra, pedía a los tres ayuntamientos “proceder a regularizar la situación mediante la obtención de la preceptiva autorización de vertido al mar ante la Viceconsejería de Medio Ambiente”. El organismo público también concedía a los municipios responsables un plazo de tres meses para remitir “un informe de las actuaciones llevadas a cabo para corregir la situación”, bajo la advertencia de que, en caso de no llevarse a cabo, se procedería a “incoar el correspondiente procedimiento sancionador”.
Solo el Ayuntamiento de Arafo contestó al escrito de la Apmun dos meses después, aunque sin obedecer el requerimiento del organismo dependiente del Gobierno de Canarias. El Consistorio se limitó a enviar un oficio con documentación referente a un procedimiento anterior por el que se acordaba el archivo de una solicitud de autorización de vertidos promovida por la Asociación Mixta de Compensación del polígono, responsable del área industrial hasta su cesión a los tres municipios en 2013.
Ante la inactividad de los tres ayuntamientos, la Apmun envió un segundo requerimiento formal en marzo de 2016, firmado esta vez por la actual directora, Ana María Batista García, donde se volvía a instar a los municipios a tomar las medidas encaminadas a obtener la autorización de vertidos en la Viceconsejería de Medio Ambiente y se concedía un nuevo plazo de tres meses para la remisión de un informe con las medidas adoptadas.
Respuestas
El segundo intento de la Apmun obtuvo respuesta, pero no la deseada por los responsables del órgano de control medioambiental. En abril de 2016, el concejal de Urbanismo de Candelaria, Fernando Alduán, remitió un escrito en el que desviaba la responsabilidad a los otros dos municipios implicados y proponía que fueran los ayuntamientos de Güímar y Arafo los que iniciasen “el trámite para la legalización de los vertidos de aguas residuales a través del emisario submarino”.
Dos meses después de la respuesta de Candelaria, la Apmun recibió la contestación del concejal de Urbanismo de Güímar, Francisco Javier del Rosario. El edil se limitó a exponer en su escrito que en el mes de mayo se había otorgado, por parte del Ayuntamiento, trámite de audiencia a la Asociación Mixta del polígono de Güímar ante una posible “denegación de su disolución (...) todo ello como consecuencia de los posibles vicios ocultos que pudieran existir en la referida instalación”.
El incumplimiento de los requerimientos llevó a la Apmun a imponer, en enero de 2017, una multa de 30.000 euros a los tres ayuntamientos. El expediente sancionador fue suspendido en mayor tras la apertura de las diligencias penales. El 31 de julio, los consistorios responsables de la gestión del polígono firmaron un convenio con el Consejo Insular de Aguas para encargar a la entidad dependiente del Cabildo de Tenerife la realización de los trámites encaminados a obtener la autorización de vertidos en la Viceconsejería de Medio Ambiente de Canarias. El procedimiento aún no ha concluido.
En paralelo a las diligencias penales abiertas en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Güímar, la asociación que representa a los empresarios del polígono industrial logró en mayo de 2017, en la vía contencioso-administrativa, la suspensión del cierre del emisario submarino. Esta medida, que el juez adoptó para evitar las consecuencias económicas que provocaría la actuación, ha permitido que los vertidos continúen hoy en día sin autorización y pese a que diversos informes elaborados en 2017 evidencian altos índices de contaminación en las aguas evacuadas al mar en el área industrial.
Durante una entrevista en el programa Canarias al Día de Mírame Televisión, preguntada por los requerimientos de la Apmun para regularizar la situación de ilegalidad de los vertidos desde julio de 2015, la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, investigada en la causa penal, dijo no recordar los escritos del organismo autonómico. La dirigente del PSOE aclaró que “tuvo conocimiento cuando se incoa el expediente y se emite el informe por parte de los servicios jurídicos”, lo que tuvo lugar en enero de 2017.