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Crónica del expolio de Las Huertas, una 'hijuela' del caso Las Teresitas

Anticorrupción sostiene que a más de un centenar de propietarios se les dejó de pagar alrededor de cinco millones de euros

La imagen de los vecinos enfrentándose a las palas en Las Huertas ha salido más de una vez en los informativos nacionales

En el caso de Montaña Morera, los residentes comprobaron con estupor en 2001 que sus casas habían desaparecido del Registro de la Propiedad

Terrenos situados en Las Huertas, en la trasera de la playa de Las Teresitas. (Cedida a Canarias Ahora)

Terrenos situados en Las Huertas, en la trasera de la playa de Las Teresitas. (Cedida a Canarias Ahora)

Otro de los juicios que tiene a Las Teresitas como oscuro telón de fondo se iniciará el próximo 10 de octubre. En concreto, se trata de la vista oral que analizará lo que ocurrió con Las Huertas y alrededores. Unos terrenos situados en la trasera de la playa de Santa Cruz de Tenerife y cuya propiedad ha sido reivindicada por un centenar de vecinos desde hace años. La historia comienza en la década de los setenta cuando el Ayuntamiento decide expropiarlos. Pero como no tenía dinero se anuló la operación y así quedó reflejado en el acta de la sesión plenaria.

Sin embargo, ni la Corporación local ni la Junta de Compensación dieron jamás cumplimiento a aquel acuerdo y los terrenos serían vendidos en un sólo lote a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) en el año 1998. Las investigaciones abiertas a raíz de la causa penal que lleva el nombre de la playa apuntó que el supuesto expolio podría sumar 5 de los 33 millones de euros pagados en aquel momento.

Los vecinos llevan años pleiteando a pesar de que la mayoría de ellos carece de recursos económicos. A principios de 2006 se produjo un hito cuando el abogado Miguel Cabrera Pérez-Camacho consiguió ganar una sentencia que reconocía la titularidad de los terrenos a la familia Sanfiel. Un fallo judicial al que podrían acogerse algunos de los propietarios. En 2008, forzados por el desarrollo de la causa penal, el Ayuntamiento de Santa Cruz elaboró un estudio que tras analizar una copiosa documentación demostró que 27 de las 32 parcelas existentes habían sido vendidas sin permiso de sus legítimos dueños. O lo que es lo mismo que el 84,5 % de las reivindicaciones estaban fundamentadas. En total, los terrenos cuya propiedad se cuestiona abarcan 44.000 metros cuadrados.

Las Huertas y batería militar al fondo. (Cedida a Canarias Ahora).

Las Huertas y batería militar al fondo. (Cedida a Canarias Ahora).

En el año 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) apunta que ya es imposible devolver los solares dada la transformación que han sufrido a raíz de las obras de urbanización de este entorno. Por ello, los vecinos tiene derecho a ser indemnizados.  Posteriormente este mismo tribunal fijó el valor en 163,23 euros el metro cuadrado, frente a los 2.000 más daños morales que reclamaban. La cantidad desde luego está muy alejada de los 900 que en 2006 pagó la empresa Desurcic, un híbrido formado por ILT y la aseguradora Mapfre, por este mismo suelo. Forzados por las circunstancias judiciales, la Junta decidió depositar en la Gerencia de Urbanismo alrededor de un millón de euros que se corresponde al valor del terreno cuando se intentó llevar a cabo la expropiación; apenas seis euros.

Ningún vecino ha accedido a cobrar esta cifra que hasta ahora se ha empleado en pagar a la familia Sanfiel por un total de 2.700 metros cuadrados. Pero lo cierto es que el TSJC también ha determinado que es la Gerencia de Urbanismo la que tendrá que hacer frente a todas las indemnizaciones. Y ello es así porque se considera que como miembro nato de la Junta no cumplió con su obligación de velar por la legalidad de sus operaciones. 

Vista oral

El expolio de Las Huertas ha llegado pues a la apertura de un juicio oral en el transcurso del cual se sentarán en el banquillo de los acusados el asesor jurídico de la Junta, Mauricio Hayek, el presidente, Jerónimo Delgado, el tesorero, Clemente Martín y el secretario Álvaro Fernaud. Aunque en realidad, no se sabe si aún siguen al frente de estos puestos, dada la confusión que existe entorno a todo lo que tiene que ver con la situación legal de la playa. Y es que a finales de 2014 el Ayuntamiento, por orden del TSJC, asumió las riendas de la Junta, un paso que también ha sido recurrido ante los tribunales.

La vista oral se ha dividido en dos tramos. El primero tendrá lugar los días 10 y 11 de octubre, momento en el que declararán los acusados por los presuntos delitos de apropiación indebida y falsificación de documentos públicos, oficial y mercantil. La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de cárcel que suman 23 años y ocho meses y la devolución de alrededor de 2,5 millones.

Ningún vecino ha accedido a cobrar esta cifra que hasta ahora se ha empleado en pagar a la familia Sanfiel por un total de 2.700 metros cuadrados. Pero lo cierto es que el TSJC también ha determinado que es la Gerencia de Urbanismo la que tendrá que hacer frente a todas las indemnizaciones. Y ello es así porque se considera que como miembro nato de la Junta no cumplió con su obligación de velar por la legalidad de sus operaciones.

A continuación, en la semana que abarca desde el día 24 al 28 de octubre, tendrá lugar la comparecencia de los numerosos testigos que han sido llamados a declarar. En general, se trata de los propietarios de los terrenos de la trasera de la playa y más concretamente de Las Huertas y Montaña Morera. Otro tanto ocurre con los dueños de parcelas del frente de Las Teresitas a los que, o bien no se les pagó nada, o bien creen que la cifra es menor de la que consideran adecuada. En concreto, se procedió a la citación de alrededor de un centenar de vecinos de Las Huertas y Montaña Morera, que aseguran haber sido víctimas de este expolio.

Vecinos de Las Huertas, frente a las palas. (Cedida a Canarias Ahora)

Vecinos de Las Huertas, frente a las palas. (Cedida a Canarias Ahora)

En este último caso los conocidos como los extranjeros, por ser naturales de Alemania y de otros países europeos, comprobaron con estupor en 2001  como sus viviendas desaparecieron del Registro de la Propiedad mientras que los terrenos siguen a nombre de ILT. Las penas solicitadas por el Ministerio Público abarcan entre los ocho años para el asesor jurídico y la exigencia de que devuelva dos millones de euros, cinco años y medio para Delgado así como para el ex tesorero y cuatro años y medio para Fernaud, además de multas de diez meses para todo ellos, excepto para el último, para el que sería de quince. Para los acusados, la Fiscalía Anticorrupción exige la asunción de responsabilidad civil que para Martín Rodríguez y Delgado suman 126.212 euros para cada uno.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existen pruebas sólidas de que se dejaron de pagar a los propietarios de los terrenos del frente y la trasera de la playa alrededor de cinco millones de euros en cantidades que oscilan entre los 883.500 euros por la parcela del Ministerio de Defensa en la que ahora se quiere construir un hotel, los 487.000 del Club Deportivo San Andrés o los 421.000 que no se le pagaron a particulares.

En su escrito de acusación, la Fiscalía entiende que Hayek se aprovechó de su ventajosa condición para obtener un “ilícito beneficio económico” hasta el punto de conseguir que el secretario emitiera un certificado en el que se reflejaba que era propietario de más terrenos que los reales. La presunta falsificación de estos documentos implicaría que años después se anulase el proyecto de reparcelación en el que se recoge el índice de participación de cada uno de los propietarios en el reparto de cargas y beneficios.

Durante la reunión de la Junta convocada en 2014 por orden del TSJC se decidió realizar un nuevo reparto de las cargas y beneficios de Las Huertas tomando en cuenta los auténticos propietarios. En el caso de Montaña Morera, se acordó que se cree un subpolígono separado del resto, en el que se respetarán las actuales propiedades. Los dueños de Las Huertas han dejado claro ante Urbanismo que se niegan a aceptar la oferta de convertirse en propietarios de unos apartamentos que se quieren construir en el centro del polígono a cambio de renunciar a sus reivindicaciones.

Esta propuesta que los vecinos han bautizado como “el corralito” fue idea de los responsables del Ayuntamiento, en la época en la que Miguel Zerolo era alcalde y Manuel Parejo, concejal de Urbanismo, ambos sentados también en el banquillo por el caso Las Teresitas. Los vecinos afectados temen que ahora vuelva a ser retomada por el actual equipo de gobierno.

Miguel Zerolo, exalcalde de S/C de Tenerife y Manuel Parejo, exconcejal de Urbanismo. (CA)

Miguel Zerolo, exalcalde de S/C de Tenerife y Manuel Parejo, exconcejal de Urbanismo. (CA)

A lo largo del tiempo también se han puesto sobre la mesa otras alternativas. Por ejemplo, en 2010, Desurcic estuvo dispuestas a devolver tres parcelas cuyo valor real alcanza los 4,5 millones. Pero los vecinos tacharon de irrisoria esta oferta dadas las enormes plusvalías que han obtenido los empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia, sentados en el banquillo de los acusados por el caso de Las Teresitas. Ese mismo año la propuesta era que los vecinos se convirtieran en promotores de estas parcelas, construyeran edificaciones y luego las vendieran. Dinero que serviría como indemnización. Pero fue igualmente descartada.

El Ayuntamiento es propietario del terreno que antes pertenecía al Ministerio de Defensa con el que, al parecer, se ha llegado finalmente a un acuerdo y que suma alrededor de 40.000 metros cuadrados. La intención es construir un hotel. Entre las posibilidades que se barajaron en su momento estuvo la construcción de una ciudad olímpica. Incluso siendo Manuel Hermoso alcalde, se entablaron negociaciones con el entonces presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Juan Antonio Samaranch. Un proyecto muy propio de la época en la que la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) tenía cierta tendencia a dejarse llevar por los delirios de grandeza.

Protestas

Los vecinos de la trasera de Las Teresitas han protagonizado durante años todo tipo de protestas aparte de sus luchas judiciales. En su momento construyeron una caseta de madera en la que se iban turnando para vigilar que las obras no entraran en sus terrenos. La imagen de estos vecinos enfrentándose a las palas mecánicas saltó en más de una ocasión a los medios de comunicación nacionales. Las obras de urbanización fueron finalmente paralizadas en 2011 dado que se carecía del correspondiente proyecto. En Montaña Morera el enfrentamiento surgió ante la intención del Ayuntamiento de podar en unos casos o arrancar en otros, los centenarios laureles de india que rodean la carretera a Taganana. Los responsables municipales alegaron motivos de seguridad pero en el fondo siempre subyace la sospecha de que se trató de una simple venganza.

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