Promotora Victoria SL, la empresa que Ignacio González utilizó para desviar el dinero de la trama de Las Teresitas, entró en concurso de acreedores el pasado 3 de septiembre, según consta en un edicto judicial publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que recoge Mírame TV. La nueva situación de la sociedad, que ya se había declarado insolvente durante el pleito civil por la compraventa de la playa, se produce sin que la entidad haya devuelto ni un céntimo de los más de 50 millones malversados en la operación urbanística.
El concurso de acreedores llega dos meses después de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sellara un pacto con la familia de Antonio Plasencia, el otro empresario condenado por la Audiencia Provincial, para recuperar el dinero de la compraventa del frente de playa. La cantidad que podría regresar a las arcas públicas, con la suma de intereses, supera los 97 millones. En el acuerdo, que aún no ha sido ratificado por la Audiencia Provincial, Promotora Puntalarga se convierte en fiador solidario del total. De esta manera quedaría garantizada la devolución íntegra de la deuda al Consistorio, pero también se abre la posibilidad para que los Plasencia reclamen al resto de condenados su parte proporcional. Y el patrimonio más grande está en el bolsillo de los González.
La guerra empresarial entre la familia Plasencia y los herederos de Ignacio González, que falleció en prisión mientras cumplía la pena de Las Teresitas, está servida. Un conflicto en el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife todavía juega un papel importante, ya que seguirá siendo el principal acreedor de Promotora Victoria SL y del resto de condenados hasta que se liquide la totalidad de la deuda.
Promotora Victoria SL no es una entidad cualquiera. Se trata de la sociedad matriz de un grupo empresarial que conecta, al menos, con una docena de firmas controladas por la familia González: Vultesa SL, Mesa y Honorio SL, Neumáticos Gran Canaria SL, Multi-Ruedas SL, Canarias de Neumáticos SA, Discan SL, Top Neus Senegal SL, Igan Inversiones SL, Promopalma SA, Promotora Toscal SL y Catesa Foods SL.
Todas estas sociedades tienen hoy como administrador único a Eduardo Buxaderas Sánchez, un economista con experiencia en la liquidación de empresas que, desde junio de 2019, tres meses después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena de Las Teresitas, ha ido tomando el control de las entidades vinculadas con el clan familiar en sustitución de Ignacio González, que falleció en noviembre, y de sus hijos. Su nombramiento en Promotora Victoria SL se produjo el 12 de diciembre.
En la sentencia penal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife queda probado que tanto Promotora Puntalarga SL como Promotora Victoria SL fueron utilizadas por los empresarios condenados para “financiar y sostener económicamente a Inversiones Las Teresitas”, la sociedad instrumental que Ignacio González y Antonio Plasencia crearon de la nada para comprar el frente de playa.
Está documentado que después de la operación se produjeron “transferencias de efectivo” desde Inversiones Las Teresitas a las dos empresas principales. Promotora Victoria SL y Promotora Puntalarga recibieron cada una un préstamo sin remuneración de más de dos millones de euros. Después de que el Tribunal Supremo anulara la compraventa, González y Plasencia traspasaron como dividendos otros 42 millones de euros a sus entidades de cabecera.
En el caso de Promotora Victoria SL, el dinero fue recibido como apoderado de la sociedad por Felipe Manuel Armas, el testaferro que González colocó al frente de Inversiones Las Teresitas para obtener el crédito de CajaCanarias que permitió a los empresarios llevar a cabo una trama corrupta con la que ingresaron más de 120 millones de euros sin arriesgar ni un céntimo. Todavía hoy, el rastro del dinero es muy débil.
De los más de 44 millones ingresados en las dos empresas no queda nada, al menos en la superficie. A lo largo del pleito civil y de la ejecución de la sentencia penal, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha intentado acreditar que los dividendos se ocultaron en el circuito de empresas construido por los González. De ahí que el Consistorio tenga aún hoy en su mano, incluso después del acuerdo con la familia Plasencia, la llave para recuperar cuanto antes el dinero malversado.
Según el edicto publicado en el BOE, los acreedores de Promotora Victoria SL cuentan con un mes de plazo para comunicar sus créditos a la nueva administración concursal.
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